Las dudas asaltan a los contribuyentes del impuesto predial unificado que están en mora con el fisco municipal y que pueden acogerse a un alivio tributario considerado por la administración como histórico y que muy difícilmente vuelve a repetirse.

Se trata de un descuento del 20% de capital y 100% de intereses para quienes tengan deudas pendientes de 2019 hacia atrás, dando lugar además a la terminación una vez se pongan al día con cualquier sanción o proceso de embargo que pese sobre el bien inmueble.

Algunos morosos han expresado que tras hacer la consulta ante la Secretaría de Hacienda los alivios no se ven reflejados como esperaban en las facturas de pago,  mientras que otros se quejaron alegando que no les han reconocido el derecho a la prescripción después de cinco años de vencerse la obligación. 

Así mismo, que están premiando a los que  siempre se atrasan  y no a quienes están al día, porque para la vigencia 2020 el descuento por pronto pago solo aplicó hasta julio de este año.

Otros contribuyentes que pidieron mantener su identidad en el anonimato se mostraron preocupados porque en los certificados de Libertad y Tradición que expide la oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cúcuta aparece una anotación de embargo por el no pago de impuestos, lo que según expresaron los está perjudicando. 

La Opinión consultó a la secretaria de Hacienda Municipal, María Virginia Valencia, a fin de que la funcionaria aclarara las dudas  sobre este alivio que entre mayo y agosto fue aprovechado por cerca de 50.000 contribuyentes, que obtuvieron un descuento de $9.148 millones y que dejaron a las arcas municipales $53.615 millones.

La oportunidad tributaria se da mediante el decreto legislativo 678 del 20 de mayo de 2020, expedido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con el amparo de la emergencia económica y social por la pandemia de la COVID-19, que fue acogido por la Alcaldía de Cúcuta mediante el Decreto 149 del 28 de mayo de 2020. 

Cultura de pago

La secretaria de Hacienda Municipal explicó que en la pasada administración se inició un cobro agresivo a todos los deudores morosos del impuesto predial.

El argumento esgrimido fue que los cucuteños no tienen cultura de pago, porque muchos estaban acostumbrados a la prescripción de los años atrasados, quedando en mora en sus obligaciones. 

“Más de uno decía, yo no pago porque a mí me prescribe, entonces la administración saliente en 2016 prescribió y ofició todas las deudas que no eran prescribibles y a partir de ese año empezó a notificar a los deudores morosos y una vez efectuado el cobro coactivo ya no vuelven a prescribir las deudas del municipio”.

Esa media fue tomada para que los contribuyentes adquieran esa cultura de pago y no se vuelvan a endeudar con el municipio, porque ya no van a volver a existir las prescripciones y se les va aumentar la carga impositiva, según Valencia.

Dijo que algunos contribuyentes no ven reflejado un mayor alivio por cuanto el Decreto   678 no tuvo en cuenta el impuesto que se paga a Corponor, incluyendo solo aquellos tributos de los organismos territoriales, excluyendo a las corporaciones que perciben una sobretasa al cuidado del medio ambiente.

En la factura anual a los dueños de predios, lotes, casas, apartamentos y otros bienes inmuebles en Cúcuta se les liquida el impuesto predial unificado, el cobro de la valorización a partir de 2018 y  la sobretasa ambiental, tres conceptos de los cuales los dos primeros son los que tienen el descuento del 20 por ciento en capital y 100 por ciento en intereses.

La funcionaria dijo que el cobro agresivo efectuado entre 2016 y 2019 está todo en proceso  coactivo, muchos con acuerdos de pago, otros con embargo y anotaciones en los bancos con solicitudes de embargo.

Sin embargo eso quedó así hasta 31 de diciembre del año pasado, por eso si algunas personas está diciendo que les embargaron las cuentas en la actual vigencia no es cierto, porque ese proceso se dio hasta la vigencia 2016. 

“Nosotros durante estos meses de pandemia no hemos hecho cobros coactivos, ni embargos a ningún contribuyente y por el contrario estamos invitando a que se acojan a este gran descuento y se ahorren una dinero importante”, según la jefe de la oficina de Hacienda. 

Dijo a manera de ejemplo que si alguien debe $1,0 millón de 2015 y se acoge al beneficio pagará solo $450.000, un ahorro importante porque entre más tiempo pasa es más alto el interés que el capital.

Embargos persuasivos 

El exsecretario de Hacienda departamental, Martín Martínez, dijo que el descuento dado por el Gobierno a la luz de la emergencia económica representa un gran alivio,  particularmente en el 100 por ciento de los intereses, porque la deuda se vuelve impagable por los intereses moratorios.

En este momento todas las personas que tienen deudas de 2019 hacia atrás y aprovechan ese decreto presidencial, que acogió la Alcaldía de Cúcuta, van a obtener un descuento del 100 por ciento de interés y 20 por ciento de capital, “lo que es una buena oportunidad para que los contribuyentes se pongan al día y ahorren bastante dinero”. 

“Lo que se me hace algo injusto, es que se está premiando a las personas que deben años anteriores, pero para quienes deben pagar la vigencia 2020 tienen plazo hasta el 31 de octubre pero en la totalidad del impuesto y no hay el descuento de ese 20 por ciento, lo que debió extenderse a este año”.

Martínez dijo que eso es potestad del alcalde y si él presenta un proyecto de Acuerdo al Concejo, los concejales lo autorizarían de inmediato por las mismas dificultades económicas que se están presentando en Cúcuta por la pandemia. 

Explicó que los municipios de acuerdo a las normas legales hacen un cobro persuasivo masivo, donde una de las situaciones es que embargan el bien inmueble por dudas que tengan de impuesto de años anteriores.

Normalmente se hace antes que venza el plazo de los cinco años para evitar la prescripción. Una vez se hace el embargo se notifica a la Oficina de Instrumentos Públicos para que aparezca la nota de que hay un embargo del bien inmueble por deuda de impuestos, lo que es de ley, lo que hace cada secretario de Hacienda en su oficina de cobro jurídico por impuesto predial.