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Defensoría del Pueblo advierte sobre crisis educativa en el Departamento

Martes, 29 de Marzo de 2022
La violencia generada por el marco del conflicto armado y el desbordamiento de la capacidad institucional han generado barreras de acceso al programa escolar.

La Defensoría del Pueblo alertó acerca de la situación de emergencia educativa que se vive en el Norte de Santander a consecuencia de los hechos de violencia en el marco del conflicto armado, el desbordamiento de la capacidad institucional y el incremento del número de matrículas escolares por el movimiento migratorio.

La entidad hizo especial mención a la zona del Catatumbo, Cúcuta y su área metropolitana, donde existe una vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes,  debido a las barreras de acceso, permanencia y calidad en el sistema educativo.

Expusieron que les resulta preocupante la falta de nombramientos en la planta docente y administrativa, situación que han venido denunciando las instituciones educativas y que aumenta el riesgo de deserción escolar.

La Secretaría de Educación Departamental reportó en la Mesa de Educación de Emergencia que aproximadamente 12.700 niños, niñas y adolescentes no han iniciado su año escolar por esta razón.


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La emergencia educativa se agudiza en la población refugiada y migrante, debido a la situación irregular de 17.258 menores de edad venezolanos en el Sistema Integrado de Matrícula (SIMAT) del municipio de Cúcuta, y de 18.110 niños, niñas y adolescentes venezolanos en el SIMAT departamental.

A esto se suma la infraestructura educativa insuficiente y precaria, las instituciones educativas con grados escolares inhabilitados, la falta de adecuación de las escuelas y colegios para la prevención del COVID-19 y, además, el bajo esquema de vacunación de los niños, niñas y adolescentes.

Advirtieron de las consecuencias generadas por el retraso en el inicio del Programa de Alimentación Escolar (PAE), y el servicio de transporte escolar que afecta a alrededor de 78.000 estudiantes en Cúcuta.

Por lo antes expuesto, la Defensoría del Pueblo exhortó a las entidades del orden nacional, Ministerio de Educación, ICBF, Migración Colombia y Ministerio de Salud, para que apoyen a las secretarías de Educación Departamental y Municipal, garantes del  derecho a la educación en las zonas rurales y urbanas.

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