La escasa respuesta del Gobierno para recuperar con institucionalidad el territorio abandonado por las Farc en el Catatumbo deja como secuela la conformación de una disidencia que asumió las banderas de dicha guerrilla y desde diciembre de 2017 hizo pública su presencia orgánica, estructurada y armada.

Según Wilfredo Cañizares, director de la Fundación Progresar, el grupo comenzó su consolidación informando a las demás organizaciones guerrilleras y a la misma comunidad sobre su permanencia en el territorio y su decisión de continuar alzados en armas.

“No aparecen de la nada”, dijo Cañizares. “A medida que se acercaba la fecha del desarme y esa decisión ineludible de las Farc, comenzó a haber problemas internos con mandos medios y combatientes que decían que no querían desarmarse y que no creían en la voluntad del gobierno”.

En principio, se retiraron algunos mandos medios y guerrilleros, antes del desarme, y se perdió su pista, sin saber si habían retornado con sus familias o ingresado al Eln o al Epl, pero a finales del año pasado se estructuró el frente.

Las desavenencias y la decisión de “no asumir el desarme como proyecto de vida” generó nuevas tensiones en la región, según Cañizares, que podrían revivir la historia de la desmovilización del Ejército Popular de Liberación (Epl).

“Estamos repitiendo la historia 27 años después del desarme del frente Libardo Mora Toro del Epl, el 1 de marzo de 1991, en Campo Giles” (Tibú), señaló. “Las misma falta de presencia del Estado hizo que rápidamente se estableciera una disidencia que aún sigue en Norte de Santander, y en cinco departamentos más”.

Para Cañizares, el frente disidente agrava los problemas de seguridad, convivencia y la condición humanitaria en la zona.

“Volvemos al punto cero, como si aquí no hubiera existido un proceso de desarme de las Farc, porque continuamos con tres organizaciones guerrilleras, tensiones que no existían antes porque el Epl ha expresado desacuerdos con el comportamiento de algunas disidencias, y eso conlleva  nuevas tensiones que se agregan a las declaratorias de guerra abierta entre Eln y Epl”, dijo.

Para el defensor de derechos humanos, en este punto de avance de la disidencia los excombatientes y antiguos mandos de las Farc no podrán hacer nada. 

“Al contrario, la aparición de las disidencias eleva los escenarios de riesgo para los excombatientes”, declaró. “Es preocupante, porque es posible que cualquier situación le pueda costar la vida a un excombatiente de las Farc por parte de una disidencia”.

Dijo que las experiencias de 1991, con las guerrillas de Epl, M-19 y otros grupos, dejaron como resultado “que en los dos primeros años, 700 excombatientes fueran asesinados por el Eln, las Farc y la disidencia del Epl”.

“Tenemos una historia de violencia contra los excombatientes, a manos de las guerrillas y a manos de agentes del Estado”, comentó. “Es una situación que preocupa, porque la vida de los excombatientes puede estar en riesgo”.

Por ello, enfatizó en la necesidad de que el Gobierno haga “lo que ha tenido que hacer toda la vida: presencia institucional”.

“Es lamentable que la respuesta sea mayor militarización con 8 mil nuevos hombres”, criticó. “Esa es la respuesta a la miseria, la pobreza, el abandono, los cultivos, las mafias y la violencia”.

Así mismo, dijo que el Gobierno Nacional ya conoce los problemas del Catatumbo y “lo que necesitamos es que tome la decisión con una respuesta responsable y seria” que incluya escuchar a la sociedad civil organizada, “porque hay gente que quiere que veamos al Catatumbo aislado de Norte de Santander”.

“Pedimos que por favor no hagan más reuniones, talleres, encuentros, asambleas, sino que actúen”, dijo. “El Gobierno Nacional debe ser eficaz y a los señores de la Gobernación: se necesitan acciones inmediatas y eficaces: inversión, presupuesto, porque eso es lo que resuelve problemas; no la palabrería”.