El miedo sigue apoderándose de la región del Catatumbo pese a que las autoridades civiles y militares aseguran que no ‘hay que temer y que garantizarán la seguridad de los ciudadanos’.

Las calles vacías  y el desabastecimiento de alimentos en Hacarí y La Playa, las instituciones educativas rurales a puerta cerrada,  los vehículos incinerados y rayados y las viviendas y establecimientos comerciales con gratifis alusivos a las guerrillas del Eln y el Epl, hacen parte del panorama de este álgido territorio.

Los últimos ataques 

Ayer en la madrugada, fue activado un artefacto explosivo en el kilómetro 37 de la vía que conduce a Ocaña, a la altura de La Y Astilleros, en El Zulia, que causó daños en la carretera. Sin embargo, al final del día el paso fue habilitado gracias a un trabajo articulado entre Invías, la Policía y el Ejército.

Adicionalmente, un vehículo fue atravesado cerca al puente de La Ondina, del Cementerio de la Esperanza. En los alrededores fueron ubicados letreros de advertencia sobre la existencia de explosivos con las iniciales del Eln. Efectivos de la fuerza pública lograron neutralizar la carga explosiva.

A estos actos se suma la voladura de dos torres de telefonía móvil en los corregimientos de Mesitas y Lagunitas, en Hacarí, y los grafitis que aparecieron en las fachadas de las viviendas en Ocaña.

En algunos sectores, como en el corregimiento de la Vega de San Antonio (La Playa de Belén), las comunidades empezaron a reunirse para buscar soluciones conjuntas a esta situación de orden público.

Alrededor de 2 mil personas participaron de la Asamblea Regional de Asojuntas en pro de la Paz del Catatumbo, la cuál contó con la coordinación de la Asociación por la Unidad Campesina del Catatumbo (Asuncat).

Comitiva departamental

Ayer, llegó a Ocaña el gobernador encargado Juan Felipe Corzo,  en compañía de los titulares de las secretarías de Educación, Salud, Fronteras, Víctimas, Planeación, Minas y Gestión del Riesgo, para reunirse con los alcaldes de Asomunicipios, Procuraduría, Defensoría del Pueblo,  Policía, Ejército, entre otras organizaciones.

El gabinete analizará la situación de orden público en la región del Catatumbo para articular  planes de reacción inmediata  que permitan garantizar la seguridad y el bienestar de las comunidades.

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Por su parte, Asomunicipios se encuentra en la implementación de una ruta humanitaria para atender a los campesinos y evitar el fenómeno del desplazamiento forzado por el conflicto armado. 

La organización enfatizó en la importancia de un trabajo articulado con organismos internacionales de derechos humanos, gobierno nacional y la iglesia católica para buscar una salida al conflicto.
 
Iglesia  acompaña

Gabriel Ángel Villa Vahos, obispo de la Diócesis de Ocaña, anunció que conformó la Comisión Diocesana de Paz y Reconciliación con el fin de ayudar en las labores humanitarias en el territorio en sinergia con organismos estatales y defensores de derechos  humanos. La comisión, que tendrá una duración de dos años, está conformada por cuatro sacerdotes de Ábrego, Ocaña, El Carmen y Hacarí, y será coordinada por el padre William Sánchez Obregón, párroco de la Santa Bárbara (Ábrego).

Preparan Comisión de Verificación

Del 20 al 23 de febrero, se realizará una comisión de verificación por el Catatumbo, liderada por la Ruta de Prevención y Protección del Nororiente Colombiano.

La comisión llegará al corregimiento Santa Inés (El Carmen) y la vereda La Arenosa (Ábrego), para verificación de las afectaciones a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, teniendo en cuenta los enfrentamientos armados registrados en los últimos días entre el Ejército de Liberación Nacional (Eln) y el Ejército Popular de Liberación (Epl), generando desplazamientos masivos de las comunidades campesinas, confinamiento y desabastecimiento.

La invitación a participar de esta comisión fue extendida a organizaciones sociales y civiles, indicó Juan Carlos Quintero, promotor rural de la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat).