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Domingo, 21 Octubre 2018 - 3:47am

Familias de Santurbán piden equilibrio entre conservación y actividades agropecuarias

Los campesinos no creen en el Estado.

Archivo y Cortesía
Tercera entrega del informe.
/ Foto: Archivo y Cortesía

El Gobierno Nacional ha sido arrogante, ha trabajado solo y no ha querido escuchar ni a las Corporaciones Autónomas Regionales, ni a la academia en el proceso de delimitación del páramo de Santurbán.

El planteamiento del biólogo cucuteño Orlando Rangel, profesor del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional e investigador emérito de Colciencias, da cuenta de una compleja puja y del choque de intereses sociales, económicos y ambientales que se dan en torno a un territorio estratégico compartido por Santander y Norte de Santander.

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Por ello, en esta tercera y última entrega de la serie sobre Santurbán, reunimos los testimonios de actores claves como campesinos, veedores, alcaldes, mineros y defensores del páramo; para conocer lo que esperan que suceda en los ocho meses (contados desde el 16 de noviembre) que el Tribunal Administrativo de Santander le dio al Ministerio de Ambiente para que ajuste la delimitación.

Fredy Alonso Maldonado Vera

Presidente de la veeduría Todos somos Santurbán, de Silos.

Los municipios de Norte de Santander que pertenecen a Santurbán tienen modelos económicos agrícolas, hay ganaderos y pequeños industriales. La delimitación trae prohibiciones y el Ministerio de Ambiente no ha informado acertadamente.

Como la Corte Constitucional le dio al Ministerio un año para ajustar la delimitación, los campesinos en el municipio de Silos creyeron que ese tiempo era un año de gracia y ampliaron la frontera agrícola. Eso significa más contaminación por agroquímicos y no hay asistencia técnica.

La delimitación tiene la ventaja de que reducirá el impacto de sustancias químicas en el suelo, pero al traer restricciones en la parte agrícola, disminuye los cultivos y por ende merman las frutas y verduras que se envían a Cúcuta y a Bucaramanga, afectándose la seguridad alimentaria.

Esperamos que se den consensos y que se le permita al Sena y al ICA seguir en la zona, por tanto el Tribunal Administrativo de Santander ordenó la salida y con ellos se estaban gestando negocios verdes, claves para la reconversión de las actividades agropecuarias.

Erwing Rodríguez-Salah

Integrante del Comité para la Defensa del Agua y Santurbán, y uno de los accionantes de la tutela que dio origen a la Sentencia T-361 de la Corte Constitucional.

La nueva delimitación debería tener como punto de partida el área de referencia que el Instituto Von Humboldt considera páramo, devolviéndole a Santurbán las más de 30.000 hectáreas que el gobierno de Juan Manuel Santos, con su delimitación de 2014, escindió sin ninguna justificación científica y con propósitos mineros. Desde ahí debe empezar la ampliación, cubriendo también los ecosistemas complementarios al páramo, blindando todo el sistema.

De nada servirá una delimitación de Santurbán si se aprueban proyectos mineros que aunque estén por fuera de la línea de páramo, estén ubicados por encima de las bocatomas del acueducto metropolitano de Bucaramanga, porque igualmente el agua se afectará. Una delimitación de Santurbán politizada hecha con fines mineros, para favorecer a unos pocos a costa de afectar por siempre a las generaciones futuras, no puede prevalecer sobre una delimitación técnica hecha con rigurosos estudios científicos. Aprobar proyectos mineros por fuera de cualquier delimitación amañada prominera, por encima de las bocatomas del acueducto, sería un engaño perpetuo.

GermÁn Salamanca Godoy

Presidente de la Asociación de Propietarios de Predios en Santurbán (Asosalados) y Presidente del Comité del Agua de Norte de Santander.
La realidad es clara, hay temor en los campesinos de que con la delimitación deban desplazarse porque no pueden seguir con la agricultura. El Gobierno de Juan Manuel Santos no tuvo en cuenta a las comunidades y la socialización fue nula.

Nosotros esperamos que se tenga en cuenta el estudio predio a predio que hizo Corponor, que evidencia la realidad de cada finca. Además, que escuchen nuestras inquietudes y no nos sigan mintiendo, como lo hizo el ministro Gabriel Vallejo en 2014, cuando al anunciar la delimitación prometió mejoramiento de viviendas, asistencia técnica y saneamiento predial.

La mayoría de las familias no tienen escritura de sus predios y eso es fundamental para acceder a las alternativas de reconversión, como el pago por servicios ambientales. No creemos en el Estado, nos ha engañado de todas formas y esperamos que se dé una política de Estado con recursos fijos, para darles alternativas estables al campesino, que por décadas ha coexistido con el páramo equilibradamente. 

Freddy Gamboa Durán

Presidente del Sindicato de Trabajadores Mineros e integrante de la veeduría minero-ambiental de Soto Norte, en Santander.

Es hora de que el Gobierno Nacional tome con seriedad la delimitación y la gran expectativa en la Provincia de Soto Norte es que se respete la tradición minera y se unifiquen criterios técnicos, sociales y ambientales para aprender a coexistir.

En municipios como California y Vetas, donde la primera actividad productiva es la minería, más de 1.200 familias reciben su sustento de la extracción de minerales. 

“Entendemos que el nuevo Gobierno quiera liderar un proceso participativo, pero no se puede dilatar más y esperamos que en estos ocho meses se defina la delimitación, sin restringirse en su totalidad la minería, dando viabilidad a importantes proyectos para la Provincia de Soto Norte”.

Actualmente en la zona siete familias de tradición minera de California se unieron para gestar un proyecto de reconversión y cambiaron la extracción de minerales por la potabilización de agua y la misma se empezó a comercializar bajo el nombre de Agua Soto Norte.

Rosendo Ortega Silva

Alcalde de Cucutilla

En el municipio se ha privilegiado la conservación y hay buenas prácticas ambientales. Sin embargo, no queremos que pase lo mismo que con el Parque Natural Regional Sisavita, para el que se elaboró un plan de manejo ambiental que quedó en el papel. Por norma, anualmente debemos invertir el 1% de los ingresos de libre destinación a lo ambiental, que son $15 millones, pero, ¿cómo pensar en estrategias con un presupuesto tan limitado?

Manuel Isidro Cañas

Alcalde de Cácota

Corponor hizo un trabajo de zonificación predio a predio para conocer la realidad de un pueblo que subsiste del cultivo de papa, de la ganadería y la minería de carbón.

Hay desinformación y siempre se ha manejado el mismo discurso por parte del Ministerio, pero sin soluciones a los campesinos que pelean por su sustento y conservar equilibradamente sin vetar las actividades agrícolas.

En el municipio le estamos apostando a promover el turismo sostenible, aprovechando los paisajes del páramo para sensibilizar sobre la importancia de conservar y garantizar equilibrio en los ecosistemas.

Henry Augusto Reyes Acevedo

Alcalde de Cáchira

La expectativa es clara y es que se cumpla con lo ordenado por la Corte Constitucional en cuanto a la socialización con las familias afectadas, que en Cáchira son 170. Ellas piden que se les permita seguir trabajando con sus cultivos y ganado, siendo conscientes de que no se puede afectar el páramo. En la zona las familias tienen en promedio 200 hectáreas y de ellas trabajan entre 10 y 15, con prácticas amigables como no plantar en cercanías de fuentes de agua. Esperamos las reuniones, que haya claridad y que no se abra la puerta a la minería como ha ocurrido en Santander.

Santiago Ángel

Presidente Sociedad Colombiana de Minería

La Resolución 2090 hizo la delimitación y como gremio hemos hecho un llamado a que exista seguridad jurídica y estabilidad normativa. La industria ha venido participando en las controversias legales que se han presentado, la mayoría en tribunales nacionales y algunas en internacionales. Los jueces han venido moderando su posición frente a la delimitación, reconociendo que los habitantes del área de influencia derivan su subsistencia de actividades como la agricultura, la ganadería y la minería. En este nuevo proceso veremos cómo se mezcla la nueva jurisprudencia en materia de participación con los estudios técnicos.

Eduardo Rozo

@eduardorozo5

Apasionado por el periodismo ambiental y cultural

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