Ayer se cumplieron seis meses de la desaparición del líder comunal de La Gabarra Henry Pérez, sin respuestas sobre dónde está, en qué condiciones, y lo más importante: por qué se perdió su rastro.
Elibeth Murcia, su esposa, casi sin habla y con largas pausas en su conversación, repite: “Que tengan piedad... Quien lo tenga, el grupo que sea, con la noticia que me den, pero que se sepa algo para saber a qué atenerme”.
En estos seis meses, Elibeth ha cambiado sus costumbres, no duerme tranquila, y se cuestiona una y otra vez qué se oculta tras ese silencio infinito.
“En La Gabarra no se mueve una mosca sin que lo sepan todos, y yo no entiendo cómo se perdió y nadie sabe nada”, dijo. “Se han encontrado muchas personas que se pierden, pero de Henry, nada...”
Wilfredo Cañizares, director de la Fundación Progresar, acompaña el caso desde el principio e insiste en señalar a las Farc de lo ocurrido, “porque este grupo tiene el control territorial de la zona”.
“Que no nos vengan con pendejadas los de las Farc de que no saben nada”, dijo. “Es increíble que en municipios como estos, donde hay control de la policía, pasen estas cosas a plena luz del día”.
Debido a la insistencia de la Fundación para que se esclarezca el hecho, se conoció que el Alto Comisionado para la Paz pidió a las Farc, en La Habana, un pronunciamiento sobre el caso de Pérez.
Sin embargo, según Cañizares, no basta.
“La investigación en la Fiscalía está en un punto muerto”, manifestó. “Es aberrante el nivel de impunidad, la falta de compromiso, porque Henry no es del interés político del gobernador”.
Tras llevar una acción urgente para que el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la Onu se encargara de la indagación, Cañizares confirmó que el 28 de junio se venció el plazo para que el Estado diera a conocer los avances de la investigación, pero “solo hay silencio”.
Ahora, se solicitará que la Onu apoye el caso de Richard Carreño, un joven taxista desaparecido el 24 de septiembre de 2013, en Cúcuta, del que tampoco hay noticias, con el agravante de que se han señalado presuntas irregularidades en la investigación.
Este año, la Fundación lleva la cuenta de 60 casos de desaparición forzada en el área metropolitana, que coinciden con las disputas territoriales de Los Rastrojos y Los Urabeños.
La Opinión
