Los maestros solicitaron apoyo en el proceso de investigación del supuesto fraude del concurso de docentes.
Los docentes del Catatumbo dicen mantener la petición de suspender el concurso de docentes directivos y docentes en zonas de conflicto.
La solicitud es mientras la Comisión Nacional del Servicio Civil (Cnsc) emite con claridad un informe de lo que sucedió en el supuesto fraude en el que se filtraron las respuestas de la prueba aplicada el 4 de agosto de este año, y con las cuales se iban a asignar cerca de 900 plazas en los municipios del Catatumbo.
Los maestros del Catatumbo protestaron, este jueves, y se reunieron con la gobernadora encargada, Sonia Arango, para solicitar apoyo en el proceso de investigación, sobre el cual pidieron que se indague a nivel del territorio quiénes fueron las personas que estuvieron involucradas en el presunto fraude.
“Estamos esperando que la comisión nos dé una respuesta a nuestras peticiones”, dijo Arango, quien pidió a las comunidades del Catatumbo levantar la medida aplicada en algunas escuelas que fueron cerradas con candados como manifestación y presión para obtener una respuesta del Gobierno nacional sobre el tema.
Luis Olider Rojas, docente de Tibú, solicitó a las comunidades del Catatumbo un compás de espera para mirar qué solución da el Ministerio de Educación sobre lo sucedido. “Porque en estos momentos los más afectados son los estudiantes, pero nosotros tenemos derecho a saber qué sucedió”, dijo.
El docente indicó que se conformará un equipo de trabajo que asistirá a Bogotá para exigir un pronunciamiento por parte de los órganos de control y del ministerio.
Se espera también un pronunciamiento de la Cnsc, ya que el pasado miércoles 28 se venció el plazo solicitado por la Universidad Nacional de Colombia para presentar una serie de pruebas que le solicitó la comisión con las cuales se aclare lo ocurrido.
La universidad tiene que presentar un peritaje documentológico que permita la verificación, trazabilidad y cotejo de las publicaciones que aparecieron en las redes sociales. Buscan determinar si la información se filtró antes o después de aplicada la prueba, y cómo se manejaron los protocolos de seguridad antes, durante y después de la misma.
