De la evaluación que efectuó la Contraloría General del departamento en 2018 sobre los planes de desarrollo de las entidades territoriales, se encontró que de los 9.3 billones de pesos, solo se han ejecutado $2.9 billones, es decir, solo el 31 por ciento.

De acuerdo con el ente de control, que presentó los datos en su informe de rendición de cuentas de la vigencia 2018, preocupa que la ejecución sea baja, en especial cuando faltan pocos meses para terminar el período constitucional, “lo cual ha debido de tomarse como alerta temprana”. 

Sin embargo, se resaltó la “buena ejecución” de la Gobernación, y las alcaldías de Chinácota, Cucutilla, Ragonvalia, San Calixto, Teorama y Toledo. 

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De otro lado, se indicó que de 24 auditorías realizadas, se obtuvieron 653 hallazgos administrativos, con incidencia fiscal en 42, de $24.955 millones; con 37 incidencias disciplinarias, y 65 incidencias para proceso sancionatorio administrativo.

Así mismo, la entidad de control explicó que durante el 2018, se atendieron 70 derechos de petición y se logró finalizar 63 denuncias ciudadanas y consolidar 183 hallazgos administrativos, con 19 por concepto de detrimentos patrimoniales al Estado por $354 millones.

En materia de responsabilidad fiscal, se generaron hallazgos actuaciones por más de $173.857 millones, con 10 procesos verbales y 164 procesos de responsabilidad fiscal. 

También, se generaron 43 imputaciones emitidas por 68 millones de pesos, y se logró el resarcimiento en 25 procesos de responsabilidad fiscal por $166 millones.