Enclavado en la cordillera oriental, el municipio de Hacarí, conocido inicialmente como La Palma, sirvió de adoctrinamiento de los indígenas Motilón Barí.
Desde sus inicios, hace 236 años, se ha registrado una serie de conflictos sociales que han curtido la personalidad de los aguerridos habitantes, marcada también por el padecimiento del ostracismo del Estado.
El mandatario de esa población que supera los 13 mil habitantes, Milciades Pinzón Pinzón, es uno de los convencidos de que a partir de las manifestaciones artísticas y proyectos alternativos se puede reconstruir el maltrecho tejido social.
“Tomé un municipio con una problemática bastante grande, en el que el 94 por ciento de necesidades básicas están insatisfechas. La situación ha sido difícil, porque nos ha tocado enfocar todas las energías para superar los altos índices de pobreza que se padecen”, agregó.
Asegura que el abandono estatal se convierte en el caldo de cultivo de las grandes dificultades de los campesinos de la región.
“Estamos ejecutando algunas obras con recursos propios del municipio; la gobernación poco nos ha colaborado, y en la misma línea está el Gobierno Nacional”, recalcó.
El posconflicto, una esperanza
Los habitantes de la región fincan sus esperanzas en los recursos del posconflicto, pero los resultados en el plebiscito frustraron muchas ilusiones.
Si hablamos de la educación, el 95 por ciento es contratada, por la corporación Paz y Futuro. En las pruebas Saber se tiene un índice bajo y en la actualidad tenemos cobertura de educación en la zona urbana y rural, reiteró.
Se gestiona con el Ministerio de Educación la oficialización de los docentes del Catatumbo. Esto demanda un tiempo más, aunque vamos a paso lento pero seguro.
En materia de salud, Hacarí, mal contados, cuenta con una población de 13 mil usuarios. Es complicado porque apenas hay dos médicos para tanta población.
Esto ha venido generando choques entre los médicos, paramédicos y población doliente que hemos venido sustentando y gestionando con los presidentes de juntas para que la gente pueda entender la problemática en salud que tiene Hacarí.
Estigmatizados por la violencia
El alcalde señala que la región está estigmatizada por los oleajes de la violencia y los cultivos ilícitos.
“Confiamos a fe ciega en el proceso de paz, para que se haga una mayor inversión social en la zona. Hay muchos aspectos positivos, la hospitalidad de la gente, la pujanza de sus tierras, que son las mejores en el departamento para la agricultura, pero necesitamos que el gobierno invierta”, dijo.
El mandatario lamentó que desde enero se les viene prometiendo un programa del Gobierno Nacional que se llama Colombia Siembra, y hasta la presente son falsas expectativas, esto genera descontento en los agricultores y entre los pequeños y medianos productores. También, hace tres años se nos viene prometiendo por el Banco Agrario un proyecto de 104 soluciones de vivienda para el sector rural, y hasta la presente es puro cuento, no se ha pegado ni un ladrillo”, dijo el mandatario.
Reclamó que cuando se tenga priorizado un proyecto para los municipios del Catatumbo, se haga realidad. “Siempre se nos trata con pañitos de agua tibia y esto genera descontento en la población”, agregó.
Con respecto a Colombia Siembra los beneficiarios en ganadería agricultura, cacao café tomate, arroz maíz, yuca, plátano fueron focalizados en el mes de abril, ni suena ni truena, hasta la presente no se ha sembrado una sola mata.
Esa situación obliga a los labriegos a que se inclinen hacia los cultivos ilícitos donde se desencadenan los grandes problemas existentes en la región.
Dijo que la gente se le jugó por la paz con mil 752 votos por el sí frente 184 en el plebiscito, y las esperanzas están fincadas ahora en los recursos del posconflicto.
El hombre que empañó la imagen
Un caso bastante particular y que empañó la imagen del municipio de Hacarí fue la detención con pasta de coca en Cundinamarca, de Yeison Latorre Manzano, quien se desempeñó como contratista de la oficina de educación.
El alcalde asegura que no era coordinador de educación, era un simple contratista que había despedido, porque incumplió con sus obligaciones.
Corresponde a un contador público que participó de la campaña del MAIS y estuvo en el proceso de empalme. Yo no sabía en qué pasos andaba, su carta de presentación es que pertenece a una Iglesia Cristiana Pentecostal, recién casado y que se ganó la confianza de la administración. Incumplió el contrato, fue despedido y posteriormente sorprendido por las autoridades, relató Pinzón.
Asegura que esto terminó de empañar la imagen de la población, en momentos en que se había emprendido una campaña para evitar la estigmatización. Las fiestas del retorno del encanto Barí y los compromisos para aportar a los procesos de paz.
Del citado contratista, nadie en el pueblo sospechó nada. Pinzón dijo que él llegaba inicialmente en una motocicleta a trabajar y en los últimos meses las ausencias eran constantes, hasta que se le interrumpió el contrato. “No comprendemos las razones y circunstancias que llevaron a ese muchacho a dañar la imagen de nuestro pueblo. Ojalá se pudra en la cárcel”, exclamó el mandatario.
El ostracismo del Estado
El personero señaló que no se puede negar la presencia de actores armados ilegales en la región. Tres grupos de la guerrilla que ejercen control del territorio tienen una alta incidencia en la comunidad, más que todo en el sector rural. Por otro lado, la falta de Estado y la ausencia de programas sociales ha hecho que le insurgencia incida más en la comunidad y tengan una legitimidad dentro de la población.
Toda esta dinámica ha hecho que se presenten hechos a lo largo de la historia, tomas guerrilleras bastante difíciles, la última más complicada fue en octubre del año 1998 que afectó mucho el sector urbano. Hubo un tiempo, más de dos años, sin policía, luego llegan los uniformados y retoman el control de la población.
Asegura que el Estado nunca ha llegado a la región a través de los grandes programas de inversión social, sino que arriba con un componente militar que agudiza el conflicto en la región.
Los francotiradores
En municipios como Hacarí, San Calixto, Teorama y El Tarra, por los constantes hostigamientos de los grupos insurgentes, los patrulleros de la Policía no pueden ni salir a la tienda de la esquina.
Quintero dice que hay una amenaza constante de la insurgencia contra de la fuerza pública. Los hombres de la Policía y el Ejército salen a patrullar siempre con el temor de que en cualquier momento pierdan la vida. La estrategia de los grupos de guerrilla es el francotirador, todo eso ha cambiado la dinámica de la guerra, ya no es toma guerrillera a la población, no es mandar cilindros y artefactos explosivos en contra de las estaciones y los bienes de la policía. El mismo impacto en temas de bajas militares y de policía lo causan ahora con un francotirador.
Aclimatar la zona
El Personero es consciente del peligro que se corre en la zona del Catatumbo, pues de hecho hay cinco servidores públicos amenazados.
Dijo que se reconoce la realidad y lo que es el desarrollo de un conflicto armado. En Colombia existe una confrontación contante entre insurgencia y fuerza pública y en ese desarrollo del conflicto obviamente se van a presentar afectaciones a la población civil.
Agregó que siempre se ha exigido en Hacarí que se deben hacer acercamientos con el Epl, la gente reconoce como tal que tiene control territorial, tiene una línea de mando vertical, una estructura de mando, tiene base social, una legitimidad delante de la comunidad. No necesariamente un acuerdo de la dimensión de las Farc, pero sí las diferentes fórmulas de acabar los conflictos con la confrontación armada. “La gente ya merece vivir en paz”.
