Comercios a puerta cerrada, desolación en las calles y plazas y fachadas atestadas de huecos de balas, hacen parte del trágico panorama de Hacarí, San Calixto y La Playa, entro otros municipios de la región del Catatumbo en los últimos días.
Y es que nuevamente los enfrentamientos entre las guerrillas del Epl y el Eln tienen contra la pared a los ciudadanos, que ya empezaron a verse afectados por los desabastecimientos de alimentos, las restricciones en la movilidad y el fuego cruzado.
A principios de la semana se registró una confrontación entre grupos armados ilegales en la vereda Piletas (San Calixto), alertó José Luis Pinzón Franco, personero del municipio, ocasionando afectaciones en las viviendas vecinas y atemorizando a las comunidades. A esto se le suma que los insurgentes derribaron una torre de telefonía en el corregimiento de Algarrobos.
Pinzón aseguró que se activará el comité de emergencia en el municipio para atender la crisis humanitaria pues las comunidades amenazan con desplazarse de las veredas en busca de refugios.
Carmen García, presidenta de la Asociación de Madres del Catatumbo por la Paz ratificó esta versión, y aseguró que desde Hacarí y San Calixto se ha hablado de un desplazamiento masivo como el que sucedió la semana pasada en Ábrego, cuando 236 personas salieron de la vereda La Arenosa hacia zona rural de Bucarasica huyéndole a las balas.
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En Hacarí el panorama no es el más alentador. El alcalde Deiby Bayona Guerrero indicó que el comercio, el transporte y hasta la educación quedó paralizado producto de los enfrentamientos en la zona, y pidió a los grupos alzados en armas a buscar la mejor salida para no hacerles daño a las comunidades.
Mientras que el alcalde de Teorama, Robinson Salazar calificó como una crisis humanitaria, la tensa situación que tiene en vilo a los catatumberos, y conminó al gobierno local y nacional a buscar soluciones conjuntas.
“La situación es bastante compleja y la población no puede estar inmersa en esa situación del conflicto armado, es necesario el respeto de los derechos fundamentales. Se requiere la libre circulación de ambulancias, de vehículos que suministran alimentos”, agregó.
“En Hacarí solo se permite el trasbordo de pacientes en el sector del Espejo y la gente está atemorizada, ya que el pueblo está sitiado y el gobierno nacional nada que se pellizca”, recalcó, Milciades Pinzón Pinzón, exalcalde de Hacarí.
Comunidad, en medio de dos paros
Días atrás el temor volvió a reinar en el Catatumbo luego de que el Eln anunciara mediante un comunicado a la opinión pública un paro armado nacional desde el próximo 14 de febrero el cuál se extendería por 72 horas.
En la misiva el Eln indicó que no se hacen responsables de lo que pueda pasar con los vehículos que incumplan el paro e indicó que los enfermos que ameriten traslados hospitalarios están exentos de la medida.
Ayer, el frente guerra Libardo Mora Toro del Epl anunció un paro armado indefinido en toda la región del Catatumbo. El cuál iniciaría hoy, lo que aumentó la zozobra y el terror entre las comunidades de estos territorios.
Mediante un comunicado público el Epl indicó que la medida se debe a la negativa del Eln a buscar una salida por la vía del diálogo al conflicto entre ambos grupos guerrilleros.
El grupo resaltó además su descontento por una presunta alianza entre mandos del Eln y la fuerza pública y rechazó la instalación de nuevas bases militares en zona rural de Hacarí, Teorama, El Tarra y San Calixto.
Respecto a los anuncios de paro, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, afirmó que el gobierno no se dejará chantajear por la guerrilla del Eln “con terrorismo y ataques a la población civil alegando falsos deseos de paz”.
La solución no es militarizar
La presidenta de la Asociación de Madres del Catatumbo por la Paz, recalcó que la solución al conflicto en el Catatumbo no es la militarización como lo ha manifestado el gobierno departamental y nacional.
“La militarización no es lo que el Catatumbo está esperando. Los 400 militares que anunció el gobernador Silvano Serrano empeoran la situación y las comunidades somos las que quedamos en medio de esta guerra”, indicó preocupada.
“Necesitamos es que se dé cumplimiento al proceso de paz. Que llegue más inversión al campo, pues cada vez que el presidente Iván Duque viene a hablar de inversión lo primero que deja son más militares y eso solo trae más guerra al territorio”, agregó.
La lideresa invitó a las organizaciones sociales, defensoras de derechos humanos, entidades gubernamentales y no gubernamentales y cooperación internacional a unir fuerzas para crear una comisión de trabajo que viaje a los municipios afectados a atender a las comunidades y verificar su situación.
Rodolfo Sepúlveda, vocero de la Red de Defensores de Derechos Humanos Diálogo de Convivencia por la Paz (Diaconpaz), que reúne a 15 organizaciones de El Tarra, Tibú y Sardinata, coincide con García y aseguró que el incumplimiento del Estado con el acuerdo de paz ha sido el detonante para que se reavive el conflicto en el Catatumbo.
“El Catatumbo está lleno de coca, la gente sigue viviendo de eso. El Estado no ha cumplido con lo pactado y la gente sigue esperando los proyectos productivos, pero mientras eso pasa tiene que buscar otras fuentes para subsistir”, aseguró. “Cómo esperamos que el campesino cultive y venda yuca si le sale más caro el flete para llevarla al mercado por las pésimas condiciones de las carreteras”.
Sepúlveda manifestó que las comunidades ya no le creen al Estado porque las promesas se han quedado en los escritorios, y pidió una inversión real.
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Jhon Freddy Cabrera, enlace territorial de la Fundación Paz y Reconciliación, aseguró que las comunidades siguen siendo las más afectadas en el marco del conflicto puesto que los combates se están registrando muy cerca a los centros poblados, y aseguró que los asesinatos de los líderes sociales, que se recrudecieron en lo corrido del 2020 también tienen en vilo las comunidades. Van cuatro líderes asesinados en Tibú, Convención y Hacarí, situación que mantiene en alarma a la ciudadanía y por supuesto a los líderes de la región.
Comité de Alertas Tempranas
La Secretaría de Gobierno Departamental convocó a sesión del Comité Departamental de Alertas Tempranas para la Reacción Rápida con el fin de abordar la violación de derechos humanos y derecho internacional humanitario en los municipios de Ábrego, Bucarasica, Hacarí y La Playa de Belén. Estas fueron algunas de las conclusiones:
1. Se convocará a una mesa técnica de seguridad entre la fuerza pública (Ejército Nacional y Policía Nacional) y organismos de investigación (Fiscalía y CTI) con el gobernador para la adopción de medidas de seguridad que permitan garantizar la vida e integridad física de la población de Ábrego, La Playa de Belén y Hacarí.
2. Se planteó un subcomité de prevención, protección y garantías de no repetición en el municipio de Ocaña para evaluar los hechos victimizantes que se están presentando en la provincia de Ocaña.
3. Socialización de la Ruta Individual Departamental de Prevención y Protección para Defensores de Derechos Humanos en los municipios de Ábrego, Hacarí y La Playa de Belén, a través de dos espacios que el municipio concerte y disponga.
4. Vinculación de la Iglesia católica y/o cualquier organización no gubernamental para ser puente humanitario en el ingreso de ayudas humanitarias a los sectores de confinamiento.
5. La Defensoría del Pueblo, regional Ocaña, se compromete con las personerías y líderes comunales realizar un corredor humanitario para el ingreso de ayudas humanitarias de manera integral.
6. Convocar una mesa de educación en emergencia para atender el derecho a la educación de los niños y adolescentes que han sido vulnerados en los municipios Ábrego, Hacarí y La Playa de Belén.
