“No les entreguen la plata de la paz a los políticos locales”, fue la petición urgente y determinante para el futuro de las regiones, del sacerdote católico Francisco de Roux al Gobierno Nacional.
Según de Roux, dejar el manejo de los recursos a los partidos tradicionales perjudicará la consolidación territorial de los programas que abarcan el posconflicto, porque tanto los políticos como sus jefes “no tienen visión de largo plazo”.
“Juegan a cuatro años, al cuarto de hora de un hombre que es alcalde, concejal, o presidente y aquí se debe hacer una construcción distinta por el bien común”, aseveró, durante el foro ¿Cómo construir paz en los territorios?, efectuado en Bogotá.
Para el sacerdote jesuita, el oficio de los políticos es manejar los recursos de los impuestos “que pagamos todos los colombianos”, pero ahora que llegan algunos rubros con destinación específica para la paz, “lo que pido es que se maneje por entidades de las regiones que no sean políticas”.
Por ello, su propuesta es que se constituyan instituciones mixtas, con más espacio para la comunidad.
“Que sus principales figuras sean personas de mucha credibilidad en las regiones: líderes, campesinos, trabajadores, académicos, empresarios”, dijo.
Pese a la idea, de Roux no descarta la posibilidad de que haya gobernadores y alcaldes, pero que la decisión sobre el destino de los recursos “no la tomen los políticos”.
Durante el encuentro, el obispo católico de Tibú, Ómar Sánchez, coincidió con las declaraciones de su homólogo, así como los demás participantes que ovacionaron la idea.
“Si la clase política administra esta paz, no lo vamos a lograr”, dijo. “Esto es como para un pensionado, que ya haya resuelto su vida, sus problemas económicos y no tenga intereses particulares”.
Además señaló que la paz territorial, especialmente en Catatumbo, “son las patas de una mesa; si no están en equilibrio, no nos encontraremos antes de 15 años con la paz”.
Comentó que en el caso de Norte de Santander, una de sus mayores preocupaciones es mitigar la afectación de la identidad campesina por la cultura cocalera, lo cual constituye un importante desafío regional.
Igualmente, insistió en que el Gobierno Nacional debe tomar las riendas de la paz en esta zona, pero integralmente, pues “si cada ministerio y cada agencia llega a cumplir misiones aisladas, habrá inconvenientes”.
Y propuso al Alto comisionado para la paz, Sergio Jaramillo, tres soluciones para generar confianza en Catatumbo: “las tres carreteras que se requieren; un hospital digno, y un modelo de educación especial que resuelva los problemas”.
Gobernador aceptó la idea
El gobernador, William Villamizar, dijo estar “totalmente de acuerdo”, con la propuesta expuesta en el foro.
Para él, es válido que, por ejemplo, al momento de ejecutar proyectos en zonas de conflictividad se priorice a la gente.
“Por ejemplo, si se quiere hacer una placahuella en San Calixto, se hablará con sus juntas comunales para contratar la construcción de la misma”, afirmó. “Eso garantiza que se pueda ejecutar la obra, porque en muchos casos la guerrilla no deja; y que la comunidad reconozca esa inversión en sí misma”.
Aunque no descartó que proyectos de mayor envergadura deberán ser ejecutados por las alcaldías y la gobernación, debido a la capacidad técnica que tienen, enfatizó que el rol institucional será de articulación.
“Lo que viene no debe estar influenciado por los cambios de gobierno, pues si llega alguien que no comulgue con estas ideas, dirá que no hay que hacerlos”, indicó.
Por tal motivo, señaló que se deben dar herramientas “a través de normas, incluso constitucionales, para que todo lo que se haga para hacer la paz sea sostenible”.
*La Opinión
