De acuerdo con la Procuraduría, la tasa de sistematización asociada al Impuesto Departamental de Registro y el Registro de Industria y Comercio constituye un cobro no autorizado por la ley.

Así las cosas, los alcaldes de Bucaramanga, Barrancabermeja, Pasto, Ipiales, Tumaco, Cúcuta, Pamplona y Ocaña quienes deberán informar sobre los cobros no autorizados que se están aplicando a los contribuyentes y las acciones adelantadas para garantizar la gratuidad del trámite de inscripción, modificación o cancelación del mencionado registro.

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El Ministerio Público también “requirió a los mencionados entes territoriales información sobre la existencia de costos asociados a la digitalización, automatización y operación de estos registros y/o trámites y las razones que han impedido gestionar el proyecto de acuerdo municipal para excluir los cobros indebidos”, explicó la entidad en comunicado.

Al respecto, la Primera Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública advirtió sobre la necesidad de dar cumplimiento a los decretos antitrámites y prescindir de los cuestionados recaudos con el fin de optimizar la oferta institucional, potenciar el desarrollo de la actividad empresarial y promover el acceso equitativo a nuevas oportunidades.

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