Una liquidación bilateral del contrato interadministrativo (0011 de 2019) para enseñar inglés a los niños de los colegios urbanos en La Guajira podría concretarse este jueves, tras darse la reunión prevista de la junta directiva de la empresa mixta nortesantandereana Nuevas Tecnologías de innovación, ingeniería y telecomunicaciones Niu Telco S.A.S.
El polémico contrato firmado entre la Gobernación del departamento de La Guajira y Niu Telco aún no ha iniciado y al parecer no va despegar.
Según explicó el Gobernador de Norte de Santander, William Villamizar Laguado, la gerente de la empresa local convocó a la junta tras una solicitud hecha por el gobernador encargado de ese departamento, Wilbert José Hernández, quien pidió la posible liquidación.
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“Como el convenio hasta ahora se firmó y no se ha hecho acta de inicio ni se ha girado ningún anticipo, es probable que quede sin ejecutarse porque se tiene unos plazos de ejecución para los proyectos de regalías”, dijo.
Laguado aseguró que sería lamentable que una empresa pública legalmente constituida no pudiera avanzar en este tipo de proyectos.
“Aquí nosotros tenemos convenio con la Gobernación de Antioquia y la fábrica de licores de Antioquia, que es una empresa pública, y pueden vender licor aquí. Tenemos convenio con EPM de la Alcaldía de Medellín y nos prestan servicio de energía en el departamento; pero cuando una empresa local va a prestar un servicio en otro lado nos ponen problemas, porque somos una región pequeña”, manifestó.
El gobernador refirió que este proyecto piloto de bilingüismo está siendo replicado en distintos departamentos del país, y sostuvo en rueda de prensa que la creación de la empresa Niu-Telco fue aprobada por la Asamblea Departamental, a través de la ordenanza 014 de 19 de diciembre de 2017, y la misma se generó a través del Instituto Financiero para el Desarrollo del Norte de Santander (Ifinorte).
Niu-Telco tiene como socio minoritario a la Fundación Empresarial de Nuevas Tecnologías de la Información de Colombia (Funtics), la cual fue contratada en 2015 por la exgobernadora de La Guajira, Oneida Pinto, para ejecutar un contrato por 20 mil millones de pesos. Por este contrato la Procuraduría abrió investigación a Pinto.
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Procuraduría
Por este contrato interadministrativo, de más de 11.000 millones de pesos, la Procuraduría regional de La Guajira abrió indagación cuando se conoció que en el texto inicial planteaba la atención a docentes y estudiantes de 38 municipios, cuando ese departamento tiene solo 15, pero la realidad es que el contrato va dirigido a beneficiar a solo 12.
El gobernador encargado, por medio de un comunicado, aseguró que se trató de un error de transcripción y que el texto original fue modificado el 16 de julio. El contrato fue firmado el miércoles 26 de junio de 2019, un día antes de que entrara en vigencia la Ley de Garantías.
En este documento se indica que va desarrollarse en 38 sedes urbanas de las instituciones educativas oficiales.
La Gobernación de La Guajira en el comunicado indicó: “el mandatario (e), además, informa que el contrato no contempla anticipos, se pagará por niveles en avances de actividades desarrolladas y que cuenta y contará con supervisión estricta en todos los procesos y avances previos a los respectivos desembolsos”.
Hernández en el documento indica que el proyecto fue aprobado por parte del Ocad regional, en la sesión del 6 de mayo de este año, y que obtuvo el visto bueno del Ministerio de Educación y los tres votos positivos del Órgano Colegiado de Administración y Decisión.
Este contrato ha sido criticado por los distintos líderes wayuu porque se designó recursos de regalías en un tema que no consideran prioritario, cuando en La Guajira hay estudiantes indígenas que no tienen cómo llegar a los colegios, porque no se cuenta con el servicio de transporte escolar.
