El secretario ejecutivo de la Mesa de Unidad Democrática (MUD), Jesús Torrealba, destacó que el diálogo llega “en momentos muy duros para el país” por la “operación de secuestro judicial” del revocatorio.

Torrealba refirió que la oposición también pidió a los promotores del diálogo “sus buenos oficios a fin de garantizar en los días por venir el ejercicio del derecho constitucional a la libre manifestación, a la manifestación pacífica”.

En tanto, Jorge Rodríguez, delegado del gobierno, sostuvo que “es fundamental que este diálogo aborde los temas que más le importan a los venezolanos, de los cuales el económico y social es de singular importancia”.

Diosdado Cabello, uno de los dirigentes más poderosos del oficialismo, señaló que “el diálogo es iniciativa del presidente Maduro. Se sentarán cada vez que convoquen los acompañantes. “Ojalá entre esa derecha logren ponerse de acuerdo”.

El diálogo es impulsado desde hace meses por la Unasur, a través de los expresidentes José Luis Rodríguez Zapatero (España), Martín Torrijos (Panamá) y Leonel Fernández (República Dominicana).

“Estamos en una gran encrucijada, grave. El término medio: la participación activa, pacífica, inteligente y permanente, es una línea muy complicada de conseguir, es un proceso largo que incluye la negociación”, aseguró el analista Luis Vicente León. Antes del anuncio del diálogo, los oficialistas habían amenazado con el levantamiento de la inmunidad parlamentaria y la ilegalización de la MUD como agrupación política.

A su vez, la MUD anunció el envío de una comisión para pedir a la OEA que aplique en Venezuela la Carta Democrática, que prevé sanciones en casos de ruptura del hilo democrático.

Human Rights Watch (HRW) exhortó a la OEA a presionar al gobierno para que permita ayuda internacional frente a lo que considera una “crisis humanitaria”.