Hace 8 años, Norte de Santander recaudaba 9 mil millones de pesos por impuesto al consumo de cigarrillos, pero en 2015 la cifra bajó dramáticamente hasta llegar a un acumulado de $6.300 millones.
La Secretaría de Hacienda del departamento no se explica tal situación con una región cuya frontera cerrada, en teoría, debería aumentar el consumo legal y, por ende, acrecentar las rentas de la región.
El titular de esta dependencia, Martín Martínez, declaró que sumado al contrabando abierto, es decir, el de las trochas se está imponiendo un nuevo mecanismo de ilegalidad amparada en la legalidad: el contrabando técnico.
Sin dar nombres de departamentos vecinos, “para no herir susceptibilidades”, pero ubicados en inmediaciones de la provincia de Ocaña se ha detectado esta situación.
El sistema funciona así: el departamento, que puede ser un gran productor o comercializador de productos como el cigarrillo, los importa legalmente, tiene facturas, los almacena pero miles de cajetillas pasan a Norte de Santander, donde están los consumidores finales.
Los impuestos son pagados en la vecina región, pero no entra un peso a las arcas departamentales y, entre tanto hay un grave perjuicio para la ejecución de los programas sociales y deportivos que se financian con estos impuestos.
“Ahí hay un contrabando técnico que no es permitido por la ley”, señaló Martínez.
Por ello, identificado el problema, se sostendrán mesas de trabajo con los secretarios de hacienda del departamento, mientras el gobernador, William Villamizar, hace lo propio con sus homólogos para que esto no se repita.
Continuar esta práctica “sería como si los comercializadores de Norte de Santander compraran legamente todo el licor nacional, o el cigarrillo, y lo vendieran al interior del país”, afirmó el secretario.
De otro lado, en materia de pérdidas por la baja en el impuesto al degüello (también inexplicable con la frontera cerrada) las cifras son igualmente desalentadoras.
El reporte de Hacienda indica que en 2009 se recaudaron $1.600 millones, y en 2015 solo 600, lo que reduce ostensiblemente el apoyo a los convenios con los 39 municipios para que hagan inversión social.
Los compromisos
En vista de la preocupación entre los comerciantes por estos hechos, Martínez dijo que ya se estableció un plan, tanto con controles de la Policía como con asesoría a los tenderos.
“La idea no es atacar a los comerciantes”, dijo. “Vamos a hacer una campaña educativa, para que sean ellos los que identifiquen qué compran y cerremos esta cadena”.
Dijo que es indispensable explicarles que la venta de contrabando solo conduce al cierre de sus establecimientos, sanciones y multas.
Se espera que, como en años anteriores, la secretaría constituya tres grupos operativos para vigilar la comercialización de licores y uno más para degüello.
Si estos planes funcionan, las rentas de la región pasarían de $130 mil millones a unos $150 mil millones que serían destinados a la salud, la educación y el deporte.
En relación con las campañas de acompañamiento a los comerciantes, se indicó que estas se iniciarán en febrero, en ciudades como Cúcuta y Ocaña.
La meta: cero delitos
La lucha contra el contrabando, según se explicó no se hará sola, pues simultáneamente se incluirá el combate a los delitos menores que afectan la convivencia ciudadana.
En este sentido, y tras el consejo de seguridad efectuado esta semana en la Gobernación, se estableció una bolsa de recursos de 500 millones de pesos que serán entregados como recompensas por denunciar a quienes hurten motos, celulares, o se dediquen al microtráfico.
Los recursos estarán divididos así: $200 millones para Cúcuta y su área metropolitana; $100 millones para Tibú, Pamplona y Ocaña, y los 200 restantes para otros municipios.
Esta suma de dinero está asegurada en el Fondo de seguridad que tiene la adminitración departamental.
Al respecto, el secretario de Gobierno, Yebrail Haddad, afirmó que el propósito del nuevo gobierno es erradicar estos delitos de las áreas urbanas y sus efectos sobre la población.
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