Norte de Santander encabeza los 7 ‘mega’ hallazgos fiscales, que fueron revelados el martes por la Contraloría General de la Nación tras una actuación especial de fiscalización ejecutada en instituciones educativas de seis departamentos.

 A través de un comunicado de prensa, el órgano de control informó sobre los resultados de este procedimiento que descubrió una presunta malversación de recursos por el orden de los $55.195 millones en 12 proyectos y 25 contratos, en los cuales se garantizaba la prestación del servicio de conectividad en estos puntos de la geografía colombiana.

“Nos preocupa lo que podamos llegar a encontrar en el resto de departamentos, si en una muestra tan pequeña detectamos situaciones tan delicadas”, expresó uno de los investigadores que adelantó esta intervención especial.

Sin embargo, una de las modalidades para incurrir en estas presuntas irregularidades fue la que más llamó la atención de los investigadores. Esto fue evidenciado en Norte de Santander, donde se firmó el contrato 1423 de 2018 para suministrar la cobertura de internet por cuatro años.

La entidad encontró que se pagó este servicio durante 260 días de inactividad académica. En total, hubo un posible detrimento de $3.878 millones.

“Las gobernaciones pagaron por servicios de internet en períodos donde los estudiantes estaban en vacaciones (junio-julio y diciembre-enero). En este caso, se determinaron hallazgos fiscales por $9.405 millones”, concluyó la Contraloría.

El órgano de control también remitió a indagación preliminar tres contratos, desarrollados en los departamentos de Magdalena y Norte de Santander, donde se evidencian presuntas situaciones irregulares hasta por un valor de $11 mil millones.

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Más procesos

Un segundo modelo de hallazgo es de la doble conectividad. Las instituciones educativas contaban con un servicio de internet, que habíasido suministrado por el Ministerio de Educación Nacional o por el Ministerio de las TIC, a través de algunas sus iniciativas. Ese servicio es gratuito y de buena calidad, pero, los entes territoriales contrataron una nueva instalación, generando un posible detrimento patrimonial por $9.294 millones.

La Contraloría encontró que hubo un total de 822 Instituciones Educativas que tenían aln menos un proyecto de conectividad con el Gobierno.