En Norte de Santander también se adelanta una iniciativa con la que se busca escuchar las voces de los líderes sociales, visibilizarlos y apoyarlos.  

A través de la etiqueta #SusVoces, La Opinión y el Pnud, buscan visibilizar la labor de esta población que ha sido fuertemente amenazada en el último año.

Recientemente, la Defensoría del Pueblo indicó que llegan a 1.000 las denuncias de intimidaciones en los territorios donde los líderes y representantes de comunidades realizan labor social complementaria a la del Estado.

“Reconocemos la importancia de su trabajo para el bien de nuestra democracia y de todos los habitantes del país. Los líderes en Colombia no están solos, acá estamos todos para que en Colombia no se asesine un líder más. Colombia se merece la paz y no la guerra”, expresó el defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret.

En su momento, la Procuraduría General de la Nación tomó también la vocería y explicó que el país ha tomado progresivamente conciencia sobre la protección de los defensores de derechos humanos y líderes de las comunidades, haciendo hincapié en que necesitan protección, “porque ellos son los garantes de la democracia y en este momento se enfrentan a la amenaza de quien atenta contra la paz y la democracia”.

Otras iniciativas

Lidera la Vida es una iniciativa a la que se sumaron entidades estatales y privadas. La Procuraduría, la Defensoría, Naciones Unidas, Codhes, la Organización Nacional Indígena, ONIC; algunos medios de comunicación, entre otros.

Ellos dijeron sí a este proyecto con el que se quiere lograr una efectiva protección a los líderes sociales.

Larry Sacks, representante de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) aseguró que “son el reflejo de la lucha incansable por los derechos de los colombianos. La vida de los líderes sociales no es un tema de partidos o ideologías políticas, es algo que nos debe mover porque muchos de nuestros derechos han sido alcanzado por el trabajo de ellos. El mundo debe reconocer la labor y el liderazgo de muchos otros líderes, héroes y heroínas que luchan por los derechos de sus comunidades”.

Por otro lado, Dayana Paola Ursola Domicó, líder indígena de la Organización Indígena de Colombia, ONIC, precisó que la importancia de estas iniciativas radica en que los pueblos indígenas tienen métodos de protección que deben complementarse para buscar que no sigan asesinando a los comuneros.

“Buscamos que se pueda fortalecer lo cultural y tradicional de nuestras comunidades como protegerse con las plantas y baños y conversarlo con nuestros antepasados, y eso poco se puede hacer ahora porque en los territorios tenemos grupos armados y hay minas antipersonal, entonces la gente ya no puede ir al monte a coger las plantas para esos baños. Es buscar esa forma y visión diferencial de protección para los indígenas”.

Vale recordar que, este año en 89 municipios del país las comunidades salieron a marchar para pedir la protección de los líderes sociales.

Además, el presidente de la República, Iván Duque, anunció que esta semana Colombia firmará el tratado de Escazú. 

Según el mandatario, este acuerdo, considerado uno de los más importantes de la región, ayudará a Colombia a dar un paso cualitativo en el acceso a la información y a la protección del medioambiente.

El presidente destacó que esta decisión se tomó en el marco de lo que el Gobierno ha llamado la Gran Conversación Nacional, donde académicos, científicos, empresarios y líderes sociales le pidieron al mandatario tomar acciones para la salvaguardia del medioambiente.

El anuncio se hizo en el marco de la presentación del informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud), sobre el Índice de Desarrollo Humano, donde destacó que  la firma de este tratado demuestra que hay una confluencia en lo que quiere el Gobierno y lo que quieren los ciudadanos.

El acuerdo de Escazú, entre muchos de sus objetivos, vela por la protección de los líderes ambientales de los territorios que hacen parte de este, lucha contra la desigualdad y la discriminación, además de  garantizar los derechos de todas las personas a un medioambiente sano y al desarrollo sostenible.

El tratado fue adoptado en la ciudad de Escazu´, Costa Rica, el 4 de marzo de 2018 y es el primer instrumento regional en el mundo que incluye disposiciones sobre los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales.