El Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) se conformó, se firmaron acuerdos municipales, pero no ha llegado de manera integral a los municipios del Catatumbo. La afirmación fue sostenida por el Defensor del Pueblo, Jorge Alberto Villamizar, quien aseguró que en las zonas altamente cocaleras de Tibú y Sardinata la incertidumbre entre los campesinos ha crecido por el lento avance el plan.
“Se hablaba de arrancar la coca, pero no han llegado las agencias para articular y sacar adelante el programa”, dijo.
Denunció que hay sectores como La Angalia y Puerto Palma, donde el Estado dejó solo a los campesinos, que arrancaron parte de los cultivos y aún no les ha llegado con qué van a reemplazarlo para mantener a sus familias. “Eso es peligroso porque pueden volver a cultivar de coca”, enfatizó.
La voluntad del campesino para la sustitución existe. Sin embargo, los defensores públicos en las jornadas de atención a las comunidades de la zona recogieron testimonios de la desconfianza que existe entre la población frente al programa.
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Asegura Villamizar que al Pnis no o observan como un proceso establece a corto, mediano y largo plazos. “Se les ayudó en el proceso de erradicación, pero nunca recibieron una propuesta clara de qué iban a sembrar en su lugar”, dijo.
Una alternativa dada a los campesinos fue conformar una Asociación de Excultivadores de Coca para estructurar proyectos en colectivos con dos o tres tipos de cultivos sustitutos, y con estos crear estrategias de mayor producción y lograr competir con el mercado nacional.
El plan piloto lo van a comenzar en San Martín de Loba, donde este próximo 4 de octubre la Defensoría les brindará orientación en la constitución legal y estatutos para la asociación.
Diagnóstico de la zona
Los defensores públicos están haciendo unas jornadas de atención a las víctimas en las zonas más alejadas del Catatumbo, zona sobre la cual levantaron un diagnóstico. Y la legalización de los terrenos es uno de los mayores problemas que tienen los campesinos.
No tienen títulos, porque han sido fincas que por el mismo conflicto han pasado de manos de un dueño a otro, y todavía no han podido legalizarse.
Entre los servicios que presentan mayor debilidad en estos poblados alejados está la atención en salud, cuya cobertura no llega ni al 50 por ciento. Existen puestos de salud, pero los médicos van esporádicamente, y cuando pasan consulta los pacientes deben ir a otros municipios a buscar los medicamentos.
En cuanto a la educación asegura Villamizar que tiene mejores condiciones, pero los jóvenes no tienen ofertas que les permita desarrollar proyectos de vida en la propia localidad.
Cárcel Cúcuta
Las condiciones de hacinamiento de los presos de la cárcel de Cúcuta fue discutido por el defensor, el cual precisó que la cifra de hacinamiento en el recinto alcanzaba el 80 por ciento. La tutela interpuesta, hace tres años, por la misma entidad para evitar el hacinamiento de forma progresiva no ha logrado mermar el problema significativamente.
Aseguró que el sindicato del Inpec les solicitó el acompañamiento en el tema, así como el hacinamiento presentado en las estaciones de policía, donde aún siguen llegando detenidos. Sin embargo, que la falta de apoyo de los entes territoriales ha sido también un agravante del problema.
En las estaciones de policía indicó que están enviando a los funcionarios a garantizar las mejores condiciones para los detenidos. En las estaciones de Policía, URI y en el CTI permanecen 353 capturados.
Citas con ‘El Iguano’
El Defensor del Pueblo aseguró que es falso que se haya reunido con Jorge Iván Laverde Zapata, alias El Iguano, para la confesión de nuevos crímenes.
“El tema de los desmovilizados es que en Norte de Santander hay un número considerable de desaparecidos, y parte del compromiso adquiridos por ellos, primero es contar la verdad, y segundo ayudar a encontrar a estas personas desaparecidas”, explicó.
Detalló que por intermedio de la OEA se pudo entrevistar con él para hacer un acercamiento con el delegado de desaparición forzada de la mesa de víctima y empezar un proceso de identificación de fosas comunes. Situación que iniciaron a mediados de 2017.
Sin embargo, sostuvo que tras el cambio que se dio en la mesa departamental de víctimas el proceso se detuvo. “Nosotros simplemente hicimos un acercamiento para ese tema, solamente era la cuestión de los desaparecidos, no por crímenes”, mantuvo.
Gobernación dice sí al PNIS
Aunque el gobierno departamental reconoce que hay fallas y quejas de la comunidad por la ejecución del Pnis, se afirmó que la apuesta sigue siendo la sustitución.
Según el secretario departamental de Gobierno, Édgar Palllares, el cambio de gobierno central trajo consigo ajustes administrativos a la iniciativa, pero enfatizó en que es momento de superar las dificultades, con miras a lograr que el Pnis logre su cometido.
Afirmó que hay avances en Tibú y Sardinata, con unas 2.500 familias preinscritas al Programa y unas 500 que han recibido pagos por el ejercicio de erradicación de la coca, aunque admitió que falta generar confianza en el resto de comunidades.
“Pese a las dificultades, que consideramos propias de la implementación de políticas públicas en regiones tan colapsadas históricamente, consideramos que hay que seguir haciendo esfuerzos y aumentando nuestra capacidad institucional, para lograr que este tipo de programas sí tengan un impacto positivo en la región”, dijo el funcionario. “No es otra la disposición nuestra, sino tratar de concertar entre Estado y comunidades unos modelos de desarrollo que logren sustituir esas economías ilícitas”.
