El defensor Regional del Pueblo, Diógenes Quintero Amaya, coordinó con la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat) la toma de declaración como sujeto de reparación colectiva.
El funcionario precisó que se venía en un proceso de hace un año y con con las dificultades de la emergencia sanitaria se pausó un tiempo, pero se retomó para emprender los primeros encuentros de manera virtual y ahora se avanza en el ejercicio final.
También se hicieron encuentros presenciales en el municipio de El Tarra, con la asociación en pleno, en los que se narraron los efectos en el marco del conflicto armado, cuyo impacto afectó lo organizativo, el liderazgo y la misión que tiene en la defensa del territorio, derechos humanos y demás, agregó.
“Hay una aspiración que consideramos muy legítima y es que sea reconocida por la Unidad para las víctimas como sujeto de reparación colectiva”, manifestó Quintero Amaya.
Una mirada a la región
El delegado para la defensa de las víctimas de conflicto armado interno, Wilfredo Grajales Rosas, en asocio con el Defensor Nacional, Carlos Camargo, jercieron la misión encomendada por la Constitución Nacional de proteger los derechos de todos los ciudadanos.
Grajales dijo que la región es importante y se debe mirar con detenimiento, delicadeza y mucha esperanza. Mencionó además que si el problema persiste, se deben construir soluciones.
Asegura que el equipo de la Defensoría está sintonizado para cumplir ese propósito. “Es una de las zonas del país donde se registra un número dramático de personas amenazadas, eso nos preocupa. Añadió que se hace un trabajo conjunto porque el país y especialmente la región requieren de un seguimiento y acompañamiento a la población vulnerable.
Claman protección
El vicepresidente de la Junta Directica de Ascamcat, Jhonny Abril, manifiestó que el proceso se viene adelantando desde hace un año con el firme propósito que la Asociación sea sujeto de reparación colectiva debido a todas las agresiones ocurridas durante el tiempo de trabajo.
Recordó la ley 1448 donde se amparan los derechos y las 90 agresiones sufridas en los últimos años con 17 compañeros asesinados.
“Estamos trabajando con la Defensoría del Pueblo, regional Ocaña y la delegación a nivel nacional para hacer la declaración encaminada a la revisión y seamos asignados como una organización campesina víctima del conflicto armado en Colombia”, recalcó.
Pidió también a los gobiernos nacional y departamental, las medidas correspondientes para que los líderes sociales puedan expresar lo que sienten en medio de tanta corrupción.
“Nuestro clamor ha sido permanente, la lucha día a día, pero no hemos sido escuchados, no se presta atención a temas como amenazas, desplazamientos y asesinatos de líderes. El reflejo de eso se nota en los hechos de sangre vividos últimamente”, finalizó.
