“Cualquier incumplimiento de la ruta especial que tenemos es causal de pérdida de beneficios, especialmente en relación con las penas”, afirmó Óscar Fernández, coordinador del área de Justicia y Paz de la Agencia Colombiana para la Reintegración (Acr).

En diálogo con La Opinión, el funcionario afirmó que si bien esta ley implica estímulos como la formación para el trabajo, el acompañamiento sicológico a los desmovilizados, y la posibilidad de acceder a educación superior, si los excombatientes dejan a un lado las actividades propuestas para su reinserción social, esto implica la revocatoria de su libertad.

De acuerdo con Fernández, personajes como Jorge Iván Laverde, alias El Iguano, podría haber cumplido con todo el proceso de Justicia y Paz, pero ante alguna falla en el proceso psicosocial, la Agencia debe informarla a la Fiscalía.

Así las cosas, este o cualquier otro desmovilizado, pierde la pena alternativa y debe enfrentarse a la sentencia original, que puede abarcar entre 30 y 40 años. 

Por ello, desde la Agencia se hizo el llamado para que quienes acceden a la ley de Justicia y Paz aprovechen la oportunidad que les brinda el Gobierno.

Además de su libertad también quedan excluidos del apoyo económico de 480 mil pesos mensuales para su sostenibilidad y la de sus familias.

“Nuestra justicia transicional es compleja y más rígida de lo que la gente imagina”, dijo Fernández. “Por eso ellos deben ser muy consecuentes con lo que se comprometen”.

Actualmente, en todo el país, hay 83 postulados en esta estricta ruta especial, aunque se calcula que la ruta podría cobijar más de 4 mil exparamilitares y exguerrilleros.

De otro lado, el coordinador manifestó que esta ruta, pese a su carácter estricto, tiene un acompañamiento más directo con los desmovilizados.

“En la ruta regular, un reintegrador puede atender unas 50 personas, pero en esta ruta solo tiene 10”, comentó. “A cada uno se le escucha y se le facilita el retorno a la sociedad, con un trabajo fuerte en empatía emocional, que enfatiza en erradicar la justificación de sus acciones violentas”.

*La Opinión