En Norte de Santander existen apenas cuatro denuncias por el delito de trata de personas ante las autoridades. La Procuraduría Delegada para la Defensa de la Infancia, la Adolescencia y la Familia indica que hay unos 500.000 niños y 6.000 personas que diariamente están en riesgo por este flagelo.

En el departamento se está hablando de turismo de prostitución, tal como indica la alcaldesa de Chinácota, Nubia Rosa Romero, quien enfatizó que lo lamentable de la situación es que nadie denuncia la problemática. Y que este tipo de casos se han detectado también en Pamplona. 

El modo de operar de estas mafias es alquilar cabañas turísticas y casas de recreo para este fin. Las autoridades no descartan que este tipo de situaciones se estén replicando en otros municipios, incluyendo los del Catatumbo, donde hay presencia de inmigrantes venezolanas practicando la prostitución.

Las autoridades indican que cuando hay casos de prostitución tan marcada, por lo menos en un 90 por ciento de los casos existe trata de personas.

Las cifras y la problemática fueron dadas a conocer en la Sexta audiencia pública sobre la trata de personas, y explotación sexual de mujeres, niños, niñas y adolescentes, que hace la Procuraduría General de la Nación para trazar estrategias a nivel nacional contra el delito.

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La procuradora delegada Adriana Herrera Beltrán explicó que en los santanderes el órgano de control decidió trabajar específicamente con los casos que se registren por el tema de la migración venezolana.

“La problemática es gigantesca y hacer que las autoridades, la sociedad civil y la academia entienda que esto es un delito es fundamental”, dijo.

En la audiencia se firmó un pacto con las autoridades para establecer compromisos y acciones urgentes para frenar este delito.

El director nacional de Migración Colombia, Christian Krüger Sarmiento, indicó que en la frontera con Venezuela es el delito de trata de personas el que más se observa. No se cuenta con cifras exactas, pero a través de esta entidad indicó que han logrado la captura de más de 170 personas tratantes, traficantes o coyotes.

“Se aprovechan de la vulnerabilidad de estas personas para llevarlas a otros destinos, y además de tratarlas en materia sexual y en materia de explotación laboral”, indicó. Krüger Sarmiento explicó que se está viendo este delito precisamente derivado de la crisis de Venezuela. 

Sin embargo, aclaró que en el caso del tráfico de inmigrantes se da en mayor proporción en otras zonas del país con personas que no son venezolanas, donde se utilizan las mismas rutas del narcotráfico para sacarlas a otros destinos. “Son corredores de la muerte en muchos casos estas trochas”.

La delegada de la Procuraduría explicó que en cada comité de trata de personas  (departamental y municipal) debe existir una ruta de atención definida para la protección de las víctimas.

“La Gobernación y la alcaldía presentaron un proyecto de atención que es fundamental, y en este momento se encuentra en revisión, y debe atenderse por todas las autoridades. Es fundamental acogerla por medio de acto administrativo del departamento o de la alcaldía”, dijo.

El gobernador de Norte de Santander, William Villamizar Laguado, explicó que a través de esta ruta de atención la idea es tener respuestas articuladas y canalizadas, a través de distintas entidades, instituciones y agencias internacionales, que permitan darle asistencia técnica, psicológica e integral inmediata a las víctimas, y de esta forma judicializar los casos. 

La alcaldesa de Chinácota precisó que esta localidad está trabajando articuladamente con la Policía de Infancia y Adolescencia para revisar si hay menores de edad involucrados.