La Defensoría Regional del Pueblo promovió un encuentro entre personeros de la provincia de Ocaña, sur del Cesar y la zona del Catatumbo. El propósito fue la defensa, promoción y protección de los derechos humanos en esta región del país.
Durante las mesas de trabajo desarrolladas en el Club Ocaña se establecieron acciones encaminadas al fortalecimiento de los programas sociales en territorios altamente vulnerables, afectados por la situación de frontera, el conflicto armado y el abandono estatal.
También analizaron las alertas tempranas emanadas por la Defensoría del Pueblo donde han ocurrido masacres, secuestros, extorsiones y la persecución a líderes sociales.
Los personeros denunciaron la constante violación de los derechos humanos en la zona del Catatumbo debido a las confrontaciones de los grupos armados con el Ejército, el desplazamiento forzado y la población afectada por las minas antipersonas.
Trazaron las rutas encaminadas a brindar garantías en el desarrollo de los distintos programas para mejorar las condiciones de vida de los habitantes y así lograr la convivencia pacífica de los pueblos.
Estrategias institucionales
El abogado Diógenes Quintero Amaya, defensor regional del Pueblo, indicó que es una estrategia institucional para la promoción y protección de los derechos fundamentales de las personas.
Los personeros coincidieron en afirmar que existe una deuda social del Estado que se agudiza con el componente migratorio y se constituyen en factores de riesgo en los escenarios de confrontación armada. Reclamaron el monitoreo constante de los organismos internacionales de derechos humanos para que se cumpla con la protección de las zonas donde están encendidas las alertas tempranas.
Robeiro Muñoz, personero de Hacarí, manifestó que en la zona se evidencia la constante violación de los derechos humanos lo que ocasiona el desplazamiento forzado de los campesinos.
Por su parte, Judith Torres, personera de El Carmen, agregó que ha vivido en carne propia las amenazas por parte de grupos que operan al margen de la ley.
“Es difícil la situación. pues ejercen presión hacia los líderes sociales, maestros, comerciantes e incluso el mismo alcalde ha sido víctima de extorsión”.
