Hace unos días se conoció la decisión del Juzgado Octavo Administrativo de Cúcuta que ordenó medidas cautelares para el Instituto Departamental de Salud (IDS) y la Secretaría de Salud de Cúcuta, con el objetivo de que garanticen los servicios de salud sexual y reproductiva de las mujeres de la región, incluyendo a las migrantes venezolanas.
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Esto, luego de que la organización internacional Women’s Link Worldwide que trabaja en pro de los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes, interpusiera una acción popular para solicitar de manera urgente que estos servicios sean brindados oportunamente.
Aunque la jueza reconoció que el departamento tiene graves fallas en la prestación de servicios de salud vitales como la atención materno infantil, la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y la atención a víctimas de violencia sexual, el IDS y la Secretaría de Salud salieron ayer al paso de esos señalamientos.
A través de Women’s Link Worldwide, La Opinión logró conocer algunos testimonios sobre mujeres de la región que han tenido barreras para acceder a la IVE.
El caso de Sol
Sol* una mujer de Pamplona tuvo un hijo tras un embarazo traumático, es decir, de alto riesgo, ya que el médico le dijo que no podría volver a tener más hijos porque su vida estaría en peligro.
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Sin embargo, quedó embarazada, por lo que solicitó a su prestador de salud la interrupción del embarazo, procedimiento que le negaron sin tener en cuenta el certificado médico que explicaba las razones de que su vida corría peligro si seguía adelante con la gestación.
Sol en su desesperación consiguió medicamentos para inducirse un aborto, pero estos no hicieron efecto.
Cuando su EPS la iba a remitir a un hospital de Medellín, Sol cuenta que en un centro médico de la ciudad accedieron a hacerle la IVE, pero antes intentaron persuadirla, llegando al punto de tratarla como asesina, presionándola psicológicamente sin hacerla cambiar de opinión.
A Sol la mantuvieron un día y medio sin comida y como no lograron persuadirla, finalmente le pusieron los medicamentos para inducirle el aborto, destacando que la dejaron sola durante todo el proceso.
Esto se traduce en que Sol fue doblemente violentada, primero porque no querían hacerle la IVE y, segundo, porque los profesionales de la salud que se supone debían protegerla y acompañarla en su proceso, la agredieron verbal y psicológicamente.
Esta es la situación de muchas mujeres en Norte de Santander de acuerdo con las evidencias presentadas por Women’s Link Worldwide.
¿Qué respondieron las autoridades de salud?
La organización internacional Women’s Link Worldwide en su proceso argumentó que el departamento no cuenta con suficientes prestadores de servicios, ni suministros, ni personal médico capacitado para garantizar la IVE.
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No obstante, el IDS ha señalado que esto no es cierto, pues manifiestan que cuentan con una amplia oferta institucional de EAPB (Entidades Administradoras de Planes de Beneficios de Salud) y su red de instituciones prestadoras de servicios de salud públicas y privadas que ofertan el servicio de IVE como Profamilia, el Hospital Universitario Erasmo Meoz (HUEM) y el Hospital Emiro Quintero Cañizares de Ocaña.
“Adicionalmente, el IDS a través de su dimensión Sexualidad, Derechos Sexuales y Reproductivos continúa fortaleciendo capacidades del talento humano en salud de las EAPB, IPS y ESE del departamento en articulación con la organización Profamilia pioneros en nuestra región”, indicaron.
Explicaron que, en su objetivo de “garantizar el ejercicio de los derechos relacionados con la sexualidad y la reproducción libre de violencias, en un marco de igualdad, libertad, autonomía y no discriminación por motivos de sexo, edad, etnia, orientación sexual o identidad de género, discapacidad, religión o ser víctima del conflicto armado”, han hecho diferentes actividades como estrategias de información en salud en hombres y mujeres en edad fértil para el acceso a la IVE como mecanismo para la prevención en salud sexual y reproductiva en el municipio de Los Patios.
Asimismo, señalan que han hecho el seguimiento a las entidades de salud y organizaciones que prestan los servicios de la IVE para verificar el cumplimiento de la atención.
Indicaron que han brindado asistencia técnica para la atención en salud a personas con orientaciones sexuales e identidad de género diversas, así como también, en la estrategia de eliminación de la transmisión materno infantil del VIH y/o Sida.
Mencionaron que también ha supervisado a las IPS para la implementación del Protocolo de Atención Integral en Salud a las Víctimas de Violencias Sexuales según la Resolución 459 de 2012.
De igual forma, que también han brindado asistencia en la Ruta de Atención Integral Materno Perinatal-Resolución 3280 del 2018, a IPS y EAPB.
Señalaron que han aplicado la estrategia de información en salud, una de educación y comunicación para la salud y otra de canalización para optimizar la atención integral materno perinatal en mujeres con intención reproductiva a corto plazo, las mujeres gestantes, en parto y postparto y red de cuidado de los municipios de Teorama, Toledo, Ábrego, Cáchira, El Zulia, Gramalote, Los Patios, Ocaña, Salazar, Sardinata y Tibú.
Detallan que han brindado asistencia técnica a 32 municipios en la ruta de atención en salud para la prevención de embarazos en adolescentes.
Afirman que también han hecho seguimiento a las IPS que prestan el servicio de sala de parto en atención a las emergencias obstétricas, entre otras acciones.
Manifestaron que a través del Registro Individual de Prestación de Servicios de Salud (RIPS) para el año 2020 se reportaron 332 procedimientos relacionados con el aborto, mientras que en lo corrido de este año van 114.
Adicionalmente se han reportado para el año 2020, 531 procedimientos a mujeres migrantes no afiliadas.
Por su parte, la Secretaría de Salud de Cúcuta explicó que se encuentra en proceso de implementación de la Resolución 3280 de 2018, “por la cual se adoptan los lineamientos técnicos y operativos de la Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud y la Ruta Integral de Atención en Salud para la Población Materno Perinatal y se establecen las directrices para su operación”.
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Aseguraron que sí ejecutan actividades de información, comunicación y educación con la población civil en temas como los Derechos sexuales y Reproductivos.
“El día 30 de septiembre de 2021 se realizó un taller sobre la ‘Garantía del derecho a la Interrupción Voluntaria del Embarazo: responsabilidad de las autoridades y prestadores de salud”, dirigido a auditores en salud de EAPB subsidiadas y contributivas, regímenes especiales y de excepción, IPS con atención de partos, HUEM, Imsalud, funcionarios del sector protección y funcionarios del sector justicia”, mencionaron.
Informaron también que realizan acciones de articulación con Profamilia Cúcuta y la submesa de Salud Sexual y Reproductiva del departamento en la que participan las agencias de cooperación internacional.
Detallaron que del total de casos reportados en la vigencia 2020, 323 corresponde a la naturaleza de violencia sexual, de ellos, 56 casos fueron identificados en población migrante.
"Frente a la asesoría IVE la cual realiza la IPS se brindó la misma a 49 víctimas con rangos de edades entre 6 y 11 años (4 casos), de 12 y 18 años ( 25 casos), de 19 y 26 años (10 casos) y de 27 y 59 años (10 casos). En la revisión de la ficha de notificación 155 casos no se evidencian con asesoría y 119 no se registran datos en la ficha de notificación", mencionaron.
Para la vigencia 2021 se han reportado a la fecha 375 casos de los cuales 272 corresponden a población colombiana y 103 a migrantes. De estos, 47 víctimas colombianas y 16 venezolanas recibieron asesoría IVE.
Estas y otras acciones tendrán que ser presentadas directamente al Juzgado.
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