En 1999, por orden de Carlos Castaño, las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), llegaron al Catatumbo. Fue así como la vereda Caño Indio, en Tibú, se convirtió en el escondite de los guerrilleros del Frente 33 de las Farc que operaban en la zona. Hoy, 20 años después, ese territorio se transformó en uno de los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), que facilitó el regreso a la vida civil de los excombatientes que se acogieron al acuerdo de paz de La Habana.

Sin embargo, los proyectos que tienen en mente muchos de estos exguerrilleros aún no se han podido materializar, por los requisitos exigidos por el mismo Estado para la creación de asociaciones y cooperativas.

En 2017, en el ETCR se instalaron 308 personas, de las cuales hoy solo están 84. La vía principal hacia la vereda, de 800 metros, está en muy mal estado y esto afecta las iniciativas agrícolas.

Karina Galván, una de las lideresas del ETCR, dijo que una de las mayores dificultades que tienen para los proyectos agrícolas es no contar con el título de propiedad de la tierra.

La informalidad en la tenencia de la tierra es un problema recurrente en zonas afectadas por los cultivos ilícitos, la violencia y el avance no planificado de la frontera agrícola.

La Agencia Nacional de Tierras (ANT) tiene identificado que 60 % de los productores agropecuarios en regiones cocaleras no tienen títulos de propiedad y el 52 % de la población rural de Colombia  no ha podido acceder a tierras.

En las zonas con afectación por cultivos ilícitos, como es el caso de la vereda Caño Indio, los índices de informalidad se elevan, llegando a ser del 95 % de propietarios sin títulos.

Desde agosto de 2018 al 31 de octubre de 2019, el Ministerio de Agricultura ha titulado a través de la ANT, 25.262 hectáreas, las cuales se han transformado en 540 proyectos productivos en 29 departamentos.

En 15 meses de trabajo del Ministerio se han formalizado 95.665 hectáreas de tierra, beneficiando a 12.827 familias campesinas. Además de restituir 25.262 hectáreas a través de la ruta individual, beneficiando a 6.081 personas.

“Para el desarrollo inicial de los proyectos productivos se nos permitió utilizar una carta de sana posesión, eso es un alivio mientras nos otorgan los títulos”, dijo Galván.

Las metas del ETCR

La exintegrante de las Farc dijo que hay otras exigencias de tipo laboral con las que aún no se cumple, como la asistencia técnica, capacitación de los empleados, entre otras.

“Por esa razón, las cooperativas no han arrancado, aunque no todo ha sido un fracaso, porque, sinceramente, las leyes colombianas y nosotros mismos no estábamos preparados para un proceso de implementación de acuerdos”, manifestó Galván.

En el seno del ETCR consideran que hicieron falta cambios en la Constitución para facilitar la implementación de proyectos para el desarrollo rural integral de las zonas donde se han ubicado los desmovilizados.

“La esperanza que tenemos es poder construir una ciudadela. Por el momento, hemos ido logrando cosas y venciendo lentamente los obstáculos del proceso de reinserción”, explicó.

Los dos proyectos productivos en los que actualmente trabajan en la zona son: uno de 36 novillos y un corral con pesa, y uno de 700 gallinas ponedoras de huevos. Ambos están en proceso de desarrollo.

Además, los reinsertados están trabajando para conseguir una procesadora de yuca, por la que han hecho varias gestiones, pero no han obtenido los recursos públicos para sacar adelante esta idea de negocio.

Vale la pena recordar que el ETCR cuentan con cuatro hectáreas, 342 alojamientos, una biblioteca, dos aulas con capacidad para 300 personas, dos comedores universitarios y canchas de microfútbol y tejo.

Además, en la parte comercial tienen una tienda, un restaurante, una venta de ropa y un bar con dos billares.

En materia de servicios públicos, no tienen agua, electricidad, ni gas y el servicio de internet es muy deficiente. Se abastecen de plantas de energía y de un caño que cruza el ETCR.

“Con nuestros ahorros hemos hecho unos arreglos a las viviendas y con la tienda podemos abastecer a las comunidades. Aunque aún es muy pequeña y nos faltan recursos para inyectarle a ese proyecto”, manifestó Galván.

La ciudadela

El proyecto de la ciudadela con el que sueñan los reinsertados, consiste en convertir su caserío en un sitio poblado con un puesto de salud, colegio, negocios comerciales. Es decir, transformar el Espacio de Capacitación en un pueblo bien organizado para las comunidades de la vereda.

“Queremos crear una insignia, una ciudadela de paz que quede para la historia y que es uno de nuestros proyectos a futuro,  para dejar una marca como reinsertados”, resaltó Karina Galván.

En el ETCR, los líderes han pedido a sus compañeros tener resistencia para superar cada uno de los obstáculos del proceso.

“Queremos mostrar que en el Catatumbo, en donde decidimos dejar las armas, se nos puede recordar en la historia y a lo largo del mundo, como un sitio en Norte de Santander donde hombres y mujeres que duraron tantos años en una lucha armada cambiaron y lograron construir para las comunidades, los niños y los ancianos”, aseguró Galván.

Entre 2017 y 2018, en Caño Indio se formularon proyectos para 188 de las 191 familias presentes, divididos así: 47 de palma de aceite, 130 silvopastoriles y 11 cultivos de cacao, maracuyá y piña. Para apoyar estos proyectos el Gobierno dispuso $3.872 millones, pero los recursos aún no han sido entregados a la comunidad y aún se desconoce cuándo serán desembolsados.