A pesar de los más de 10 mil soldados que hay en el Catatumbo, los integrantes del Eln siguen atacando los bienes de la comunidad, según expresó Wilfredo Cañizares, director de la Fundación Progresar.
“El Eln está expropiando viviendas, vehículos y motocicletas a miembros de la comunidad acusados de brindar algún apoyo al Epl”, dijo.
La situación fue calificada como “increíble” dado que ocurre en un territorio en donde el Gobierno Nacional ha desplazado cerca de 14 mil soldados y unos dos mil policías, “y todavía el Eln tiene la capacidad de quitarle la casa a la gente, un carro o una moto, a plena luz del día y con total impunidad”, dijo el director.
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Agregó que si bien los derechos de la comunidad deben ser protegidos, la respuesta del Gobierno Nacional sigue siendo errada, pues esto no se logra con la militarización que “si no ha funcionado en 50 años, ¿Por qué va a funcionar en 15 días?”.
En este sentido, dijo que las operaciones militares “ni han servido ni van a servir de nada”, dado que las fuerzas militares “no hacen otra cosa que acantonarse en los centros poblados, mientras que en las veredas está la guerra abierta”.
Cañizares, quien ha sido crítico de los discursos del gobierno departamental, también manifestó su insatisfacción sobre lo dicho por el gestor de paz del Eln, Eduardo Martínez, en el consejo departamental de paz de esta semana.
Vale decir que la representación de la insurgencia señaló la importancia de que la ciudadanía contribuya en la finalización del conflicto entre el Eln y el Epl, a la vez que se enfatizó en retomar el proceso de construcción de paz en la región.
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No deja de sorprendernos cómo hay gente que viene a darnos lecciones de democracia, de ética, y de cómo hacer las cosas, mientras en el Catatumbo están asesinando personas”, afirmó Cañizares.
“Mientras hay una guerra abierta contra la población civil y la región, en este espacio nos vienen a dar lecciones de cómo ejercer nuestros derechos en democracia”, dijo a la vez que instó al Gobierno Nacional a exigir al Eln que pare la guerra, y al Eln responder a la sociedad nortesantandereana.
La base social, en riesgo
(Eduardo Martínez, gestor de paz del Eln.)
Según el gestor de paz del Eln, Eduardo Martínez, es un hecho que si las afectaciones de esta guerrilla hacia la comunidad sobrepasan los límites, podrían perder su legitimidad y hasta su base social, situación que debería conducir a analizar cuál es el rol de la insurgencia en la convivencia.
Además, reconoció que si las comunidades del Catatumbo, que consideran como el pueblo soberano, les dijesen que deben marcharse del territorio, y el rechazo se incrementa, el Eln no tendría razón de ser.
“La razón de ser nuestra es la comunidad, que es el alma del proyecto político”, dijo. “Si eso ocurriera, sería una deslegitimidad política”.
Al respecto, recordó el caso de Arauca, donde las bases sociales se alejaron y “las comunidades señalaban que el Eln ganó la guerra pero perdió legitimidad política, y de eso nos queda una enseñanza”.
Así mismo, reiteró que en un caso como el del Catatumbo, donde hay diferencias que la insurgencia no ha podido resolver, “hay que ir a la comunidad”.
“En este caso, digo que el Eln y el Epl deberían sentarse a escuchar esa comisión mediadora, para resolver este problema”, dijo.
