“Si el Gobierno Nacional determina que el impuesto que se recaude es para los municipios no hay inconveniente; lo que queremos es una solución social, general, que no se limite en tiempo ni con condiciones comerciales como viene el actual decreto de internación”.

Así, el secretario departamental de Hacienda, Martín Martínez, desmintió las insinuaciones que indicarían que la Gobernación pretende quedarse con la totalidad del recaudo que se genere por concepto de la internación de vehículos.

Además, dijo que el decreto 229 emitido por el ministerio de Transporte ni fue consultado por parte del Gobierno Nacional con las autoridades nortesantandereanas ni tiene relación alguna con los borradores que se conocieron en principio, en los que la secretaría de Hacienda señalaba que el impuesto fuese de máximo el 50 por ciento de lo que se cobra actualmente a los carros colombianos, “y que no quedó por ninguna parte”.

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“La discusión no debe ser de quién se queda con el impuesto, porque lo que el departamento requiere es control, seguridad y evitar que sigan ingresando más vehículos”, declaró.

También expresó que la polémica es afortunada y aunque reconoció que la Gobernación sí solicitó la internación “porque la misma comunidad pidió la legalización” esto se hizo con base en otras condiciones.

“La primera solicitud que hice fue que se nacionalizaran pero el Gobierno Nacional fue enfático en decir que no”, comentó, a la vez que recomendó efectuar una  reunión entre Gobernación, Gobierno Nacional, Dian y la comunidad para que se llegue a “un buen acuerdo”, y se cumpla la norma; “de lo contrario seguiremos igual”.

Aunque la mayoría de alcaldes están a la espera de la decisión que se tome con la solicitud de derog del alcalde de Cúcuta, César Rojas, el alcalde de Los Patios, Diego González, criticó que el Gobierno Nacional no hubiese expuesto los detalles del decreto.

Aunque manifestó que la internación es necesaria, advirtió que urgen otras condiciones tanto por el recaudo, como por “el derecho a la igualdad de los demás conductores, de vehículos colombianos que sí están pagando impuestos”.

Preocupaciones

El secretario agregó que oportunamente se pidió información, incluso con derechos de petición sobre las condiciones de la internación, pero “la respuesta era que se estaban recogiendo firmas, y de haber conocido antes el decreto, no hubiéramos aceptado o hubiésemos hecho un pronunciamiento”.

También cuestionó “cómo las personas que tienen aspiraciones políticas se están lavando las manos y diciendo que derogen el decreto, pero no dijeron nada anteriormente”.

Por ello enfatizó en que “ahora que estamos en campaña política es momento de que todos nuestros aspirantes hagan un frente común y también soliciten que le pongamos orden a la migración”.

Afirmó que “del decreto solo quedó bien la palabra internación” pues, según algunos jurídicos, habría incongruencias y contradicciones, y una de las mayores preocupaciones radica en el cumplimiento de los requisitos.

Entre ellos están las certificaciones expedidas por la autoridad del país vecino para hacer constar la legalidad de la matrícula, así como la que verifica que el vehículo no se reporta como hurtado.

“Creo que se obvian esas condiciones, porque eso nunca lo va a dar Venezuela”, sentenció, “Créanme que van a aparecer todos los documentos legales, van a fabricarlos, y acá lo que se tiene que verificar es la compraventa, la tenencia del vehículo; es ahí donde se debe llegar a un acuerdo, para no perjudicar a nadie”.

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Que se aplique a todos

A propósito del cuerpo del decreto, Martínez, señaló que no es muy claro en temas como el ingreso al país, “porque quien solicite la internación debe cumplir con el certificado tecnicomecánico y el Soat, y fácilmente alguien puede decir que el carro estaba en el departamento pero no tenía esos documentos”.

“Consideramos que si se aplica el decreto sea a la totalidad del parque automotor que actualmente está en el departamento, sin poner condiciones”, y resaltó que cuando se cierre la internación “y se conozca el verdadero parque automotor del departamento se debe tener el derecho de movilizarse por un periodo especial por el interior del país”, eso sí, solo hasta cuando se sepa que los vehículos son de personas del departamento y están legalmente en el país.