El estigma para Juan Carlos Quintero, vocero de la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat), el panorama se resume en “el mapa de la vergüenza”, que deja 311 líderes sociales asesinados, por ahora, desde que se firmó el acuerdo de paz, y a Norte de Santander con 21 muertos en un deshonroso tercer puesto en la lista de mayor número de homicidios.
Para el caso local, a la persecución se suma la guerra entre el ELN y el EPL que afecta a líderes campesinos, indígenas y comunales, y que han generado renuncias masivas, como la de 10 presidentes de junta de El Tarra, en abril de este año.
Aunque la situación es crítica, el Estado se queda corto en condenar lo que pasa, según expresa el docente de la Universidad Nacional de Colombia, Víctor de Currea-Lugo, pues nada de lo que ocurre tiene justificación.
Para el experto, es necesario que se analicen las variables de cada zona, por ejemplo, la presencia de guerrillas, narcotráfico, inequidad, cultivos de uso ilícito, problemas de infraestructura, la configuración de grupos paramilitares en la frontera, el rol de la fuerza pública y el papel del Estado, con su posible responsabilidad por omisión, o por justificación directa e indirecta de los crímenes.
Mario Zambrano, docente de la Universidad Libre (Cúcuta), expresa que el país tiene una tendencia a estigmatizar cualquier tipo de protesta social, y varios sectores se han encargado de señalar a los líderes –cualquiera sea su representatividad- “no para construir, sino para ser etiquetado y aniquilado”.
Así las cosas, se imposibilita el reconocimiento de los liderazgos que, en últimas, “construyen democracia desde la diferencia”.
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Los retos
Uno de los retos para los líderes radica en la legitimación de su actividad y en el derecho de participar en actividades políticas, condición que para De Currea no es objeto de señalamiento.
Al respecto afirma que sí hay una población civil muy movilizada y politizada, pero se debe entender que la sociedad tiene el derecho de hacer política y, de hecho, es un acto natural.
“Hay un afán de decir que si se politizan, por eso los matan, y es al revés”, dice.
Para Quintero, otra de las dificultades es la llegada a los territorios de medidas de protección efectivas, que trasciendan carros y chalecos blindados, y pasen a reconocer las medidas de protección colectiva (guardias indígenas, campesinas, Rrom, entre otras), así como la sanción a los funcionarios que estigmaticen a los dirigentes.
Zambrano señala que con la incapacidad de inversión social que demuestra el Estado es difícil generar seguridad, no solo porque se perpetúan condiciones para la violencia, sino porque cuando los líderes y comunidades desplazadas deben retornar a sus territorios encuentran la deficiencia de bienes públicos, junto a los perpetradores de los hechos violentos.
El miedo
Martha Maldonado, presidenta de la Federación de juntas de acción comunal de Cúcuta, asegura que para el caso local se trabaja en mecanismos para orientar un proceso de diálogo con los líderes “para que no entren en terror” y evitar la ocurrencia de crímenes.
Sin embargo, en la zona rural de Cúcuta, por ejemplo, se han registrado llamadas extorsivas dirigidas a dirigentes comunales, situación que alarma a los líderes, aunque Maldonado les recomienda no caer en trampas y recordar que desde la Federación “se ha venido articulando con la Policía”, y el posible riesgo ya es conocido por la Alcaldía, la Defensoría, y demás autoridades.
Para Zambrano, los liderazgos de los comunales ya tienen una historia de daño por la violencia paramilitar que rompió su tejido social y, lógicamente, hay temor de que se repita la arremetida en su contra
Aunque la meta es seguir con los procesos comunitarios, pese al pasado que dejó 106 líderes comunales asesinados en Cúcuta y por los cuales hoy son sujeto de reparación colectiva, para la líder no deja de ser contradictorio que mientras “el gobierno está reconociéndonos como organización víctima y van a salir los procesos para fortalecernos como organización comunal, hoy regresamos al mismo temor”, razón por la que instó a universidades y demás entidades a dar apoyo psicosocial.
La unión
“De tanto escenario oscuro, lo positivo es que logramos converger en un principio sin distinción ideológica”, afirma Quintero, para quien las organizaciones unidas son más fuertes en la defensa de la vida, del país, al margen de cómo piense cada líder.
Sin embargo, queda faltando más contundencia de la institucionalidad del departamento, como la Gobernación, las alcaldías de toda la región, y demás autoridades para rechazar públicamente las acciones violentas.
Así, se tendría “su concepción de seguridad”, traducida en el constante anuncio de aumento de la fuerza pública, más la formación de la comunidad para que se respete al otro.
Aunque afirma que esta vez “el miedo quedó bien repartido”, el respaldo de parte de la sociedad es favorable.
“Era tal el nivel de estigmatización que antes se afirmaba: si los matan es por algo”, dice. “Aunque eso sigue ocurriendo, creo que la sociedad está cambiando y está dispuesta a defender el proceso de paz, a sus líderes de derechos humanos, y una demostración fue la velatón que se expandió por ciudades y corregimientos”.
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Afirma que solo la movilización social podrá revertir y hacer caer en la cuenta a los violentos de que deben respetar a todos los colombianos.
“Si bien hay miedo, la sociedad se está movilizando, y mientras esto pase, los defensores de derechos humanos vamos a tener moral de seguir con nuestro trabajo”.
Para Zambrano, a la capacidad de resistencia de las comunidades de la región, para mantenerse en pie se debe integrar la solidaridad, la empatía, para que sea la sociedad la que reconozca que las diferencias sí se pueden poner en diálogo, y que el problema también es con ellos.
Cifras
-45 defensores de derechos territoriales han sido asesinados este año en el país, según un informe de la Procuraduría que revela la violencia sistemática en su contra; uno de ellos era de Norte de Santander.
-8 líderes sociales de Norte de Santander fueron asesinados en 2016, según un Informe de riesgo de la Defensoría del pueblo.
-16 denuncias por amenazas contra líderes sobrevivientes de la guerra, se reportaron en 2017 ante la Unidad de Víctimas, territorial Norte de Santander. Seis eran mujeres y diez hombres.
