Que a los grupos armados no les interesa la defensa de la población del Catatumbo; que la respuesta del Estado no es otra que la militarización, y que la desesperanza y el miedo se tomaron esta zona, son las conclusiones que deja una charla con la Asociación de Personeros del Catatumbo, organización que en desarrollo de su trabajo da cuenta de un panorama adverso.
Riesgos para venezolanos que salieron de su país como víctimas para volver a serlo acá, desplazamientos masivos e individuales, homicidios, hacen parte de sus días de absoluta incertidumbre, en especial tras la masacre de El Tarra, rechazada categóricamente y que constituye un momento desconcertante porque ahora resulta que “nadie fue”.
Estas condiciones tienen alterado el orden social y la labor de comunales que pierden espacio, en una especie de inmovilización que afecta su gestión y trabajo local.
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La violencia exacerbada se veía venir desde que empezó la crisis, en febrero de este año. Sin embargo, para el mes de abril, el ministro de Defensa Luis Carlos Villegas, y el General Ricardo Gómez Nieto, Comandante del Ejército, desestimaron la ocurrencia de una guerra que no habían podido evidenciar y criticaron decisiones de protección local.
Por ello, exigen hacer presencia en Tibú, para la visita del presidente electo Iván Duque, con el fin de exponer lo que ocurre.
El resumen de la situación es grave, y “ahí tienen, a ver si ya lo pueden evidenciar”.
Ocaña
Es el municipio receptor de desplazados por excelencia, en especial de lo que ocurre en la parte alta del Catatumbo.
El mayor problema se genera por el desbordado número de víctimas que dificulta la toma de declaraciones y de no ser por el apoyo de Acnur, que designó abogados junior (también en Tibú y El Tarra), las condiciones de trabajo serían imposibles para tomar hasta 10 declaraciones diarias.
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Mientras en 2016 se contaban 29 mil víctimas, al 1 de julio de 2018 van 34.817, sin sumar las de julio, que se estiman en 1.500.
(La Asociación de Personeros del Catatumbo por fin pudo efectuar su asamblea, aplazada por el conflicto, y acompañada por Acnur y Ocha. En la imagen, exhiben un mensaje: No soy un objetivo.)
La mayor dificultad de atención es la ayuda inmediata, es decir, subsidios de arriendo, alimentos e implementos de primera necesidad, y aunque el Programa Mundial de Alimentos también ayuda, las condiciones superan cualquier aporte.
Hacarí
Se han registrado cuatro desplazamientos masivos que dejan algo más de tres mil afectados. El más reciente ocurrió en junio, con 64 núcleos familiares afectados.
Esta situación origina un desbordamiento en la capacidad para atender declaraciones, que van de 8 a 15 diarias.
Todos los líderes han sido amenazados, y recientemente uno tuvo que salir del territorio.
Cuatro veredas están totalmente minadas y la comunidad no ha podido efectuar sus labores habituales de trabajo en el campo.
Las veredas Las Juntas, Aguablanca y Cumaná son las perjudicadas por los enfrentamientos entre el Eln y el Epl, hechos por los que hoy en día hay cuatro núcleos familiares desplazados en el casco urbano.
Ábrego
La crisis humanitaria se disparó, con hechos de confinamiento y desplazamiento que dejan 1.420 afectados, restricciones para movilizarse, y hasta para vender alimentos.
También se convirtió en municipio receptor de desplazados de San Calixto, Teorama y Hacarí.
Preocupa que el municipio no fue incluido en los Pdet (Planes de desarrollo con enfoque territorial), lo cual indica que no habrá una política de Estado para un municipio en el que aumentó el conflicto, así como la siembra de cultivos de coca.
Ya se han presentado episodios de erradicación forzosa, como ocurrió el pasado 15 de mayo, en el sector La Arenosa, que aumentan la tensión.
Además, hay sospecha de presencia de minas antipersonal en las veredas San Luis, El Llanón y Bellavista, situación que no tenía antecedentes.
Sardinata
La presencia de Eln y Epl en los corregimientos Las Mercedes, Luis Vero, San Martin de Loba y la vereda Villa del Carmen, ocasionan confinamientos y desplazamientos cuyas víctimas terminan en Cúcuta.
Sin embargo, también llegan desplazados, de El Tarra, Filo El Gringo, Puerto Santander, Ábrego, La Curva (Bucarasica), que suman 100 declaraciones individuales, este año.
Los homicidios selectivos también hicieron su aparición, y por la cercanía con el sector de La Sanjuana (Bucarasica) se da cuenta de cuatro casos, al parecer relacionados con extorsiones.
Recientemente, han aparecido panfletos atribuidos al EPL en los que se insta a los mineros a pagar extorsiones; de hecho, hace una semana fue incinerada una volqueta con carbón, presuntamente por esta causa.
La situación ya es de conocimiento de las autoridades militares.
San Calixto
Las muertes se iniciaron en febrero con un feminicidio, y no han parado, al igual que los desplazamientos masivos derivados de combates entre las guerrillas, por control territorial y de cultivos de coca.
Las restricciones a la misión médica también perjudican la atención de personas caídas en minas antipersonal, o víctimas de los enfrentamientos.
En la vereda La Fortuna, cerca a El Tarra, se mantiene un gran refugio humanitario, en el que actualmente hay unas 700 personas, temerosas de volver a sus terruños, dada la instalación de artefactos explosivos.
Hoy en día hay gran incertidumbre, por la vecindad entre este municipio y El Tarra, condición que causa pánico en la comunidad, sobre todo por el aumento de reclutamiento forzado de jóvenes.
Los presidentes de junta están amenazados y, llorando, manifiestan que es imposible vivir en el Catatumbo, pues la situación es insoportable.
También hay incertidumbre por la posibilidad de erradicación forzosa, que se daría sin siquiera haber generado diálogo con las comunidades.
El Carmen
El aumento de homicidios, 9 a la fecha, es la principal alerta, no solo porque ya se alcanzó la cifra de homicidios de todo 2017 sin terminar el año, sino porque los hechos han ocurrido en su mayoría en Guamalito, corregimiento ubicado a 20 minutos del casco urbano.
Allí mismo, hace tres días, la Policía frenó el accionar de algún grupo armado, al desactivar un artefacto explosivo en la vía por la que transitan rutas escolares, transporte público, comunidad, entre otros.
La crisis dejó más de 70 familias sin posibilidad de comercializar sus productos.
Además, se tiene registro de reclutamiento forzado de al menos cuatro menores de edad (incluso menores de 14 años), de los cuales solo se tiene conocimiento cuando resultan heridos o reciben atención médica y se encuentra que fueron habitantes de El Carmen, pero las familias no denuncian por temor a que los maten.
Teorama
Cruces de disparos entre las guerrillas y homicidios selectivos en el corregimiento San Pablo, o la ruta que lleva a El Aserrío, han forzado a las comunidades a desplazarse masivamente, para llegar, unos a Ocaña, otros, al casco urbano de Teorama, que recibió dos desplazamientos masivos de 173 personas, mientras otros no declaran y simplemente huyen.
La mayor conmoción la generó el homicidio del líder Héctor Santiago Anteliz, pero también con la retención y amenazas a otros líderes que no comparten la línea política de la insurgencia, particularmente del Eln.
Allí, se dice que no se avizora esperanza, en particular porque las necesidades básicas insatisfechas se sitúan en un 92 por ciento.
Río de Oro y González
Aunque hay presencia del Eln en zona rural de González y es municipio receptor, su dinámica es distinta pero hay serias dudas por la respuesta del gobierno, que aún no resuelve problemas estructurales.
La solidaridad de estos pueblos con el Catatumbo se traduce en la exigencia al Gobierno Nacional de que lleve inversión social, pues tras 16 años de mandatos que llenaron el Catatumbo de militares (Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos), la violencia ha empeorado, mientras las personerías están maniatadas, sin recursos, personal suficiente, aunque con el acompañamiento irrestricto de Acnur y la ONU.
