El conflicto armado que vive la  región del Catatumbo afectó el normal  desenvolvimiento de las actividades académicas en la zona, y cientos de niños reciben clases de forma intermitente.

Las amenazas de los grupos armados provocan que muchos padres prefieran no enviar a sus hijos a los colegios por los riesgos que esto implica.

En  este  sentido,  el procurador  Regional  de Norte de Santander, Edgar Fandiño, solicitó a la ministra  de  Educación,  Yaneth  Gina  Tovar,  la  reubicación  de algunos estudiantes bajo amenaza, en el Catatumbo.

En  el  oficio  número 2033,  de  fecha  6  de  agosto, el órgano de control hizo un llamado  al  Ministerio para que se brinden las garantías de  seguridad necesarias a aquellos estudiantes que van a presentar las pruebas ante el Icfes, tras un llamado urgente efectuado por el obispo católico  de  Ocaña,  Gabriel  Ángel Villa Vahos.

La solicitud del obispo  se  debe  a  la  preocupación que siente la comunidad por la integridad física de  los  alumnos  y  por la imposibilidad de que gocen su derecho a la educación. 

En  el  comunicado remitido  al  Ministerio, firmado  además  por  el defensor del Pueblo, Jorge Villamizar,  se  pide  tener en cuenta la alteración del orden público, que se suma a los constantes comunicados amenazantes contra la población civil.

En  el  documento se  indica  que  el  Ministerio debería contemplar “la posibilidad de que los estudiantes de las zonas más conflictivas sean trasladados a la capital de  este  departamento  para poder  cumplir  con  la  presentación de estas pruebas”.

Según  los  datos aportados, se trata de aproximadamente  50  estudiantes del corregimiento Orú, en El Tarra, los que necesitan presentar la prueba el  domingo  12  de  agosto en  Ocaña,  pero  ante  las condiciones  actuales,  la comunidad  insiste  en  que el  sitio  de  la  prueba  debe ser Tibú o Cúcuta.

Los padres de familia  han  manifestado  preocupados  adicional,  porque esta prueba que presentan los  alumnos  que  están  a  punto  de  finalizar  el  bachillerato,  garantiza  en muchas  ocasiones  la  posibilidad  de  entrar  a  una carrera universitaria.

El obispo de Ocaña, en anteriores ocasiones, ha expresado inquietud por los estudiantes  del  Catatumbo  y  por  las  circunstancias  que  deben  vivir  como consecuencia  del  conflicto armado. 

Entre  ellos,  la  suspensión de clases que perjudicó  el  ambiente  académico  para  más  de  44  mil estudiantes.

Villa enfatizó en que las  escuelas deben ser “territorios de paz”, en los que no tenga cabida ningún actor armado.

La  secretaria  de educación  departamental,  Fabiola  Cáceres,  indicó  hace  un  par  de  semanas,  en reunión con rectores del Catatumbo que los grupos armados  no  respetan  el derecho a la formación de los niños. 

Medidas a aplicar

Recientemente, la secretaría departamental de Educación  tomó  dos  decisiones para garantizar el derecho a la educación de los niños del Catatumbo. 

Una de ellas es aumentar la dotación de las  guías de Escuela Nueva, para que los alumnos sigan con su preparación sin interrupción. 

También  se  considera  implementar  un  carné que  identifique  a  los  maestros, con miras a facilitar su movilidad en el territorio.

Las medidas se consolidarán una vez se concrete  una  reunión  con los rectores, directivos y coordinadores de las escuelas  de  Hacarí, Convención y Teorama, quienes a su vez  ya  presentaron reportes sobre las dificultades que  afrontan  en  sus  sedes, como consecuencia del enfrentamiento entre los grupos armados.