Resignado a que “nos tocó así con las viviendas” y dispuesto a “dar la pelea porque lo que hagan, que lo hagan bien”, se declaró el alcalde de Gramalote, Tarcisio Celis, en relación con las obras que se adelantan para reconstruir el casco urbano.

Según el mandatario, la historia y sus críticas anteriores al proceso de reasentamiento terminaron dándole la razón, pues “vimos que no se cumplió con las expectativas de la gente, y que el reasentamiento no son solo las casas”.

Para él,  el Estado debe garantizar condiciones dignas para que la gente retorne al pueblo y, según dice, aún no las ve, pese a que cualquier modificación de lo que prevé el Esquema de Ordenamiento Territorial local depende únicamente de su poder como primera autoridad del municipio.

Similares condiciones han exigido algunos gramaloteros que, sin que se hayan edificado las casas, ya quieren que estas puedan ser modificadas para establecer negocios.

Inclusive, proponen que estos abarquen el primer piso de las viviendas, para que puedan habitar un piso superior.

Esta discusión, que para el Fondo Adaptación es extemporánea y no corresponde a la entidad dado que no puede encargarse de edificar locales comerciales, porque no es función del Estado, debe dejar claro que el proyecto solo se ocupa de la recuperación del derecho a una vivienda digna.

Sin embargo, para la Gobernación la petición de la comunidad es legítima en la medida que se debe garantizar, por el constructor de las casas, la posibilidad de modificar según se requiera y que los cimientos den para ello.

Carlos Rodríguez, coordinador de la reconstrucción por parte de la Gobernación, afirmó que “el tema arquitectónico no es inflexible” y el objetivo del proceso es que no se restrinja la libertad de los propietarios de manifestar sus necesidades de sostenibilidad en el pueblo.

“Eso se concertó en las mesas, aunque aún no se ha discutido cómo se adjudicarán los locales comerciales”, reconoció.

Cambios y preguntas

La innovación parece ser el nuevo estilo en Gramalote, no solo por la administración que llega, sino porque ya hubo las primeras reformas, en materia de liderazgo social.

La primera se dio con la salida del párroco Víctor Lasso, uno de los personajes que más convocó a la comunidad durante cuatro años y fue reemplazado por Nelson García García.

Aunque el alcalde declaró que ni le afecta ni le satisface la entrada de un nuevo padre, con el que tuvo diferencias durante su campaña, sí manifestó que “es un cura que no es político y está dedicado a la iglesia”.

Celis destacó que el nuevo padre sea gramalotero, porque “entenderá mejor a la gente”, e insistió en que su llegada no implica la disociación de la comunidad, pese a que hubo un evidente enfrentamiento con el antiguo párroco durante las celebración de Reyes, en enero.

En aquel momento el alcalde y el padre Lasso hicieron fiestas simultáneas y, aunque el mandatario prefiró abstenerse de opinar al respecto, ahora tendrá que rendir cuentas de sus acciones ese día.

La razón: el pasado 23 de enero se radicó un derecho de petición de un gramalotero radicado en el exterior que le exige respuestas sobre el patrocinio que hubo en su celebración, establecimientos que se lucraron, monto de impuestos recaudados, y explicación por las riñas que se presentaron, con un ciudadano herido con arma blanca.

Igualmente, deberá explicar quién ha dado permisos para un proyecto turístico, o de vivienda, en el Pomarroso y cuál es la viabilidad del mismo, teniendo en cuenta que allí se abrió una carretera, al parecer, sin el aval de Corponor.

Celis indicó que está próximo a contestar dicho requerimiento.

Cuestionan futuro económico del pueblo

Una de las preguntas del Fondo Adaptación, más allá de las pretensiones personales de los gramaloteros, es cómo se definirá la sostenibilidad fiscal del nuevo casco urbano.

“Seguramente, el hecho de no estar recaudando impuestos, tiene en dificultades al municipio”, dijo Germán Arce, titular de la entidad. “Pero el responsable de ello es el alcalde; esa es una de sus competencias legales”.

Así mismo, cuestionó cuál será el compromiso del gobierno departamental para tal fin, en vista de que todos los recursos para la reconstrucción provienen de la Nación.

“Hay que preguntar a las autoridades regionales cuál va a ser el apoyo que le van a dar al municipio”, inquirió, a lo que Carlos Rodríguez, coordinador de la reconstrucción respondió que hay las mismas garantías que para los demás 38 municipios de Norte de Santander.

Arce agregó que previendo el futuro de la comunidad ya se tiene una estrategia, que plantea la posibilidad de hacer un concurso para que la comunidad formule sus proyectos de negocio, con entidades como Prosperidad Social.

“Mi perocupación es cómo incorporamos a Gramalote en el ordenamiento nacional y ese es un reto de todas las entidades”, dijo.

La Opinión