La justicia tarda, pero llega. Así reza el refrán popular, pero en el caso venezolano parece haber mutado para agregar la coletilla y si no llega internamente, vendrá desde afuera.
A esta conclusión se llega tras ver cómo la semana pasada cuatro personas fueron detenidas en España por presuntamente legitimar capitales que habrían sido sustraídos de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa). Entre ellos figura Alejo Morodo, hijo de Raúl Morodo, exembajador español en Caracas durante el gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero.
El caso engrosa la lista de 17 investigaciones o juicios existentes en seis países, entre los cuales figura Colombia, contra jerarcas y exjerarcas chavistas y también contra personas que se han beneficiado por sus contactos con ellos, lo cual parece ser otro elemento más en la estrategia para presionar desde el exterior a Nicolás Maduro para que deje el poder.
La organización Transparencia Venezuela, en su informe ‘Corrupción: Una historia con impacto internacional’, publicado a principios de mes, recopiló quince casos relacionados con enriquecimiento ilícito y narcotráfico, por el cual unas 70 personas estarían tras las rejas en EE. UU. o España o pesarían sobre ellas órdenes de detención internacional. El monto sustraído de las arcas públicas superaría los 13.000 millones de dólares.
La investigación incluye procesos como el que terminó a finales de 2018 con la condena, a diez años de prisión, de Alejandro Andrade, extesorero de la Nación y exguardaespaldas del fallecido Hugo Chávez, quien se declaró culpable ante un tribunal de Florida de aceptar sobornos y comisiones a cambio de entregar miles de millones de dólares en bonos emitidos por la República a ciertos grupos, entre los cuales destaca el encabezado por el empresario Raúl Gorrín, quien en 2013 compró la televisora Globovisión, la única que hasta entonces mantenía una línea editorial abiertamente critica con el chavismo.
Otros casos son los abiertos en EE. UU. y Colombia contra el empresario Alex Saab, quien recibió jugosos contratos en los gobiernos de Chávez y de Maduro para suministrar alimentos y medicinas.
De acuerdo con las investigaciones judiciales, el grupo de Saab habría inflado los montos, al presentar facturas alteradas, para así obtener más dólares, y esos fondos los habría desviado hacia distintas partes del mundo.
