Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos comenzó el proceso.
La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación preliminar a la Gobernación de Norte de Santander y las alcaldías de Cúcuta, El Carmen y Teorama, por posible incumplimiento de la obligación de proteger, asistir, atender y reparar a la población desplazada por la violencia, entre 2012 y 2015.
La Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos inició el proceso disciplinario porque, al parecer, las entidades departamentales y municipales incumplieron injustificadamente con sus obligaciones de atención integral a la población desalojada de su territorio, a pesar de contar con los recursos suficientes para protegerla.
Con esta indagación se busca identificar a los po sibles responsables en cada ente territorial y verificar la ocurrencia de la conducta, para determinar si es constitutiva de falta disciplinaria y si se actuó al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad.
La acción cobija a otras 19 gobernaciones y 34 alcaldías, y es la respuesta del Ministerio Público a la orden de la Corte de monitorear la reivindicación de los derechos de los desplazados.
