Los docentes de los ocho municipios del Catatumbo que participaron en el concurso docente para zonas de conflicto, junto con líderes comunales del territorio, y representantes de Asinort conformaron una mesa de trabajo de postconcurso para solicitar a la Comisión Nacional del Servicio Civil (Cnsc) un pronunciamiento definitivo en torno al presunto fraude que se presentó con la aplicación de la prueba, el pasado 4 de agosto.

Un docente, un comunal por municipio, y la representación de Asinort viajarán hasta Bogotá la próxima semana para solicitar una respuesta inmediata de la Cnsc. 

El presidente de Asinort, Héctor Gonzalo Peña, dijo que fue una petición de los integrantes de la mesa que la Gobernación de Norte de Santander y la Secretaría de Educación Departamental estén presentes y sean garantes del proceso.

“Esta es una mesa que se conforma para analizar la situación que se está viviendo con los docentes de zonas de postconflicto del Catatumbo, tras el concurso. Es una situación de zozobra debido al presunto fraude que se cometió. La incertidumbre está en qué va pasar, porque no se sabe lo que está sucediendo. La Fiscalía General de la Nación no se ha pronunciado, la comisión aún tampoco, y menos el Ministerio de Educación Nacional”, manifestó.

Los líderes comunales de los distintos municipios del Catatumbo coincidieron en que la comisión nacional debe anular el concurso, porque a su juicio hubo un fraude.

“Si la comisión no  anula este concurso y no vamos a una negociación seria, todo el Catatumbo se va paralizar por el tiempo que sea necesario”, dijo.

Los comunales indican que van a esperar la reunión de la próxima semana en Bogotá con la comisión para ver los resultados de la misma.

Indicaron que la iniciativa es tomada por ellos, no por los docentes, y que serán los propios dirigentes los que cerrarán los centros educativos, y el llamado lo harán a los padres de familia para que no envíen a los niños al colegio.

Este posible escenario fue planteado por los líderes, pero ya hace un par de semanas fue escenificado en el Catatumbo como medida de presión por el mismo tema del concurso.

“Este fue un concurso que se abrió para las zonas especiales, y se suponía que era para compensar a los profesores que están laborando en la zona del Catatumbo, que han venido laborando por 10, 15 y 20 años en la zona a pesar del conflicto que ha habido y que se mantiene”, dijo el líder de La Gabarra.  

Los maestros de Sardinata interpusieron un derecho de petición ante la Procuraduría General de la Nación.

Sostuvo que el concurso fue abierto para que se presentara gente de toda Colombia, calificando la regla de injusta con los docentes de estos municipios.

El docente y represente de los maestros de Sardinata, Ángel Antonio Fernández, reveló que se presentó ante la Procuraduría General de la Nación, en Bogotá, una acción de tutela en la cual solicitan al órgano de control la verificación e investigación de los elementos diseñados en el proceso de evaluación.

Además, sostuvo que es necesario respetar los acuerdos. 

Piden sanciones

Indicó que este proceso de selección fue reglamentado por el decreto Ley 882 de 2017 y fue socializado en la región del Catatumbo en la base de construir un concurso especial que tuviese en cuenta al docente del territorio, su compensación al prestar el servicio educativo en zona de conflicto y a ser evaluado dentro del contexto, en base a la reconstrucción del tejido social de los acuerdos del proceso de paz.

Fueron seis las peticiones que hicieron, entre las que destacan que en pro de garantizar un nivel de transparencia del proceso se investigue uno a uno de los participantes de la prueba y se sancione a los responsables.

Para este mes

Hace unas dos semanas aproximadamente, la presidenta de la Comisión Nacional del Servicio Civil (Cnsc), Luz Amparo Cardozo, explicó que ellos habían recibido las pruebas que solicitaron a la Universidad Nacional de Colombia.

A través de un comunicado posteriormente explicaron que ellos no requerían de más pruebas en el proceso de indagación, y entregaron a consideración de análisis de la universidad las pruebas entregadas por la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), que se encargó de brindar la capacitación a los docentes de la zona, y las entregadas por Osnaider Gutiérrez. 

Estas pruebas estaban siendo analizadas por la Fiscalía y la Procuraduría General de la Nación, pero aún no habido un pronunciamiento al respecto.

En esa oportunidad, Cardozo indicó que con base en los resultados de estas pruebas tomarán una decisión que debe estar lista para este mismo mes.

El concurso busca asignar cerca de 900 plazas en el Catatumbo.