La queja de un grupo de casi 20 trabajadores por un supuesto despido de la obra de reconstrucción, así como denuncias por el desmejoramiento de materiales usados en el proyecto, fueron desmentidas por el Fondo Adaptación.
Según se conoció, los trabajadores llevaban un año laborando en las viviendas, cuando comenzaron a presentarse problemas con los pagos.
De hecho, el mismo grupo fue el que en enero de este año cerró momentáneamente la vía de acceso al pueblo, por demoras en los salarios desde diciembre de 2016.
“El lunes de la semana pasada dijeron que el sábado daban lo que debían”, comentó uno de los denunciantes. “Ese día tampoco cumplieron, y aplazaron para este lunes”.
Pero aunque el lunes se les pagó la deuda, también se les canceló el contrato.
Dicen que quedaron desempleados y con más quejas que antes porque, “no pagaron algunos fines de semana”.
“Desde abril de 2015 estábamos allá, y nos botaron como si nada”, señaló otro trabajador.
Además, uno de ellos dio a conocer un documento en el que se comprobaba que también había retrasos en el pago de la seguridad social.
“Fui a pedir una cita de urgencias el 9 de marzo de 2017 pero no me pudieron atender porque aparecía suspendido, por falta de pago”.
Ricardo Carvajal, representante de la Constructura JR (integrante de la Unión Temporal Nuevo Gramalote que construye las casas) explicó que el inconveniente presentado ocurrió cuando se terminó la relación contractual con dos contratistas, “por incumplimientos de ellos con la obra”.
Según el vocero, los contratistas son los encargados del personal y “en una obra, siempre hay rotación de personal”.
Actualmente, dijo, hay otros cuatro contratistas y más de 300 trabajadores, razón por la cual invitó a los exemplados a postularse con alguno de los otros contratistas.
Por su parte, el Fondo Adaptación corroboró lo dicho por Carvajal.
“En las últimas semanas la Unión Temporal Nuevo Gramalote presentó la desvinculación de un contratista, lo que conllevó el retiro de ese equipo de trabajo”, señaló la entidad.
En relación con los materiales utilizados, se aclaró que en la construcción de todas las viviendas hay una interventoria que verifica el cumplimiento del contrato y las normas técnicas.
“Para ello, tenemos soportes de certificados de calidad, y pruebas de laboratorio realizadas en obra sobre los materiales utilizados en obra”, señaló Roberto Zapata, coordinador del proyecto, por parte del Fondo Adaptación.
Los arriendos, otro tema
Al término de esta semana un grupo de casi 90 gramaloteros exigió saber por qué no se han pagado los subsidios de arriendos, del último trimestre del año anterior.
Jairo Rodríguez, uno de los afectados, declaró que los damnificados “desaparecieron” del listado de beneficiarios y, aunque reconoció que no es la primera vez que hay demoras, sí cuestionó por qué hubo tantos perjudicados.
Tarcisio Celis, alcalde de Gramalote, manifestó que la situación sería resuelta el lunes y que la Unidad de Gestión del Riesgo ya viabilizó 672 subsidios, mientras otros están en revisión jurídica y algunos más fueron devueltos por falta de soportes.
Se conoció que en la depuración de datos, para retirar a quienes ya recibieron sus casas, se encontraron núcleos familiares viviendo en la misma casa pero recibiendo diferente subsidio, situación que no es legal, pues los subsidios se dan por vivienda y no por familia.
