La participación de Corponor en las mesas programadas únicamente por el Ministerio de Ambiente, en torno a la la sentencia T-361 de la Corte Constitucional, relacionada con la delimitación del páramo de Santurbán tiene una explicación: la entidad no puede ir por una vía con el ministerio y por otra, acompañando las reuniones que desarrollan algunas veedurías regionales.
Así lo dio a conocer Gregorio Angarita, director de Corponor, quien explicó que si bien las reuniones de los veedores y ambientalistas “tienen un muy buen propósito, no son las oficialmente previstas por quien tiene la obligación de cumplimiento del fallo”.
Por ello, invitó a que “todas esas personas interesadas en desarrollar esas mesas, se integren en las mesas oficiales, aporten sus ideas e inquietudes, con miras a llegar a una gran concertación”.
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El funcionario agregó que en relación con este tema “no puede haber una dualidad de intenciones”.
“La intención del ministerio es cumplir el fallo, garantizar participación y lograr una definición técnica y concertada de una nueva delimitación”, afirmó, a la vez que insistió en que las veedurías y demás comités están llamados a participar del cronograma dispuesto por el alto gobierno, en el cual también están incluidos la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, alcaldes, accionantes, y ciudadanos en general.
Así mismo, señaló que la función y condición de Corponor en este proceso es como garante del cumplimiento de la sentencia, lo cual implica “seguir un protocolo que está fijado, con la programación del ministerio, que es el obligado a cumplir el fallo”, dijo.
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La contraparte
Diego Rueda, vocero de la veeduría Vergestión Norte de Santander, expresó que los participantes en las mesas paralelas que se están desarrollando sí harán parte de los encuentros oficiales, “desde la perspectiva de las funciones que nos otorga la ley, en el sentido de vigilar y controlar las actuaciones administrativas y el uso de los recursos en la ejecución del cumplimiento de la nueva delimitación del páramo”.
Aseveró que la decisión de participar está tomada desde un principio pero que para hacerlo se debe cumplir un proceso informativo y de conocimiento del tema.
“Nos estamos preparando, organizando, estructurando y estamos llevando el trabajo de las veedurías al más alto nivel de cumplimiento”, dijo.
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Lo anterior, con el fin de dar opiniones verbales y escritas sustentadas y basadas en los hallazgos que se encuentren de parte de las actuaciones de los entes oficiales, así como de los órganos de control que participan de esta actividad, “para garantizar que se dé una correcta gestión pública”.
En resumen, manifestó que el objetivo de las veedurías es “lograr que las entidades cumplan con lo que ordena la ley y no con el entendimiento de lo que se ordenó”, dado que las interpretaciones podrían generar un margen de error “para que al final no se logre lo trazado por la Corte”.
Según el cronograma del ministerio, la primera sesión de trabajo se efectuará simultáneamente este 3 de marzo, en Cáchira, Pamplona y Ábrego.
