Luis Alfredo Contreras Ortega lideraba en el corregimiento Las Mercedes de Sardinata, proyectos de erradicación y sustitución de cultivos de coca por cacao. Dicha gestión sería precisamente la razón que justificó su crimen a manos de grupos armados que hacen presencia en esta región del Catatumbo.

El asesinato ocurrió en enero del presente año y hasta el momento las autoridades no han  esclarecido este caso, ni capturado a los responsables.

Contreras Ortega fue presidente de la junta de acción comunal de Las Mercedes y pretendía regresar a la dirección  para seguir avanzando en sus proyectos. En su finca sembraba cacao y además tenía una camioneta para trasteos.

“Un hermano le dijo que tuviera cuidado con ese tema (sustitución). Pero él le hablaba de frente a la comunidad. A veces había discusiones sobre el tema con los pobladores, pero no lo habían amenazado”, aseguró un allegado.

Contreras Ortega fue torturado, baleado y le regaron ácido en el rostro. Las balas lo impactaron en el pecho y la cabeza.

Tras la desmovilización de las Farc, los habitantes de esta zona de Norte de Santander creían que por fin iban a poder vivir en paz. Nada más lejos de la realidad.

Hoy, esta región vive una espiral de violencia en la guerra por el territorio y el negocio de  las drogas que se disputan las disidencias de las Farc, un reducto del Epl (Los Pelusos) y el Eln.

En el país

Dicho crimen no se escapa de la realidad del país ni de las constantes amenazas como antesala de muerte de los líderes sociales.

Ariel Ávila, codirector de la Fundación Paz y Reconciliación, asegura que este año es electoral y la situación tiende a empeorar. 

Es decir, no solo la victimización seguirá, sino, sobre todo, podrá aumentar en los meses que vienen, por tres razones. “1. Se celebrarán elecciones locales. 2. La justicia transicional avanzará en su búsqueda por la verdad y la restitución de la tierra. 3. La guerra por las zonas que las Farc ocupaban continuará”.

Los líderes de organizaciones campesinas, indígenas, afrodescendientes, ambientalistas y comunales son algunos de los más afectados.

Agrega que todo lo que ha intentado hacer el Estado colombiano en esta materia ha fracasado, aunque reconoce que ha habido iniciativas positivas como el cuerpo élite en la Policía Nacional o los pilotos de protección comunitaria. Sin embargo, “en el territorio el impacto es casi nulo”.

Sesenta líderes sociales y defensores de derechos humanos han sido asesinados en lo corrido de 2019, según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz.

Y aunque la cifra ha bajado en comparación con los registros de 2018, cuando iban 81 líderes asesinados hasta el 30 de abril, los atentados no cesan y las amenazas aumentan.

Son precisamente los líderes de organizaciones campesinas, indígenas, afrodescendientes, ambientalistas y comunales, algunos de los más afectados.

La Fiscalía reportó que la entidad ha logrado esclarecer 157 de los casos de homicidio a líderes sociales, pero solo 29 tienen sentencia porque el “aparato judicial está congestionado”.

Otros líderes  

En otras regiones del país la situación no es distinta.

A Héctor Mario Carabalí la amenaza de muerte le ha llegado por mensajes de texto a su correo electrónico, de la boca de algún conocido, en hojas de papel y en volantes con su rostro impreso, como si se tratara de un bandido. La advertencia también rodó en forma de granada que no detonó, el día que enterraba a su primo hermano. 

Héctor Mario conoce todas las formas de intimidación, casi desde el momento en el que empezó a defender a su comunidad en Buenos Aires, Cauca. Incluso –dice- ya se acostumbró, pero su familia, sus amigos, sus vecinos, no.

“¿Por qué me amenazan? Por la defensa territorial, por ir contra la minería, por la defensa del agua que desde hace muchos años hemos hecho porque quieren represar el río Timba con el proyecto Aguas del Sur. Por defender la erradicación manual de los cultivos de uso ilícito, por denunciar la presencia de actores ilegales, los atropellos de los actores armados legales. Pero, mi situación se complica después de que viajé a La Habana para exigir la reivindicación de los derechos sociales, políticos y culturales de las comunidades afro dentro del Acuerdo de Paz”.

Héctor Mario sabe que no es necesario crear una comisión para descubrir quiénes lo persiguen.

Indepaz ha estudiado la situación y en su último informe del 30 de abril precisa que los presuntos autores materiales de los asesinatos de líderes sociales fueron principalmente “miembros de grupos criminales que posiblemente incluyen a exmiembros o antiguas estructuras de organizaciones paramilitares, miembros de la Fuerza Pública (Ejército y Policía), grupos armados ilegales (disidencias de las Farc, el Eln y el Epl) y grupos armados residuales”.

Pero esos no son los únicos verdugos. Arie Aragón, amigo de Héctor Mario, alcalde de Villarrica dos veces e integrante de Afrocauca, lleva los últimos 20 años viviendo bajo amenaza.

Dice que todo líder que defiende a sus comunidades se convierte en objetivo y que él, por ejemplo, es el blanco de las grandes multinacionales que quieren hurgar las entrañas del norte del Cauca para extraer oro. Vuelve a lo mismo, el ‘mandado’, según cuenta, lo hacen paramilitares. 

No tiene esquema de protección y no lo tuvo cuando dirigió los destinos de su municipio porque “hicieron unos estudios y dijeron que no había riesgo. Para ellos el único riesgo que uno tiene es cuando hay sangre”.

Entonces, toman decisiones individuales. Dicen que van a una cita el miércoles, pero llegan el martes o el jueves, van por una vía y regresan por otra. Llaman cada quince minutos para informar dónde están. O salen del campo, como hizo Héctor Mario, que lleva nueve meses dirigiendo los procesos de su comunidad yendo de un lado a otro porque la persecución y las amenazas son permanentes. 

Héctor Mario era primo hermano de Ives Trujillo, exfiscal del Consejo Comunitario Cuenca Río Timba, exdirectivo de la empresa comunitaria Brisas del río Aguablanca, exintegrante activo de Conafro y exvocero de Marcha Patriótica en el Cauca.

Ives, el primo hermano, el amigo, el confidente, fue secuestrado en julio de 2018, por la disidencia de las Farc. Días después su cuerpo fue encontrado con señales de tortura y en alto estado de descomposición.

El mensaje que llegó con la muerte de Ives fue que a Héctor Mario le iba a pasar lo mismo. 

“Lo mismo” ya le había pasado a Alirio, a Fares, a José Fernando, a Nicomedes y a otros 53 líderes sociales asesinados en 2018 solo en el departamento del Cauca.

Indepaz asegura que en total, en ese año fueron 282 vidas perdidas por defender a sindicatos, por representar asociaciones de víctimas o comunales, o campesinas, o afrodescendientes, o cívicas o que rechazaban la minería ilegal o a gran escala.

El estudio

Indepaz indica que pese a la implementación de planes, en la mayoría de los casos de asesinatos la presunción de responsabilidad recae en grupos paramilitares o permanece indeterminada la responsabilidad material o intelectual. 

Agrega que se identifican tres tipos de grupos ‘narcoparamilitares’, definidos por su origen y su capacidad de acción: “Los primeros surgen tras la desmovilización de las AUC y cuentan con una injerencia a nivel nacional o en múltiples regiones. Los segundos, del mismo origen, tienen capacidad regional y municipal; y los últimos surgen como grupos de apoyo con funciones logísticas o de crimen a escalas locales, actividades que permiten el aumento de su poder, incluso para disputar el control territorial y desplazar a su contratante”.