El lanzamiento de 80 familias que ordenó este lunes el alcalde de Villa del Rosario, Pepe Ruiz, del asentamiento Mirador Villa de Santa Marta, produjo el rechazo no solo de los afectados sino de vecinos residentes a sus alrededores, debido a que la diligencia, según ellos, se produjo con violencia.

Estaba programado para las 7:00 de la mañana, pero el desalojo se produjo dos horas más tarde, con la incursión del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad). 

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“No tuvieron compasión con ancianos, niños y mujeres desprotegidos que estaban a la entrada del barrio a la espera de que nos brindaran las garantías de ley. Dispararon bombas de gases lacrimógenos y entraron tumbando todo a su paso”, relató Jairo Gómez, un vecino del barrio que afirmó llevar viviendo allí más de ocho años.

Una desalojada fue Marcela Gómez, una india kamkuamo, quien aseguró ser desplazada de la guerra en el sur del Cesar. “Mi única familia son mis  cinco hijos, ahora no tengo un techo dónde vivir”, dijo la mujer.

Las familias tuvieron que abandonar sus ranchos porque los terrenos donde están son propiedad privada, dijo Marly Zulay Álvarez, personera de Villa del Rosario.

Isidro Aníbal Lizarazo, abogado defensor de las residentes, dijo que la diligencia de lanzamiento fue ilegal  y arbitraria, debido a que hay una tulela en curso que las familias habían interpuesto alegando la posesión de sus ranchos.

“Es más, ¿cómo se explica que todos vayan al día en el pago del predial?”, se preguntó el profesional del derecho.