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¿Erradicación de cultivos de uso ilícito vs coronavirus?

Jueves, 30 de Abril de 2020
Ascamcat asegura que el Estado debe priorizar la emergencia sanitaria por sobre la erradicación de cultivos.

Un nuevo episodio de erradicación forzada de cultivos de uso ilícito, realizada hace un par de días en zona rural de Cúcuta, volvió a prender los ánimos entre los cultivadores de coca en la región, organizaciones campesinas y autoridades locales, que exigieron frenar la erradicación para evitar focos de propagación de la COVID-19.

Y es que para organizaciones como la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat), el Estado debe priorizar la emergencia sanitaria por el coronavirus sobre la erradicación de cultivos.

“El Gobierno está aprovechando la época de pandemia para arrasar con los cultivos ilícitos e incumplir con los acuerdos con las cerca de 5 mil familias que hacen parte del programa de sustitución voluntaria, poniendo en riesgo a los campesinos, pues las personas que llegan a erradicar no cumplen las medidas sanitarias pertinentes”, aseveró Juan Carlos Quintero, vocero de Ascamcat.

Quintero aseguró que con estas nuevas acciones en las veredas Vigilancia y Tutumito del corregimiento de Banco de Arena (Cúcuta),  y las que arrancaron el mes pasado en Sardinata en los corregimientos La Victoria, Las Mercedes y San Martín, atentan contra la integridad, la salud y la economía de las comunidades.

“Con estas erradicaciones el Catatumbo va a entrar en una crisis humanitaria bastante grave. No nos hemos podido recuperar de los paros armados del Epl y el  Eln, ahora combatimos la pandemia y nos atacan con nuevas erradicaciones”, insistió.

Quintero aseguró que pese a las peticiones de las comunidades y hasta los pronunciamientos de los gobernantes locales de frenar la erradicación, el Gobierno Nacional ha hecho caso omiso y estas acciones se multiplicaron en el Catatumbo. Tibú sería el siguiente en la lista.

Intervención local

Esta semana el alcalde de Cúcuta, Jairo Yáñez, mediante un oficio le pidió al ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, detener la erradicación forzada en la zona rural, pues estas acciones representan un riesgo de contagio de coronavirus en los territorios donde aún  no se han registrado casos.
Yáñez indicó que se debe  suspender esta práctica para garantizar el derecho a la salud y a la seguridad alimentaria, en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19.

A estas peticiones se le suma el reciente pronunciamiento de la Asociación de Municipios del Catatumbo, Provincia de Ocaña y sur del César (Asom unicipios), que busca que el Gobierno Nacional replantee el programa de erradicación y aspersión aérea de cultivos ilícitos, optando por la sustitución voluntaria gradual y políticas de desarrollo rural competitivas.

Asomunicipios enfatizó en los estragos que podría desencadenar la erradicación durante la pandemia, ocasionando una crisis humanitaria por la falta de ingresos y alimentos, además de las consecuencias de salud pública; y exhortó a los parlamentarios del departamento ha ejercer control político sobre este tipo de medidas gubernamentales que involucran a los municipios nortesantandereanos.

La audiencia ambiental

Ascamcat fue una de las primeras organizaciones en solicitar el aplazamiento de la audiencia pública ambiental (en modo virtual) para el programa de erradicación de cultivos mediante aspersión aérea con glifosato, la cuál está prevista para el próximo 27 de mayo.

Alegan que las comunidades no podrían participar de este espacio virtual por las restricciones propias de la pandemia y la falta de acceso a medios tecnológicos.

Asomunicipios también manifestó su preocupación por la realización de la audiencia, luego de que la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional y a Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) le notificaran el procedimiento administrativo que adelantan para la modificación del Plan de Manejo Ambiental que daría luz verde a la aspersión aérea.

, el martes pasado, la Procuraduría General de la Nación les solicitó a la ANLA y a la Policía Nacional reconsiderar la metodología y la  realización de la audiencia virtual para garantizar la participación de las comunidades.

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