La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ente autónomo de la OEA, denunció un “alarmante” deterioro de la institucionalidad democrática y el respeto de los derechos humanos en Venezuela.
El “debilitamiento de la institucionalidad democrática en Venezuela” se observa desde 2002, pero en los últimos dos años, y especialmente en 2017, “ha tenido una profundización e intensificación alarmantes”, afirma la CIDH en un informe que documenta abusos y desviación de poder por parte del gobierno de Nicolás Maduro.
El reporte de la CIDH es el tercero en 15 años en señalar un agravamiento de la crisis institucional y de derechos humanos que atraviesa Venezuela, después de informes en 2003 y 2009, elaborados bajo mandatos del entonces presidente Hugo Chávez, fallecido en 2013.
“Venezuela no puede continuar eludiendo indefinidamente sus responsabilidades internacionales en materia de derechos humanos”, dijo el presidente de la CIDH, Francisco Eguiguren, al presentar el documento.
El reporte, remitido por la CIDH al Estado venezolano, incluye 76 recomendaciones a poner en práctica “con máxima urgencia” para recuperar la integralidad de la institucionalidad democrática y el respeto de los derechos humanos.
“Es urgente que el Estado de Venezuela asuma y reconozca la gravedad de la situación, atienda las recomendaciones realizadas en este informe, y acepte los ofrecimientos de cooperación internacional que buscan el bienestar de sus habitantes”, agregó, instando al gobierno venezolano a permitir una visita en el terreno de la CIDH.
Además, pidió a los países de la OEA activar los mecanismos políticos que permitan poder acabar con estas “situaciones catastróficas”.
En su informe de 165 páginas, la CIDH se centra en las cuatro “preocupaciones centrales” con relación a Venezuela: un resquebrajamiento de la democracia y “serios obstáculos” para la participación política; un incremento de la represión y la censura; un aumento de la violencia y la inseguridad ciudadana; y una intensificación de la pobreza y la pobreza extrema. En
Venezuela hay un “desprecio por el Estado democrático de Derecho”, asegura el reporte, demostrado por una “inobservancia del principio de separación de poderes” y una “usurpación de funciones del Poder Legislativo” por parte del Ejecutivo y el Judicial. La Asamblea Nacional (Congreso), democráticamente elegida, ha sido impedida de ejercer sus funciones constitucionales por parte del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)”, subraya la CIDH.
