El mayor porcentaje (41.4%) de mujeres que enfrentaron obstáculos durante el 2020 se encuentran entre los 19 y 25 años.
El acceso al derecho fundamental a la interrupción voluntaria del embarazo de mujeres y niñas en el contexto de la emergencia sanitaria por Covid-19 en el año 2020 se caracterizó por la existencia de múltiples barreras, agravadas por las medidas implementadas por el Gobierno para minimizar los contagios, es la principal conclusión del informe presentado esta semana La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres.
Dentro de los hallazgos del informe se evidencia que el 79% de los casos de mujeres que tienen dificultades para el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo IVE se encuentran en los departamentos del Atlántico, Cundinamarca, Norte de Santander, Cauca y Valle del Cauca.
Asimismo, el mayor porcentaje (41.4%) de mujeres que enfrentaron obstáculos durante el 2020 se encuentran entre los 19 y 25 años.
“Como resultado de las medidas de confinamiento adoptadas por el Gobierno nacional, los obstáculos para acceder a la IVE y otros servicios de salud reproductiva se agravaron considerablemente impactando de manera desproporcionada a mujeres, adolescentes y niñas en situación de mayor vulnerabilidad, es decir, a aquellas que habitan en zonas rurales con presencia de actores armados; están en una situación migratoria irregular; no cuentan con redes de apoyo ni recursos económicos; son jefas de hogar; y/o son víctimas de violencia basada en género” señaló María Isabel Niño, asesora jurídica y de incidencia de La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, organización que acompañó 111 casos en el periodo analizado.
El informe también identificó que durante la emergencia sanitaria se presentaron nuevas barreras de acceso a la IVE, como la falta de información sobre la prestación del servicio durante la pandemia; la ausencia de intimidad en los hogares de las mujeres para solicitar información y acceder a la IVE y los problemas de conectividad a las tecnologías de información y comunicación de las mujeres más vulnerables.
“Por lo que hemos visto en nuestra experiencia, las situaciones de crisis, como la actual pandemia, convierten los servicios de aborto en servicios secundarios o de “lujo”, que no se atienden, prioritariamente, y llevan al incremento en el uso de los servicios privados” señala Salomé Valencia, médica e integrante del Grupo Médico por el Derecho a Decidir.
La organización que vela por los derechos de las mujeres, también se destaca que, en comparación con años anteriores, se evidenció un aumento del número de mujeres, niñas y jóvenes que solicitaron asesoría y acompañamiento legal para acceder a la IVE en el contexto de la pandemia por COVID-19.
