Venezuela es el país que más registra ataques a sus legisladores. Así lo advierte Inter-Parliamentary Union, que además sostiene que en esa nación se registraron al menos 134 agravios contra los parlamentarios en el último año, lo que pone a la nación vecina por delante de Yemen (90 casos) y Costa de Marfil (10). En el ámbito mundial fueron evaluados 254 sucesos contra los congresistas.
Las estadísticas de esa organización indican que todas las agresiones estuvieron dirigidas a delegados de la oposición, 93 de estos a hombres y 41 mujeres. Entre las conductas de las que fueron víctimas los delegados están la tortura, tratos crueles, actos de violencia, intimidación, suspensión de sus funciones legislativas y arrestos arbitrarios.
“Hemos recibido casos de parlamentarios del mundo, lamentablemente, mi país, Venezuela, sigue siendo el que cuenta con más diputados sometidos a persecución”, asegura Delsa Solórzano, diputada y vicepresidenta del Comité de Derechos Humanos de esa organización.
Inter-Parliamentary Union reseña que todos los asaltos contra los congresistas se dieron contra quienes pertenecen Mesa de Unidad Democrática (MUD) que fue conformada en 2015 para las elecciones legislativas en las que los opositores consiguieron la mayoría frente a los chavistas y oficialistas.
Dice la organización que hay “esfuerzos continuos por las autoridades ejecutivas y judiciales para socavar el funcionamiento de la Asamblea Nacional y usurpar sus poderes”. Algunos de esos parlamentarios, incluso, han tenido que exiliarse a causa de la persecución que sufren de parte del régimen de Nicolás Maduro, una situación que puede agravarse a partir de esta semana, cuando –en teoría– vence su periodo constitucional.
Y es que el difícil contexto del vecino país está por agravarse. El pasado 6 de diciembre el régimen convocó a unas elecciones legislativas en las que solo participaron candidatos oficialistas y que no contaron con reconocimiento internacional de autoridades como la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos (OEA).
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Quienes fueron elegidos en esa jornada se juramentarán este 5 de enero en el pleno de una nueva Asamblea Nacional favorable al Ejecutivo de Maduro. Pero el actual parlamento opositor –el que lidera Juan Guaidó– sostiene que su periodo constitucional continuará bajo la premisa de que los comicios de diciembre no fueron legítimos.
Así las cosas, Venezuela se encamina a tener dos asambleas. El control real del país y la sede oficial la tendrá la oficialista, mientras que se desconoce en qué condiciones operará la de Guaidó. El problema es que Nicolás Maduro amenazó a Guaidó y sus parlamentarios, asegurando que aplicará todo el peso de la justicia a quienes intenten extender sus periodos.
El caso de la Asamblea Nacional de Venezuela está bajo revisión de Inter-Parliamentary Union, entidad que urgió a las autoridades a respetar los Derechos Humanos de los diputados y ha reclamado un diálogo político para atender la crisis por la que pasa el país.
