Atreverse a denunciar en los estrados a una organización criminal, se convirtió en una pesadilla para una familia de mujeres que hoy no encuentra dónde refugiarse de las amenazas.
Zenaida*, de 28 años, deambula de un lado a otro con su mamá, de 55, quien padece cáncer de seno y pulmón y es diabética; su hermana, de 24 años y cinco meses de embarazo; sus hijas de 10 y ocho; y una sobrina de cuatro.
Están arrumadas con sus maletas en las afueras de la sala de denuncias de la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía, en el búnker del barrio Caribe de Medellín, esperando que alguna autoridad les brinde una solución.
Según el relato de Zenaida, la odisea comenzó en febrero de 2015 en el barrio Belén Rincón. Los miembros de la banda “la Sintética” querían obligar a su hermana, quien era adolescente en ese entonces, a trabajar para ellos transportando armas. Incluso la retuvieron durante una semana.
Ante la negativa, la familia salió amenazada del vecindario. Ese mismo día, la Policía les tomó las declaraciones para la denuncia formal y fueron incluidas en el Programa de Protección a Víctimas y Testigos de la Fiscalía.
Zenaida, su madre y hermana se convirtieron en las testigos clave para una operación que llevó a la cárcel a 10 miembros del combo en junio de 2016, incluyendo a alias “W”, un poderoso cabecilla de Itagüí que regentaba tres grupos ilegales: “la Sintética”, “el Guayabo” y “Calatrava”.
Las tres atestiguaron contra los delincuentes en el juicio y todos ellos terminaron condenados por concierto para delinquir y otros crímenes conexos.
El Programa las reubicó en la localidad de Suba, en Bogotá, por lo que perdieron su empleo. Zenaida laboraba en una panadería y su mamá era secretaria en una empresa de encomiendas.
La protección y subsidio del Estado duró dos años, un poco más del tiempo que tomó el juicio y condena de los delincuentes; después, la familia volvió a buscar sus propios medios de subsistencia y se separaron temporalmente.
En mayo de 2020, cuando la pandemia por la COVID-19 empezó a imponer las cuarentenas, volvieron a reunirse en el corregimiento San Cristóbal de Medellín. Pensaban que, tres años después de las condenas contra la banda, ya estarían seguras.
No fue así. Meses después comenzó el hostigamiento por parte de otro combo, “los Paracos de San Cristóbal”, que las expulsó de la zona por considerarlas informantes de la Policía y “sapas”. La información fue filtrada por una persona que se ganó la confianza de las muchachas, buscó enamorar a la hermana menor, y resultó ser miembro de un combo.
Tras salir desplazadas, instauraron las respectivas denuncias contra ese grupo ilegal y en enero de 2021 arribaron al barrio Zamora, de Bello, adonde las persiguió la inseguridad. Una noche, mientras comía pizza con su madre en un puesto callejero, Zenaida notó que un desconocido les tomaba fotos con celular.
“Al otro día llegaron a mi casa cinco personas, que se identificaron como miembros de ‘los Triana’. Nos preguntaron que qué hacíamos por allá, si éramos unas sapas que habíamos entregado a ‘W’”, recordó la afectada. Ella dijo que las estaban confundiendo, pero luego apareció un mando medio del grupo, apodado “Costeño”, y ordenó que la raptaran.
“Me llevaron a una casa de ellos y me torturaron. Me quemaron las piernas con una plancha caliente y luego hicieron un tiro junto a mí, para quemarme con la pistola. Ese disparo alertó a los vecinos, entonces me montaron en un taxi y dijeron que tenía 10 minutos para irme del barrio”, contó.
Por tercera vez salieron desplazadas. Zenaida llamó a los policías que había conocido durante el caso de “la Sintética” y estos le ayudaron a conseguir un albergue en Prado Centro.
Sin embargo, allá llegaron otros delincuentes a preguntar por ella, intimidando a un enfermero para que diera información. La recepcionista llamó al 123 y de nuevo la familia salió escoltada por la Policía, bajo el pretexto de que “nuestra presencia ponía en peligro a las otras personas que estaban en el Programa de Protección en ese sitio”.
Llegaron a un hotel de Laureles, adonde las autoridades llevan a otros testigos, víctimas y migrantes venezolanos. El lugar es coordinado por la Alcaldía en asocio con la Fiscalía. Allí estuvieron hasta la primera semana de febrero de 2022.
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Más problemas
En este punto hubo conflictos de convivencia entre la familia y otros beneficiarios del albergue. La versión de Zenaida es que la administradora del establecimiento le tenía animadversión por su manera de vestir y actuar, y por celos, pues al parecer su marido le coqueteaba a la recién llegada.
Hace dos semanas, “un inquilino, que tenía un arma de fuego, se la montó a mi mamá. Se metió a mi pieza y nos amenazó. Cuando puse la queja, la administradora me echó la culpa a mí, dijo que yo había armado un tropel con un cuchillo, y nos expulsaron”, relató.
Fuentes de la Administración y de la Fiscalía manifestaron que no se referirían oficialmente a los hechos, por la reserva que cobija a estos programas de Protección de Testigos.
Sin embargo, las dos entidades tienen un reporte de mala conducta por parte de las desplazadas, situación que viola los compromisos legales para poderlas aceptar otra vez. Para Zenaida, dicho informe fue falseado por la funcionaria del albergue.
Tras su salida del lugar, la familia inició otro periplo por residencias temporales. Estuvieron en la Unidad de Víctimas y la Personería, buscando auxilio, sin mucho éxito. Hasta que llegaron a las afueras de la URI del búnker, donde han pasado las últimas noches a la intemperie.
De momento no han sido incluidas en el Programa de Protección. Zenaida entiende que ya pasó mucho tiempo desde que fue denunciante contra “la Sintética”, pero ahora que denunció a “los Paracos de San Cristóbal” y “los Triana” espera una nueva oportunidad. “A nosotras nos están buscando para matarnos. Ojalá se apiaden y nos brinden ayuda”, rogó la mujer.
*Identidad reservada por seguridad de la víctima.
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