En los tiempos recientes, el Táchira ha sido el estado venezolanos en el que han empezado a gestarse las grandes manifestaciones contra el Gobierno de Nicolás Maduro. Allí empezaron las protestas que hace un año fueron replicándose en otros territorios y que terminaron con la detención del líder opositor Leopoldo López.
El Táchira y su capital, San Cristóbal, han sido protagonistas de ese llamado a despertar ante la situación que vive la república, convertida hoy, tras 16 años del socialismo en el poder, en un país desabastecido, con una inflación de 63 por ciento anual y una notorio desplome de su economía.
Es por eso que tiene una especial atención del Gobierno y de la fuerza de seguridad, quienes tienen la orden de controlar, a como de lugar, protestas, manifestaciones y cualquier muestra de inconformidad de sus habitantes.
A eso se ha sumado el permiso concedido por los legisladores para usar armas de fuego para contrarrestar los desórdenes, apoyar la autoridad legítimamente constituida y rechazar toda agresión, una medida con la que el Gobierno esperaba amedrentar a quienes se han atrevido a salir a protestar.
Pero lo cierto es que la medida no ha logrado menguar del todo los ánimos de los inconformes, quienes han seguido manifestando su descontento con el desempeño y las medidas del Gobierno Bolivariano.
Los hechos de las últimas semanas son prueba suficiente para creer que el tema del uso de la fuerza letal es en serio. Solo ayer las calles de San Cristóbal albergaron una marcha del silencio para protestar por la muerte del joven Kluivert Roa, de 14 años, quien el martes recibió un disparo de escopeta de perdigón de parte de un funcionario de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), cuando los estudiantes protestaban en San Cristóbal.
Como Roa, otros jóvenes que han perdido la vida o han sido encarcelados sin contar con respeto de sus garantías. Además de las múltiples denuncias, muchos de los apresados han acudido a las redes sociales como un recurso desesperado de levantar la voz y contar quién y en qué condiciones son retenidos, en caso de ser silenciados.
Cada día más las calles de San Cristóbal son el reflejo de una capital que cuenta un secreto a voces: no se dejarán amedrentar, pues están dispuestos a no dejar apagar esa voz de inconformidad que se extiende cada día más por todo el país vecino.
Para nadie es un secreto que en Venezuela no hay garantía de derechos. Las calles se han militarizado y los gases lacrimógenos se reciben en casas y zonas residenciales desde que cae la tarde. Los jóvenes son presa fácil de la guardia y se desdibuja con el paso del tiempo el concepto de democracia.
Pero todo parece indicar que la necesidad de lograr un cambio es más apremiante que el temor que el gobierno quiera inculcar. Y bien saben los venezolanos que este, solo es posible, impulsándolo desde los mismos ciudadanos. Muchos lo siguen demostrando con valentía, a pesar de todas las amenazas que se ciernen sobre ellos.
