El gobierno de Venezuela cobrará un impuesto de hasta 25 % sobre las transacciones en dólares de bienes y servicios, que ganan cada vez más terreno ante la incontrolable devaluación del bolívar, según un decreto publicado el viernes en la Gaceta Oficial.
Como parte de una reforma tributaria aprobada el pasado miércoles por la oficialista Asamblea Constituyente, la norma fija un rango de 5 % a 25 % para este gravamen, que se aplicará a los “bienes y prestaciones de servicios pagados en moneda extranjera”.
El impuesto también abarcará a las transacciones con criptomonedas, exceptuando al petro, que impulsa el presidente socialista Nicolás Maduro, ante las sanciones de Estados Unidos que han secado aún más las arcas estatales.
Sin embargo, la Constituyente, que rige al país con poderes absolutos, no ha ofrecido detalles sobre el mecanismo para cobrar este impuesto.
Sumida en una debacle por seis años de recesión, hiperinflación y una depreciación del bolívar de 98,6 % en 2019, Venezuela experimenta una dolarización informal desde hace cerca de un año.
El uso del billete verde se ha extendido además en un contexto de flexibilización cambiaria, tras años de férreos controles.
De acuerdo con la firma Ecoanalítica, 53,8 % de las transacciones en el país se realizan en dólares. Sin embargo, destaca que solamente 15 % de la población tiene acceso regular a la divisa y 35 % sobrevive con acceso ocasional.
“Es un golpe duro tanto para el consumidor como para el comercio”, en especial para las “grandes cadenas de supermercados”, declaró el economista Henkel García, director de la consultora Econométrica.
Para García, la medida busca “incentivar el uso” del petro, que según el gobierno se cotiza en 60 dólares la unidad y está respaldado en las vastas reservas de crudo del país.
No obstante, analistas cuestionan la viabilidad de la criptomoneda lanzada en 2018, ante la falta de confianza en la política económica del gobierno.
Además, como parte de su batería de sanciones para expulsar a Maduro del poder, en marzo de 2018 Washington prohibió a los estadounidenses negociar con el petro.
Su uso aún es limitado, pese a que el Ejecutivo multiplica las iniciativas para promoverlo. En diciembre pasado, Maduro aprobó un aguinaldo en petros para empleados públicos y pensionados, que hicieron largas filas en comercios para comprar alimentos y otros bienes.
Pero de acuerdo con expertos, los petros fueron rápidamente cambiados por bolívares y después por divisas, lo que impulsó al alza la tasa de cambio.
Más ayuda humanitaria
La Federación Internacional de la Cruz Roja firmó un acuerdo con el gobierno del presidente Nicolás Maduro que considera “crucial” para ampliar la ayuda humanitaria en el país petrolero, sumido en una crisis que afecta profundamente al sistema de salud.
“Podemos decir con seguridad que este acuerdo es una herramienta crucial para ampliar y fortalecer las actividades humanitarias para llegar a más personas necesitadas”, declaró ayer Tommaso Della Longa, portavoz de la Federación Internacional de la Cruz Roja (IFRC).
El convenio se suscribió el viernes en Caracas durante un acto encabezado por el canciller venezolano Jorge Arreaza y Francesco Rocca, presidente de la IFRC, quien indicó en Twitter que “mejorará las actividades humanitarias para la población vulnerable en Venezuela”.
En 2019, se había suscrito “un acuerdo con todas las partes para aceptar y no politizar la entrada de ayuda humanitaria en el país”, detalló Della Longa.
Ello, en medio de la pugna por el poder entre el mandatario socialista y el líder opositor Juan Guaidó, quien intentó sin éxito ingresar donaciones de Estados Unidos, a la cabeza de medio centenar de países que lo reconocen como presidente interino.
Este acuerdo es “mucho más técnico y nos ayudará a traer bienes, personal, acelerar las operaciones (...) y fortalecer nuestras actividades humanitarias”, dijo Della Longa.
En abril de 2019 un primer cargamento de 34 toneladas arribó a Venezuela poco después de que Maduro acordara con el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) la entrada de la ayuda.
Otros tres envíos llegaron en junio, julio y agosto sumando más de 400 toneladas de medicinas e insumos entregados.
Estas cifras “están relacionadas con el trabajo de todo el Movimiento de la Cruz Roja: La Federación Internacional, la Cruz Roja venezolana y el Comité Internacional de la Cruz Roja”, recalcó Della Longa.
Venezuela vive la peor debacle de su historia reciente con una economía reducida a más de la mitad en seis años y una voraz inflación que limita el acceso a bienes esenciales, sobretodo medicinas.
Maduro y sus aliados atribuyen las carencias a las sanciones impuestas por Estados Unidos, que incluyen un embargo petrolero, vigente desde abril de 2019, además de acciones contra cualquier empresa que haga negocios con el gobierno socialista.
