Nueve alertas tempranas ha emitido la Defensoría del Pueblo sobre la situación de Cauca, en donde esta semana fue asesinada la candidata a la Alcaldía de Suárez Karina García y cinco personas que la acompañaban, y otros hechos de violencia vienen ocurriendo de manera recurrente.

La entidad también ha alertado sobre lo que ocurre en departamentos como Antioquia, Norte de Santander, Valle del Cauca y Nariño, en donde, según advierte el defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, otras situaciones similares a la de Cauca podrían presentarse.

Negret aseguró que además de mayor presencia de la Fuerza Pública en estas zonas es necesario que haya mayor inversión social y más coordinación institucional.

Sobre la llegada masiva de migrantes venezolanos a Colombia, Negret afirmó que Colombia debe continuar arropándolos, pese a que la solidaridad de Perú y Ecuador hacia ellos ya se acabó.

Hay una situación crítica en el Cauca, ¿qué es lo que pasa?

Existe un control territorial de las disidencias de las Farc, de dos columnas, la ‘Jaime Martínez’ y la ‘Dagoberto Ramos’, pero también hay presencia del Eln y el Epl, que se ha crecido en el departamento del Cauca. Esto lo que quiere decir es que dichos grupos se pelean por un control territorial que tiene cultivo ilícito de la marihuana cripy y de la cocaína, pero también de la minería ilegal.

Ustedes han emitido nueve alertas en esta zona, ¿el Gobierno las ha acatado?

Las alertas tempranas no son para controvertirlas, sino para cumplirlas. Una alerta atendida, es una muerte evitada. Estas nueve alertas son desde enero de 2018 a la semana pasada.

En esa zona, si el Gobierno, si las Fuerzas Militares o la Policía Nacional, no hubiera atendido las alertas, habría sido mayor la afectación en la población civil, habría sido mayor la muerte de los comuneros y de la guardia indígena.

Así las cosas, ¿qué se debe hacer en este momento?

Lo que necesitamos hacer en este momento en el departamento del Cauca, en especial en la zona Norte, es lo siguiente:

Nosotros hemos propuesto y estamos trabajando en un mecanismo que hemos denominado ‘la Carpa Blanca’, donde estemos todos los actores, el Congreso de la República, las Organizaciones Indígenas como ACIN, como CRIC, las autoridades indígenas, así como el Gobernador, los alcaldes, e incluso las Naciones Unidas, la Misión de Verificación del proceso de Paz, la Procuraduría, la Defensoría y la Fiscalía con el fin de coordinar y conocer los hechos que allí se presentan.

Además de la propuesta de institucionalidad en la zona que propone la Defensoría, ¿qué ha hecho el Gobierno?

El Gobierno a raíz de toda esta problemática ha tomado la medida de devolverle al Cauca, una fuerza armada que tenía la Fuerza de Tarea Apolo, que se le había retirado. Hay una nueva tropa, según lo anunció el Ministro, son más o menos 1.200 hombres. De modo que aspiramos que esta Fuerza Pública logre controlar los asesinatos y las amenazas que tenemos de líderes en el departamento contra la guardia indígena, campesinos, porque si no la situación se nos puede agravar.

¿En este caso se podría crear una política pública y no implementar tanta Fuerza Pública?

Lógicamente la Fuerza Pública siempre es importante, pero lo que queremos en este terreno es que esté la inversión social.

Los campesinos o los indígenas que se dedican a esta actividad ilícita lo hacen porque no tienen otra opción de vida, porque los cultivos lícitos que ellos pueden tener en sus parcelas no tienen cómo venderlos.

Diferente ocurre con la hoja de coca o la marihuana cripy, se las compran en la puerta de la casa y este par de productos tienen, en el caso de la hoja de coca, hasta cuatro cosechas al año.

Fuentes de Inteligencia han revelado que hay invernaderos de marihuana en la parte alta del departamento del Cauca, en los municipios de Toribío, Corinto, Caloto, Miranda.

De modo que con inversión social y con la Fuerza Pública, creo que vamos a poder tener un Cauca distinto.

¿Hay algún departamento que usted considere que podría llegar a una situación similar al Cauca?

Sí, claro, existen otros departamentos, como son Norte de Santander, Antioquia, Arauca, Nariño, todo lo que tiene que ver con Tumaco y todo lo que tiene que ver con la Cordillera, son los lugares con mayores afectaciones.

El Valle del Cauca ha venido siendo afectado en la parte del norte, pero la Fuerza Pública está trabajando muy fuerte para que eso no ocurra y del lado del Gobierno debemos seguir insistiendo en inversión social. Si hay inversión social, ahí no va a haber cultivos ilícitos, no va a haber minería ilegal.  

Venenzuela: La solidaridad duró poco

Hay otro tema álgido y es la migración de los venezolanos, Ecuador ya legisló el visado en ese caso. ¿Qué opinión le merece a usted esto?

Muy grave. Les están pidiendo unos documentos que son técnicamente imposible de conseguirlos, ellos no van a poder conseguir pasaporte, no van a poder conseguir los antecedentes penales y resulta que vamos a generar es un negocio, el negocio de los ‘coyotes’, el negocio de la trata, el negocio de las trochas.

La gente no va a quedarse quieta. La gente va a buscar a su familia a Ecuador, a Chile, a Argentina, a Bolivia, de modo que la solidaridad de Perú y Ecuador les duró muy poquito.

En Colombia, el llamado es a que el Canciller (Carlos) Holmes, que ha hecho un muy buen trabajo, les diga a sus colegas de Ecuador y Perú que esa es una medida que va a incentivar la xenofobia, contra los venezolanos en ese par de países.

En este sentido, con tantos requisitos para llegar a otro país ¿cómo queda Colombia?

Tendremos que arropar, tendremos que trabajar con los ciudadanos venezolanos, tenemos que incluirlos en nuestra economía, en nuestra sociedad porque por ahora yo no veo, sin meterme a asuntos que son de política exterior, que haya un mejoramiento en la situación económica de los venezolanos.

Exfarc: Asesinatos de excombatientes

Hay varios temas coyunturales, entre ellos las amenazas y asesinatos de los excombatientes de las Farc...

En 2016, hice un pronunciamiento en el sentido de que no podía asesinarse ni a un excombatiente de las Farc. Desafortunadamente esa cifra está entre 130 y 140.

Es una cifra dramática, porque lo que están haciendo los excombatientes es tratar de construir país, creer en la institucionalidad y cuando los asesinan la gente y los excombatientes de las Farc se preocupan porque no tuvieron la garantía de seguridad que se les había prometido en el proceso.

Yo me reúno continuamente con todos los sectores del país, con las Farc, con la UP, con los partidos tradicionales, para poder escucharlos a ellos. Eso quiere decir que nosotros permanentemente estamos donde hay vulnerabilidad, donde está el problema, donde está la grave afectación en lo que tiene que ver con los derechos humanos.

¿Pero, hay una Mesa que prevenga las amenazas y asesinatos?

Sí, hay un mecanismo. El mecanismo está en el Acuerdo y es la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, donde va el Fiscal, el Procurador, el Defensor, las plataformas de Derechos Humanos y el Gobierno.  

La mesa está en la Comisión, pero a mi parecer, está en el voz a voz, en hablarle al vecino, es decir ‘hombre, hay que respetar el derecho de todos estos ciudadanos que decidieron hacer la paz, porque no los podemos matar’.

A su despacho han venido senadores de las Farc ¿De qué han hablado?

La senadora Victoria Sandino vino a conversar conmigo precisamente de la situación en el Sur de Córdoba, donde está alertado San José de Uré y Tierra Alta, Montelíbano, que es un corredor estratégico de los violentos, Bajo Cauca antioqueño y todo ese sector.

Vino con un líder de la Asociación Campesina del Sur de Córdoba, que aunque tiene esquema siente preocupación porque no ve que la situación mejore allá.

Seguiremos conversando con ella, como lo hago con Pablo Catatumbo, con Aída Avella, entre otros.