El futuro del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de uso ilícito (Pnis) genera cada vez más incertidumbre en la región, no solo por las constantes afirmaciones sobre falta de recursos para garantizar la efectividad del proceso, sino porque esa respuesta abre nuevamente la puerta a la erradicación forzada y la aspersión.

Para el alcalde de El Tarra, José de Dios Toro, el Pnis es “la preocupación más grande” que hay en territorio, porque “para muchos no funcionó”.

“No es que el programa sea malo sino que la estrategia no era la apropiada, y este gobierno no le ha dado mucha importancia”, dijo. 

De parte de los campesinos, dijo, se reclama el cumplimiento del acuerdo de La Habana y se insiste en evitar a toda costa la erradicación forzada.

Sobre la aspersión, declaró, “no estamos de acuerdo porque ese mecanismo no dejó ningunos resultados”.

“Lo que en realidad produjo fue una gran pérdida de la vegetación, del medio ambiente, y al final la gente volvió y recuperó los cultivos (de coca), pero sí se perdieron los de pancoger”.

Aunque en el territorio hay plena consciencia de que se debe eliminar un cultivo, el mandatario enfatizó en que “al campesino no se le puede dejar desamparado, porque los que pagamos los platos rotos somos nosotros”.

Prueba de ello, es el desplazamiento de 42 familias al casco urbano de El Tarra, que salieron hace dos meses de la vereda Bracitos, por causa de la erradicación y confrontaciones con la fuerza pública por el uso del agua.

“Si seguimos así, se irá a venir toda la gente para el pueblo”.

Por ello, el mandatario pidió que la acción del Gobierno Nacional sea “mixta”, es decir, que no solo llegue el sector militar sino garantías al campesino para que siga en el territorio.

Si esto no es posible, recomendó que sean las agencias de cooperación internacional las que apoyen estrategias concretas para ayudar al campesino, “porque el Gobierno Nacional son puros peros”.

Por su parte, el alcalde de Tibú, Jesús Escalante, reconoció que el Pnis “va cojeando porque ha sido muy lento”, pero resaltó que el actual gobierno le asignó recursos para trabajar, al menos, con las familias inscritas, y se ha advertido algo de celeridad.

“La gente se afana”, comentó. “Quisiéramos ver a Caño Indio electrificado, porque esas son las muestras”, que requieren los cocaleros para confiar en el Estado.

El caso de Cúcuta

Dado que el cultivo de coca está en Cúcuta, las solicitudes locales no difieren de las del Catatumbo.

Wilder Mora, presidente de la Coccam en esta zona, enfatizó en que las familias quieren sustituir “con garantías” y sobre todo “sin guerra”, porque las familias están cansadas de cultivar, pero la contestación no puede seguir siendo la falta de dinero.

Sin embargo, la respuesta de la Agencia de Renovación del Territorio es que no hay recursos, situación que también preocupa a la alcaldía municipal.

Al respecto, el alcalde César Rojas afirmó que al igual que les ocurre a los campesinos, los entes territoriales también se desilusionan con estas respuestas, en especial porque Cúcuta y El Zulia no fueron incluidos en el Pnis, “lo cual es algo insólito”.

El mandatario lamentó que  se estén mirando las cantidades de hectáras y no se advierta que “la problemática de estos municipios que está viniendo” a Cúcuta, razón por la que afirmó que espera que se aclare cuál será la política del Gobierno sobre la sustitución, y afirmó que en dado caso irá a Bogotá con la comunidad para gestionar los recursos que falten para recuperar la zona rural.