El conflicto armado que por décadas ha golpeado a las comunidades de Norte de Santander no ha tenido distingo de raza, credo, color y tampoco de etnia.

Es así como, además de la colonización a la que tuvieron que enfrentarse los pueblos indígenas que habitan el departamento, como los motilón barí, y que los fue relegando de sus territorios ancestrales, estas comunidades han tenido que hacerle frente a un enemigo más que poco a poco ha alterado sus costumbres y confinado a varios de sus integrantes: los grupos armados ilegales.

Antes de ellos, los indígenas ya habían sufrido las consecuencias de la bonanza petrolera que se vivió en la región del Catatumbo y que atrajo a cientos de extranjeros con los que se enfrentaron y quienes terminaron por acabar con la vida de muchos de ellos.

En medio del resurgir de esta comunidad, que en un principio llegó a abarcar buena parte del territorio de Colombia y Venezuela, desde las zonas altas de la Serranía del Perijá, pasando por la parte final de la cordillera oriental de los Andes, la zona norte del lago de Maracaibo y llegando incluso a Pamplona, pero que terminó asentada  en la zona selvática del Catatumbo, apareció el fantasma de las guerrillas y los paramilitares.

Primero fueron las Farc, luego el Eln y posteriormente su mayor verdugo terminaron siendo las Autodefensas Unidas de Colombia, que a sangre y fuego llegaron a sus territorios y terminaron estigmatizándolos, desplazándolos y hasta asesinándolos.

Esta mutación de males a los lugares que consideraban sagrados y cuyas tierras explotaban solo para el propio consumo y supervivencia, afectaron sus modos de vivir y los convirtieron en una víctima más de la violencia.

La coca, un enemigo latente

Con la llegada de las guerrillas a la zona del Catatumbo en los años 80, se asentaron también los males para las 25 comunidades que conforman el pueblo motilón barí  y quienes en la actualidad se extienden en 122.000 hectáreas del territorio entre los municipios de El Tarra, Tibú, Teorama, Convención y El Carmen.

La aparición de la coca y la poca rentabilidad de los productos que tradicionalmente producía el campesinado como la yuca, el plátano o el cacao, transforman la economía de la región y le dan impulso a un modelo basado en las drogas ilícitas.

Es así como estos cultivos empiezan a extenderse por todo el territorio que los indígenas trataban de conservar y que el mismo Estado ya les reconocía, ocasionando grandes daños no solo a sus modos de subsistencia, sino a sus estilos de vida, puesto que empezaron a quedar en medio de la guerra por el negocio del narcotráfico.

“El hecho de que haya presencia de cultivos ilícitos empieza a generar unas migraciones campesinas a los territorios de la comunidad barí y con ello también sus dinámicas. Es por eso que para hacer sus cultivos, los campesinos talan bosques y generan una serie de impactos ambientales que repercuten en las fuentes hídricas de las que se benefician los barí”, explica una de las integrantes del equipo técnico de la Unidad de Restitución de Tierras que hasta hace unos días adelantó un proceso de caracterización de las afectaciones territoriales del pueblo barí.

De acuerdo con la funcionaria, los químicos para el procesamiento de la droga y las aspersiones aéreas por parte del Gobierno para frenar los cultivos, también terminaron por afectar la tierra y provocar una serie de daños ambientales que han acabado con los productos que consumían estas comunidades. 

Roberto Dacsarara Axdobidora, coordinador del Plan de Vida del pueblo barí, asegura que sus tierras han sido inundadas poco a poco de estos cultivos y por eso hoy lo que piden es que el Gobierno tenga en cuenta su situación.

“Nosotros no queremos más muertes. Nosotros hemos sido hombres de paz, no matamos, no robamos y hemos vivido siempre ahí en el Catatumbo. Que nos respeten el territorio”, dice, al advertir que buena parte del territorio que consideran ancestral está en peligro, especialmente en los sectores Río de Oro, Caño Tomás, San Miguel y la parte alta de la vereda Santa Fe.

El terror de los paras

Además del fantasma de la coca, el pueblo barí tuvo que soportar la crudeza del imperio que impusieron los paramilitares en el Catatumbo, especialmente en La Gabarra.

“Cuando los paramilitares llegan al territorio, las comunidades que se encuentran más cerca de La Gabarra se ven duramente afectadas, porque al ser tradicionalmente un territorio donde habitan las guerrillas, todos quienes están allí son señalados de guerrilleros. Hay una estigmatización fuerte”, señala la funcionaria de la Unidad de Restitución de Tierras.

Para las autodefensas no había lugar a discernir si quienes habitaban el lugar eran en realidad o no colaboradores de los grupos guerrilleros, pues el señalamiento era la principal amenaza, y en medio de ello quedaron los barí.

Las políticas de restricción que impusieron al transporte de alimentos y medicinas, terminó por afectar a estas comunidades indígenas.

“Les decían hasta cuánto mercado podían ingresar a la comunidad y les ponían unas normas de comportamiento, es decir, hasta qué horas podían transitar, pues establecieron una serie de retenes”.

Es por esta razón que muchos de los integrantes de los resguardos terminan desplazados a Venezuela, El Zulia y otros municipios de Norte de Santander, con el fin de proteger su vida.

En el 2000, un miembro de la comunidad de Ishtoda, Obed Dora, es asesinado por los paramilitares. Un año después, en 2001, esta misma suerte corre William Badjicarora, de la comunidad de Ogbabuda, pero a manos de la guerrilla.

En busca de la restitución

En vista de las afectaciones que han sufrido sus comunidades y convencidos de que su territorialidad, sus costumbres y la esencia de su tradición no se pueden perder por el capricho del hombre blanco, los barí  han decidido reclamar sus derechos y exigir que les devuelvan lo que un día fue de ellos.

Es por eso que solicitaron la intervención de la Unidad de Restitución de Tierras para que investiguen y documenten los daños que sus comunidades, integradas por más de 3.000 indígenas, organizados en dos resguardos, el Motilón Barí y el Catalaura, han sentido en el marco del conflicto armado y se proceda con una restitución colectiva del territorio.

“La restitución va encaminada a recuperar la territorialidad dentro de los resguardos, a documentar la territorialidad dentro de las zonas de reserva indígena y a recuperar la territorialidad dentro de las zonas ancestrales, pero que no tienen un reconocimiento como tal, para garantizar que a través de medidas de reparación amplias, se les pueda garantizar la plena titularidad”, explicó el director de la Unidad en el departamento, Edward Álvarez Tafur.

Dijo que la tarea será tratar de recuperar todas aquellas zonas que si bien jurídicamente están reconocidas como resguardos indígenas, el Estado desconoce la posesión sobre ellas por parte de estas comunidades.

“Hay un tercer escenario que es el reconocimiento de las zonas donde han estado durante el conflicto armado y donde fueron afectados, que no necesariamente fueron reconocidas por una resolución o un acto administrativo del Estado, pero sobre las que hay una clara ancestralidad y una afectación de esa posesión ancestral y material. Ahí tenemos que entrar a mirar cuáles han sido esos factores que han impedido el goce y el disfrute de los territorios indígenas”, sostuvo.

Este proceso ya comenzó y el objetivo es que en el primer trimestre de 2017, la Unidad de Tierras, con pruebas en mano y con la caracterización de lo que le ha sucedido al pueblo barí, comience a labrar el camino ante los jueces para que la restitución de su territorialidad ancestral sea un hecho.

Dato

El Censo Dane 2005 reportó 5.923 personas auto reconocidas como pertenecientes al pueblo barí, de las cuales el 50,6% son hombres (3.003 personas) y el 49,3% mujeres (2.923 personas). El 94,1% de la población 5.579 personas, se localiza en Norte de Santander. Hoy sus integrantes calculan que la población de indígena que habita el Catatumbo está por el orden de las 3.129 personas.