Habilitar los vuelos comerciales hacia el estado Táchira y abrir los aeropuertos de la entidad, solicitó la gobernadora Laidy Gómez ante las oficinas de las Naciones Unidas y el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, durante una visita a la ciudad de Caracas.
“No es justo que el Táchira, siendo un estado donde la economía debería estar activada, con tanta proyección productiva y agrícola y con tanta movilidad de venezolanos por razones humanitarias, no tenga los aeropuertos y los vuelos comerciales habilitados”.
Gómez precisó que personalmente presentó un informe a todos los entes adscritos a las Naciones Unidas, destacando la necesidad de reestablecer los vuelos comerciales hacia los aeropuertos de esta entidad fronteriza.
Reconoció que aunque las Naciones Unidas no tienen la competencia para abrir los aeropuertos del estado fronterizo, la intención de acudir ante esta instancia fue la de desnudar las condiciones humanitarias que se viven en el Táchira por la conculcación del derecho al libre tránsito.
Para la mandataria, “es una necesidad humanitaria y comercial” que los aeropuertos del Táchira retornen a su operatividad normal y se habiliten los vuelos desde y hacia esta entidad fronteriza con Colombia.
Extorsión en alcabalas
Destacó la mandataria que las alcabalas que instalan los cuerpos de seguridad venezolanos a lo largo de los 844 kilómetros que separan al Táchira de la capital venezolana continúan siendo un flagelo para los conductores, a pesar de la reciente discusión sobre el tema en la Asamblea Nacional y la prohibición de su implementación por parte del Ejecutivo venezolano.
“No se puede seguir auspiciando las extorsiones en las alcabalas instaladas por la Guardia Nacional” en las carreteras venezolanas, resaltó la mandataria.
Enfatizó que la habilitación de los aeropuertos contribuiría a la desaparición de esta práctica y sería “más económico llegar al Táchira, porque no habría que pagarle todas las extorsiones en todas las alcabalas desde Caracas hasta el Táchira”, dijo al tiempo de afirmar que ha recibido denuncias ciudadanas respecto a las tarifas que se cobran en cada uno de estos puntos de control vehicular, las cuales rondan los 20 dólares americanos.
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