A su profesión de médico, con título de la Universidad Metropolitana de Barranquilla, Juan Alberto Bitar Mejía agrega la de abogado, egresado de la Universidad Simón Bolívar, de Cúcuta. También tiene especialización en gerencia de servicios de salud de la Universidad Libre de Barranquilla. En su carrera de servidor público su mayor vinculación la ha tenido con el sector salud. Se ha desempeñado como gerente del hospital Jorge Cristo Sahium de Villa del Rosario y del hospital Mental Rudesindo Soto. Fue subgerente administrativo del Hospital Universitario Erasmo Meoz y ahora es el director del Instituto Departamental de Salud de Norte Santander. De su gestión en esta entidad le habla a La Opinión.
En el programa de Gobierno de Norte Santander, ¿cuáles son las prioridades en salud?
El Plan Territorial de Salud, “Salud para la productividad”, permitió formular la visión regional del sector con un horizonte a 2019. Corresponde a un enfoque transectorial integral y se establecen metas en atención en salud, aseguramiento, prestación de servicios, vigilancia, control y participación social. Desde junio se acogió el Modelo Integral de Atención en Salud, MIAS, propuesto por el Ministerio de Salud y Protección Social que busca eliminar los procesos de autorización y articular los actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud hacia la gestión integral del riesgo. Se tramita un préstamo por 38 mil millones de pesos para el fortalecimiento de las ESES, cuyos recursos nos permitirán entregar Tac y Resonador al hospital Emiro Quintero Cañizares de Ocaña y Unidad de Cuidados Intensivos y tomógrafo en el Hospital Universitario Erasmo Meoz de Cúcuta.
¿En qué situación se encuentran las entidades prestadoras de servicios de salud en el departamento?
Analizamos la situación de la red prestadora pública y privada atendiendo a las recomendaciones de la Red de Controladores del sector salud, y presentamos un documento de análisis y advertencia de la gravísima situación de la red prestadora y aseguradora de servicios de salud identificando las quejas más frecuentes, como son la entrega de medicamentos, referencia y contrarreferencia y procesos de atención administrativa de usuarios en las EPS y las IPS.
Como responsables de la salud tenemos limitantes normativas que impiden imponer los correctivos haciendo necesario que estas decisiones provengan del nivel nacional. El gobernador William Villamizar envió un oficio al presidente Juan Manuel Santos recordando las particularidades de la región y alertando a la Superintendencia Nacional de Salud y el Ministerio de Salud y Protección Social para que se establecieran medidas de contingencia que respalden el seguimiento institucional. Se destaca que encontramos problemas en la relación comercial entre las EPS y las clínicas y hospitales, muchas dificultades en lo referente a pagos y manejo de cartera y sus correspondientes suspensiones de los servicios conllevando a que los usuarios no encuentren solución oportuna ni la calidad debida.
Algunas EPS, han desbordado su capacidad resolutiva con la red de servicios, también produciendo una falta de oportunidad en la atención. Igual ocurre en los procesos de entrega de medicamentos y referencia de pacientes a otras instituciones de mayor complejidad para tratamientos especiales. Adicionalmente se informó sobre la problemática generada a raíz de la apertura peatonal de la frontera entre Colombia y Venezuela. Muchos pacientes provenientes del vecino país se presentan a los hospitales y clínicas sin estar asegurados generando gastos y aumentando la crisis financiera.
¿Qué respuesta han obtenido del nivel nacional?
Logramos que el Superintendente Nacional de Salud estuviera en Pamplona y conociera de primera mano los argumentos de las EPS y los resultados de nuestro análisis motivando medidas como la salida de Cafesalud de los municipios donde tiene menos de 500 afiliados, disposición que se dio en todo el país y que en Norte de Santander incluye a El Zulia, Chinácota, Toledo, Chitagá, Pamplonita, Puerto Santander, Ábrego, San Cayetano, Cucutilla, Labateca, Villacaro, Silos, Cácota, Ragonvalia, Santiago, El Tarra, El Carmen, Herrán, Hacarí, La Playa, Cáchira, San Calixto y La Esperanza. De esta visita también quedó la instalación de dos unidades de inspección, vigilancia y control de la Supersalud en la región (Cúcuta y Ocaña), para garantizar que las medidas sean oportunas. Hemos solicitado nuevos encuentros ya en la ciudad de Cúcuta con el ministro de Salud y el Superintendente Nacional.
¿Qué acciones se han emprendido desde el IDS ante esta situación?
Nos hemos centrado en el seguimiento a la prestación de servicios de salud a través de auditorías a las EPS contributivas, subsidiadas y de régimen especial, solicitud de red alterna y plan de contingencia a las EPS por la suspensión de servicios por cartera mayor a 360 días. Se han realizado visitas de seguimiento a cuatro EPS contributivas y ocho subsidiadas habilitadas en el departamento, identificando la suspensión de servicios de las IPS a los afiliados por falta en pagos, problemas de cartera e insuficiente infraestructura física para la atención de usuarios. En el caso de Asmetsalud sólo existe oficina de referencia y los trámites se realizan ante Bucaramanga. Convocamos tres mesas de conciliación de cartera para depurar la deuda reportada por las IPS al Sistema General de Información a la Protección Social, SISPRO, a partir del cruce de facturación y glosas, situación que fue analizada en agosto con la participación de 73 entidades (entre IPS privadas y ESES, EPS contributivas y subsidiadas), logrando 190 compromisos para depuración de cartera y 41 compromisos de pago por 4.620 millones de pesos.
¿Qué le garantiza la salud subsidiada a la población que requiere servicios?
Revisamos el cumplimiento en la prestación de servicios de salud en régimen subsidiado de la mano de la Defensoría del Pueblo, Secretaría de Salud de Cúcuta, ESE Imsalud y Centro Regulador de Urgencias y Emergencias CRUE en 11 encuentros con las EPS Ecoopsos, Nueva EPS, Cafesalud, Saludvida, Coosalud, Comfanorte y Comparta y las IPS que conforman su red prestadora recordando que la referencia y contrarreferencia es obligación de las EPS, que deberán disponer de red suficiente en todos los niveles de complejidad, garantizando recursos humanos, físicos o tecnológicos, insumos y medicamentos requeridos para la atención de los pacientes. Se han realizado 157 visitas de inspección, vigilancia y control, de ellas 115 fueron certificadas y 45 corresponden a investigaciones administrativas sin que se hayan presentado cierres, con un recaudo por sanciones derivadas de incumplimiento en condiciones de habilitación de 530 millones de pesos (234 millones de 2014, 247 de 2015 y 48 de 2016). Durante el año se han recibido 635 solicitudes a través del despacho Peticiones, Quejas y Reclamos (PQR) (en el 2015 se recibieron 1.038). De las PQR de 2016, 246 corresponden a régimen contributivo, 188 a subsidiado, 105 a IPS, 20 a ESES, 15 Régimen Especial y 61 a otras instituciones. En régimen contributivo el mayor volumen de quejas está en Cafesalud (101), Nueva EPS (69) y Coomeva (58). En subsidiado Saludvida (34), Cafesalud (31), Comparta (30), Ecoopsos (28). La queja reiterada es prestación de servicios (519), seguida de aseguramiento (74). Este año 15 prestadores de servicios de salud cuentan con medida preventiva que conlleva a clausura temporal de la institución y suspensión de servicios de salud total o parcial y 27 prestadores en investigación administrativa por queja.
Esta situación se vive en todo el país. ¿Se está contemplando alguna solución de fondo?
La Supersalud emitió circular externa 013 de 2016, entregando instrucciones a los prestadores de servicios de salud para frenar las medidas defensivas de cese de servicio a afiliados a EPS con cartera superior a 360 días. Adicionalmente, la región asumió la atención de población proveniente de Venezuela con los mismos recursos destinados a residentes nacionales. En la ESE HUEM fueron atendidas 1.324 personas con 1.110 millones facturados; en Imsalud 1.025 personas con 24 millones facturados; 71 en Medical Duarte, 18 en IPS Unipamplona y 13 en clínica Norte con 3 millones facturados.
