Juan Fernando Cristo, una de las figuras claves del Gobierno de Juan Manuel Santos, visitó esta semana Cúcuta para rendir cuentas sobre su gestión en el Ministerio del Interior y para reunirse con empresarios y comerciantes. A la preocupación que le manifestó dicho gremio por la degradación de la percepción de seguridad que tienen los cucuteños, se sumó otro tema trascendental para la región: la realidad del Catatumbo, una de las zonas más complejas del país en materia de orden público y estratégica para el posconflicto.
De estos temas y de cómo la situación de Venezuela puede estar afectando la cotidianidad de la capital nortesantandereana habló el ministro del interior con La Opinión.
Esta semana, en su rendición de cuentas se comprometió a constituir los centros de integración ciudadana, ¿En qué consiste esta iniciativa?
El Gobierno Nacional definió 281 municipios en donde hoy aún se mantiene la intensidad del conflicto armado, la acción de Farc, Eln, bandas criminales, actividades de cultivos ilícitos y de minería ilegal. Allí estamos trabajando en todo un plan para el posconflicto, un plan amplio de fortalecimiento de organizaciones sociales en esos municipios, de planes de convivencia y de seguridad con el objetivo de fortalecer la institucionalidad y la justicia. Queremos estar preparados en esos municipios para cuando se presente el acuerdo de paz y la eventual desmovilización y reinserción de los grupos armados. Dentro del plan están contemplado los 11 municipios del Catatumbo.
¿Cuáles son los factores que evalúan para determinar estas zonas?
Lo que estamos haciendo es estudiando fortalezas de la institucionalidad, de las organizaciones sociales, de la justicia, mirando cómo está funcionando, y ya en el caso de Catatumbo está hecho. En el centro de integración ciudadana el concepto es la construcción de unos escenarios que sirvan para albergar allí intercambios deportivos de jóvenes, escuelas de paz y territorio, expresiones culturales, donde se puedan unir los comunales. En muchas de estas zonas no hay ni un sitio de encuentro ciudadano, la idea es que lo tengan, pero no como un polideportivo sino como un concepto de convivencia y diálogo social. La meta es que al 2018 tengamos en cada uno de estos 281 municipios al menos un centro de integración ciudadana.
En el estudio que ya adelantaron sobre el Catatumbo, ¿cuáles son las debilidades que detectaron?
Detectamos la ausencia de un tejido social fuerte, de organizaciones sociales que trabajen con el estado Colombiano. Segundo, la institucionalidad en algunos municipios todavía es muy débil, allí habría que hacer un trabajo de fortalecimiento institucional muy grande, y tercero en materia de justicia también nos falta por avanzar mucho.
En el departamento muchas voces manifiestan que la cifra del último informe de la ONU sobre cultivos ilícitos (6.900 hectáreas) y su crecimiento (9%) no es acertada, que está minimizada. ¿Cuál es la realidad que perciben desde el Gobierno sobre el tema de cultivos ilícitos en el Catatumbo?
Dos mensajes claves: reconocemos el cumplimiento de las 400 familias con las que suscribimos acuerdos de sustitución de cultivos. Sin embargo, es evidente que hay un crecimiento desproporcionado de los cultivos ilícitos en El Catatumbo y allí no podemos bajar la guardia, tenemos que luchar contra esos cultivos. La pregunta es cómo luchamos, pues en un par de meses ya no habrá más fumigación con glifosato.
Pero hoy si la hay, y en esta zona no se está fumigando…
Así es. En poco tiempo el presidente Santos lanzará una estrategia nacional de sustitución social de cultivos, de erradicación manual forzosa que reemplace el tema de la fumigación aérea. Hoy todavía habría posibilidad de fumigar, el Gobierno está preocupado con la situación del Catatumbo pero no ha tomado una decisión de en ese sentido, pero hacia el futuro el mensaje si es muy claro: el hecho de no fumigar con glifosato no quiere decir que hay licencia para cultivar. Nosotros vamos a hacer mucho en este tema pero queremos hacerlo con las comunidades y con programas de sustitución social mucho más creíbles y confiables con la gente y generar espacios de diálogo y de mayor confianza del Estado con la comunidad para erradicar el narcotráfico.
¿Cree que ese aumento de cultivos se debe en parte a que el Gobierno cedió mucho en el acuerdo que se firmó tras el paro de Tibú del 2013?
Hemos estado evaluando y las razones del crecimiento son otras. Por ejemplo, hubo unos problemas técnicos porque en 5 meses no permitieron fumigar en ninguna parte del país, no permitieron repetir el procedimiento que es el que garantiza la efectividad de esa fumigación. Más que preguntarnos porqué sucedió esto, debemos preguntarnos cómo avanzar de una manera más eficaz en el proceso de sustitución social de cultivos, porque lo que se hizo muy puntualmente con esas 400 familias, debemos ser capaces de replicarlo en todas las veredas del Catatumbo.
Realmente, ¿qué tan viable es esto?
Creo que hay una decisión política del Gobierno de hacerlo, se necesita una inversión muy grande, queremos que una vez se lance el nuevo programa contra los cultivos ilícitos, podamos tomar al Putumayo y al Catatumbo como los modelos para desarrollar, yo creo que por ejemplo con el programa que presentó esta semana la canciller que se desarrolla en el marco del Plan Fronteras, en el que algunos cultivadores hicieron la transición a cacao, caucho y piña, necesitamos sostenibilidad y permanencia del programa –que es lo que se va a garantizar- y confianza entre el campesino y el Estado para hacerlo. Yo soy optimista en la materia y creo que podemos trabajar con las comunidades en ese frente.
¿Cómo ve el tema del postconflicto en el Catatumbo, teniendo en cuenta que en la zona hacen presencia otros grupos que no precisamente quieren paz?
El Catatumbo es hoy, desafortunadamente, la única región del país que tiene todos los males: todos los grupos ilegales y el narcotráfico, pero sin duda alguna las Farc han jugado un papel muy negativo en la zona en las últimas décadas, al igual que los paramilitares, y si logramos una eficaz y real reinserción y desmovilización de las Farc vamos a tener una capacidad militar del estado muy grande, que va a permitir concentrarse en el ELN, en Megateo y el Epl para reducirlos y generar unas condiciones distintas de desarrollo y competitividad.
Se acercan las elecciones y hay versiones de que los grupos armados están ejerciendo presión para imponer candidatos en el Catatumbo. ¿Qué hay de cierto en eso?
Lo que he dicho puntualmente es que hay quejas del Centro Democrático que estamos evaluando en el sentido de que le están impidiendo hacer política en el Catatumbo a algunos candidatos, nosotros las registramos, nos preocupa y el Gobierno está en el compromiso y la obligación de ofrecerles garantías a todos los grupos políticos para que no haya territorios vedados. Espero ir en las próximas semanas a Tibú para hacer una reunión de seguimiento electoral, hacer una evaluación y tomar las medidas del caso, pues necesitamos garantizar unas elecciones transparentes. Lo peor que le podría pasar al departamento es que después de elegidos hace unos años muchos funcionarios públicos, concejales y alcaldes por la presión de los paramilitares, ahora se haga por presión de la guerrilla. Eso no es aceptable para el Gobierno.
¿Cuáles son las principales preocupaciones que tienen los empresarios y comerciantes sobre la seguridad de Cúcuta?
La reunión que tuvimos esta semana con empresarios fue muy franca y muy útil, por eso vamos a repetirla al menos bimensualmente con el General Palomino. Nos preocupa la seguridad de la ciudad. Más allá de que se haya reducido la tasa de homicidios, percibimos un temor de la gente por el atraco callejero, por los secuestros o intentos de secuestros que se han presentado, allí estamos haciendo un esfuerzo muy grande, casi 10 mil millones de pesos en una inversión en cámaras de seguridad que nos va a permitir cobertura plena, las 315 cámaras estarán instaladas antes de que se acabe el año. Estamos dotando con 70 nuevas motocicletas, Cais y patrullas móviles que hacen parte de un proyecto de movilidad de casi 4 mil millones de pesos para que con tecnología mejoremos la eficacia. Así mismo, van a llegar 100 nuevos policías a la ciudad en Septiembre y haremos una evaluación permanente y una estrategia para recobrar la confianza de la ciudadanía, de la que necesitamos más colaboración con las autoridades. Somos conscientes de que hay que luchar contra esa percepción y contra la realidad y que hay que reducir especialmente el microtráfico, la microextorsión y el atraco callejero.
Hay preocupación por la supuesta llegada de Venezolanos a delinquir en la ciudad. ¿Qué tan real es esto?
Esa supuesta llegada de venezolanos no corresponde con los registros que lleva inmigración, entonces hay que evaluar por qué hay esa sensación. Por otra parte, el tema del Catatumbo y el narcotráfico de alguna manera termina impactando la situación de seguridad. En la medida en que mejoremos eso mejorará también la situación en Cúcuta.
¿Qué plan tiene el gobierno para establecer la realidad en este tema, ya que no existen datos certeros sobre lo que está sucediendo con los venezolanos?.
Queremos hacer más operativos de migración Colombia con la Policía nacional, en las calles revisar más el tema del trabajador ilegal. Ahora, hay que tener claro que no podemos estigmatizar a los venezolanos. Eso sería lo último que podría hacer esta ciudad de frontera que ha vivido durante toda su existencia del intercambio comercial, del flujo migratorio, de la inversión de uno y otro lado de la frontera. A los venezolanos no podemos rechazarlos, hay que rechazar a los delincuentes a quienes vienen a atracar y obviamente perseguirlos.
Esa es precisamente la percepción que se tiene, que la inseguridad ha aumentado porque vienen venezolanos a atracar y que se está imponiendo la modalidad que se usa en el vecino país…
Yo diría que la información oficial no corresponde con la realidad, las capturas de venezolanos con muy pocas, hay unos involucramiento de unos venezolanos en episodios de violencia en la ciudad pero no son extendidos, los operativos que hace migración Colombia para mirar trabajadores informales tampoco encuentran mucha gente venezolana. Yo diría que hay unos episodios muy puntuales, como el asesinato del profesor Cuadro, el secuestro de Daniela Mora, el intento de secuestro de un muchacho Quintero han generado una percepción, y contra eso la instrucción del general Palomino es combatir con mayor eficacia esas bandas de atracadores y estamos cerca de dar unos golpes importantes en esa materia. Obviamente la difícil situación económica y social de la ciudad, más allá de venezolanos o no, genera ese tema del atraco callejero que le hace mucho daño a la percepción de seguridad.
Hace un tiempo el presidente Santos pidió que se hiciera un estudio que permitiera prever un posible escenario para Cúcuta ante la posible llegada masiva de venezolanos ante el estallido de una crisis política en el país vecino, ¿se ha avanzado algo en ese estudio?
Se ha hablado, se ha discutido, hay ideas y preocupación, pero es muy difícil calcular ese ingreso de venezolanos a la región y hasta el momento lo que vemos es que la llegada sí ha aumentado gradualmente pero vuelvo e insisto, hay que manejar el tema con mucha responsabilidad porque no podemos endilgarles a ellos todos los males que tenemos.
Cómo podría blindarse Cúcuta ante una eventual situación de esa…
Hay que tener un plan. Aún no lo tenemos, hay que trabajarlo en materia económica y social y hay que mantener el monitoreo y las antenas bien puestas al desarrollo de la situación política, económica y social de Venezuela pero el mensaje que mando es sí estamos sobre el tema, estamos trabajando en ello pero hay que manejarlo con la mayor cautela.
¿Estamos cerca de un diálogo con el Eln?
Yo esperaría que estos señores finalmente tomen la decisión política de negociar su reinserción a la vida civil y renunciar a la violencia. En este momento parece que todavía no tienen clara esa decisión y mientras tanto seguiremos en la etapa exploratoria y no podremos iniciar el diálogo formal.
